La Subsecretaría de Justicia resolvió solicitar al Consejo de Defensa del Estado requerir ante tribunales civiles la disolución de la Fundación Democracia Viva, por graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento jurídico que regula este tipo de entidades.
Según los argumentos oficiales sería «casi imposible» que Democracia Viva restituya los dineros que recibió del Estado que suman 426 millones de pesos a través de tres convenios que realizó con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. De este dinero la institución deberá devolver 391 millones de pesos, según confirmó el ministro de Vivienda, Carlos Montes. El monto a restituir corresponde al 92% del total transferido debido a que a la fecha de la liquidación los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por parte de la fundación alcanzan justamente a un 8% del total», explicó la autoridad.
De esta manera, la polémica fundación por lo menos tendrá que restituir el dinero que recibió y que no había usado hasta ahora. Según consigna La Tercera, a mayo del 2023 había rendido un 27% de los convenios firmados. Mientras que los avances estimados a los tres proyectos eran de entre 30% y 47%.
“Lo que nosotros podemos informar es que la Seremi de Antofagasta dictó una resolución el día lunes que le ha sido comunicada a Democracia Viva para efectos de terminar los tres contratos que tenía con el Ministerio de Vivienda”, explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
“La obligación que tiene, de acuerdo a lo establecido en la resolución de la Seremi, es la liquidación de los contratos y la devolución en el plazo de 30 días. No hay consideraciones adicionales para esa devolución”, agregó Cordero.
De esta manera, la polémica fundación por lo menos tendrá que restituir el dinero que recibió y que no había usado hasta ahora. Según consigna La Tercera, a mayo del 2023 había rendido un 27% de los convenios firmados. Mientras que los avances estimados a los tres proyectos eran de entre 30% y 47%.
“Lo que nosotros podemos informar es que la Seremi de Antofagasta ha dictado una resolución el día lunes que le ha sido comunicada a Democracia Viva para efectos de terminar los tres contratos que tenía con el Ministerio de Vivienda”, explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
Las irregularidades estatutarias de la fundación
En el marco de la fiscalización, se recopilaron antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación, de Municipalidad de Ñuñoa y de la propia entidad. Con lo anterior, se resolvió solicitar al CDE la disolución de la entidad por sentencia judicial, conforme con el artículo 559 letra c) numerales 1 y 2 del Código Civil.
Ello porque se detectaron diversas faltas de carácter estatutario y legal, cometidas por el directorio de la fundación lo que hace necesario, a juicio de la cartera, poner término a sus actividades y disolver su personalidad jurídica.
Durante el procedimiento, se detectaron irregularidades en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento en el objeto social y en la administración del patrimonio fundacional en relación con el Código Civil, y en convenios celebrados con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta.
En particular el incumplimiento de sus estatutos, su objeto y patrimonio social, desnaturaliza los fines propios de la fundación, persiguiendo otros distintos a los consagrados en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro.
Agregado el 14.9.2023
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó este jueves 14 de septiembre el recurso de protección presentado por la fundación Democracia Viva contra las resoluciones emitidas por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo local que pusieron término a los convenios suscritos entre ambas instituciones, en el marco del «caso convenios».
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jasna Pavlich Núñez y Juan Opazo Lagos – desestimó la acción cautelar tras no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario.
