El fallo establece que el monto que por daño moral le corresponde a cada demandante, “por razones de prudencia y sobriedad, debe ser de $ 80 millones para cada uno de los actores, teniendo como parámetro que, aunque afectada en su máximo, la vida ha sido preservada y, por lo tanto, quedan esperanzas de recuperación. Y porque debe servir simbólicamente para que quienes detentan la autoridad sobre la materia materialicen en medidas concretas lo que esta experiencia nos ha dejado a todos/as como aprendizaje”.
Mario Sepúlveda, uno de los 33, dijo estar “muy contento” con la resolución judicial, pero lamentó que no hubiese mayores sanciones para la minera: “Creo que a veces la gente tiene poca memoria (…). A mí, junto con esto, me habría gustado que hubiese una justicia verdadera contra los empresarios”.