El sistema bancario niega tarjetas de crédito, cuentas corrientes y créditos hipotecarios entre otros a adultos de la tercera edad. Lo anterior obedece al riesgo de muerte y la acción temerosa de los seguros que asisten al sistema. Asimismo, también se debe a los bajos ingresos que reportan la mayoría de las pensiones. En este aspecto son muy pocas las instituciones formales que se hacen cargo de atender las necesidades de crédito de este sector y muchas las informales que ven la posibilidad de hacer un excelente negocio ante la eventual incapacidad de pago o morosidad de los adultos. Sin embargo, los derechos de los adultos mayores, y de todo consumidor en materia financiera, están resguardados por la ley de protección de los derechos del consumidor.