La flexibilización para portar armas anunciada por el presidente Guillermo Lasso en Ecuador para enfrentar la criminalidad y la violencia pública ha encendido el debate en redes sociales y entre políticos.
Gobierno de Lasso y el Movimiento CREO es el régimen político que actualmente gobierna en la República del Ecuador desde el 24 de mayo de 2021, tras su triunfo en las elecciones presidenciales de 2021.
En el Legislativo, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK) ya se pronunciaron a favor y en contra de la medida, respectivamente.
Pero, en medio de la crisis del Ejecutivo y el juicio político en su contra, ¿la media suma apoyos? Dos expertos coinciden en que no.
El Gobierno atraviesa en este momento el juicio político que empezó este lunes en la Comisión de Fiscalización. Y, en medio de esta crisis, la reciente medida para afrontar la inseguridad está en la misma línea que ha impulsado el Partido Social Cristiano (PSC), con el cual Lasso llegó al poder en alianza, aunque su movimiento fue y es CREO.
Para la politóloga y experta en temas de seguridad, Carolina Andrade, esta decisión puede entenderse como un intento de acercamiento con esa tienda política. Sin embargo, menciona que el PSC ha demostrado que es partidario de los pactos específicos y no a largo plazo.
El correísmo y Pachakutik (PK) se pronunciaron en contra de la flexibilización del porte de armas. Este último dijo que rechaza la medida porque no soluciona nada y “va en contra de la Ley y el derecho a la vida”.
Sin embargo, la Izquierda Democrática (ID)no se ha pronunciado como bloque sobre su posición frente a la nueva medida adoptada por el Gobierno.
Para Crespo sí es posible que el Decreto tenga acogida entre la ciudadanía en medio de una popularidad del Gobierno que cada vez disminuye. Plantea que, ante la crisis de seguridad, la gente puede ver esto como una herramienta más y sumar apoyos.
Andrade cree algo parecido. Sin embargo, aunque en un inicio esto pueda calar en cierto sector de la sociedad, el riesgo a largo plazo es alto. Esto sobre todo porque la responsabilidad de la regulación anunciada recae en una institucionalidad cada vez más debilitada.
Si bien bancadas como PK en la Asamblea se mostraron en contra de la medida, Lasso pudo emitir el Decreto con el aval de una reforma hecha por el mismo Legislativo.
En enero pasado, 117 asambleístas aprobaron una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre la tenencia y porte de armas autorizado.
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explica que lo que hizo Lasso fue tomar esa reforma para emitir el Decreto. Aunque aclara que, como lo hizo en su momento el expresidente Rafael Correa para eliminar el porte, Lasso podía emitir un Decreto sin esa reforma.
También, en enero de este año, el Gobierno anunció la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a la importación de armas. Es decir, el Decreto Ejecutivo no es una medida aislada.
