Por Enrique Elgueta

Hay mucho ruido interno estas semanas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya que después de cuatro años de enfrentamientos con las empresas responsables de la construcción del Puente Cau Cau –calificado en el mundo como un «horror de cálculo»– y que llevaron a dicha cartera a impulsar su desarme, hoy hay un nuevo criterio que apunta al uso provisorio y parcial por dos años de la cuestionada obra. No solo eso, con esta voltereta dicha cartera podría encaminarse a una derrota judicial en lo que respecta a la demanda civil por incumplimiento de contrato que en 2015 presentó Azvi, la empresa constructora, en la cual exigía al Estado el pago de $890 millones por obras ejecutadas y otros cuatro ítems de obras por un valor de $5.388 millones.