Por Leonardo Boff

No son pocos los analistas sociales y juristas del más alto nivel que denuncian la actual situación política de Brasil como la instauración de un Estado de excepción. El golpe parlamentario, jurídico y mediático de 2016 permitió que los golpistas pasasen por encima de la Constitución, modificasen las leyes laborales a favor de los patronos, engañasen al país con un techo de gastos en salud y educación, impidiendo que se cree un Estado de Bienestar Social. La justicia ha dejado de ser imparcial, e incluso en los niveles más altos, se muestra parcial contra el PT y la figura carismática de Lula. Lo que el juez federal de primera instancia Sergio Moro hace es la aplicación descarada del lawfare y no esconde el ánimo persecutorio contra el expresidente, condenándolo sin pruebas materiales irrefutables. Por eso es considerado un prisionero político.