42 personas premiadas con pensiones de gracia por el estallido social de octubre de 2019 tienen graves antecedentes penales y ninguna autoridad se había dado cuentas de ello. En otras palabras podrían ser los mismos vándalos que incendiaron iglesias, hoteles y rompieron las calles de Santiago y de todo Chile hoy estarían recibido un «premio» por lo que pueden haber hecho en la vía pública.
Son 418 personas las que están rtercibiendo pensiones de gracia por haber sufrido lesiones durante el estallido social, iniciado en octubre del 2019. De ellos 42 tiene antecedentes penales ya de antes, confirmó la Subsecretaría del Interior, cartera encargada de tramitar las solicitudes que también son analizadas por una comisión asesora presidencial.
El subsecretario Manuel Monsalve expuso la última jornada en la comisión investigadora sobre el procedimiento y criterios para otorgar el beneficio pecuniario, de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En la instancia, detalló que el año pasado su repartición recibió 431 solicitudes, de las que fueron aprobadas 418: 148 entre enero y marzo, aún durante el mandato de Sebastián Piñera, y 270 desde junio a diciembre, ya en el Gobierno de Gabriel Boric.
Según Cooperativa, reciben 1,0 IMMM las «personas con lesiones leves, que hayan sufrido agresiones físicas (agresiones que atenten contra el cuerpo de una persona a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas, que pueden causar daño físico)»: actualmente son 39.
Quienes sufrieron «lesiones graves (extremidades superiores e inferiores, tronco, rostro, pérdida de piezas dentales, problema mandibular), agresión sexual (desnudamiento) y personas con afectación psicológica (crisis de angustia, ideación suicida, inseguridad, etcétera)», que son 221 personas, perciben 1,5 IMM, que hoy ascienden a 444.766 pesos mensuales.
En tanto, a las víctimas con «lesiones gravísimas (trauma ocular irreversible, violación sexual, lesiones gravísimas no oculares, fractura de cráneo, traumatismo encéfalo craneano)», que son 158, el Estado entrega pensiones mensuales de 2,0 IMM, equivalentes a actuales 593.022 pesos.
Monsalve precisó ante la respectiva comisión parlamentaria que uno de cada 10 beneficiados registra prontuario policial, información que, sin embargo, no es requerida en el procedimiento, normado en base a la ley 18.056.
Según el portal Ex-Ante, entre quienes reciben la pensión de gracia se encuentra Juan Francisco Villalobos Prado (37 años), quien denunció torturas en los primeros meses del estallido, y que actualmente permanece prófugo de la Justicia, que lo requiere desde julio del 2019 en una causa por presunta estafa, ocurrida en marzo de ese año.
También registra una condena por hurto en Puente Alto, en 2008; una causa por desórdenes públicos de noviembre de 2019, que fue cerrada en aplicación del «principio de oportunidad» -por la baja pena posible y que no comprometía gravemente el interés público-; y dos casos por estafa archivados provisionalmente aquel año.
Además, en su prontuario existe una causa por lesiones leves, sobreseída temporalmente en 2015, y otras dos de lesiones menos graves, archivadas en 2014 y 2013.
En el marco del estallido, el INDH Villalobos ingresó el 21 de agosto de 2020 una querella contra quienes resultaran responsables de tortura con abuso sexual calificado, causa que se mantiene abierta y sin imputados conocidos.
Según su relato, a las 22:30 horas del 7 de noviembre de 2019, tras participar de una manifestación en La Florida, fue detenido por un grupo de tres carabineros «sin identificación visible», quienes presuntamente lo golpearon con lumas y golpes de pie a objeto de reducirlo. Fue trasladado hasta la 36° Comisaría de la comuna, y luego derivado a la Subcomisaría de Carabineros Los Quillayes, «lugar en que lo dejan como único detenido en un calabozo, siendo insultado y agredido con golpes de pie, puño y luma al ingresar».
