Por Carlos Barrera -El Faro de El Salvador
El decreto solicitado por el presidente Nayib Bukele, que cancela provisionalmente derechos constitucionales de los ciudadanos, ha sido prorrogado 11 meses consecutivos. El Salvador cumple un año bajo un régimen que ya no es una excepción y que ha provocado miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos e incluso decenas de muertes en las cárceles. Los cuerpos de seguridad pueden detener a cualquier persona sin pruebas sólidas.
Más de 65.000 personas detenidas, un centenar de muertos en las cárceles, torturas y detenciones arbitrarias, restricción de derechos constitucionales, ocultamiento de información oficial, contratos y compras públicas sin licitación y legalización de la arbitrariedad para que los cuerpos de seguridad puedan detener a cualquiera. Estos son apenas los más visibles resultados del régimen de excepción, que esta semana cumple un año de haberse decretado y que ha sido prorrogado, ininterrumpidamente, 11 veces en igual número de meses desde su entrada en vigor.
Es un entramado jurídico que incluye otros 15 decretos legislativos y que instauró cambios sensibles en el esquema de seguridad pública y de justicia del país. Cambios tan relevantes como el surgimiento de jueces sin rostro, la posibilidad de condenar a cárcel a alguien que no esté presente en el juzgado o de que niños de 12 años, en lugar de enfrentar medidas de internamiento, sean castigados con hasta diez años de cárcel.
El régimen de excepción es una herramienta extraordinaria permitida por la Constitución en el artículo 29, donde se establece la lista de derechos fundamentales que, según sea la emergencia, el Gobierno puede suspender para restablecer el orden. Tras la masacre de 87 personas en un fin de semana, Bukele ordenó a la Asamblea Legislativa que impusiera la medida a finales de marzo de 2022. Una investigación de El Faro reveló que aquellas muertes eran la respuesta de La Mara Salvatrucha-13 a capturas contra algunos de sus miembros, mientras estaba aún vigente el acuerdo entre el Gobierno de Bukele y esa pandilla.
En un inicio, el régimen se centró más en esa organización criminal, pero con el paso de los meses ya no hubo distinción, y la persecución fue también para el Barrio 18 Sureños, el Barrio 18 Revolucionarios e incluso para pandillas más pequeñas cuya principal actividad era la venta de drogas.
Las cifras oficiales, únicas disponibles ante la falta de acceso a información, dan cuenta de 65,000 salvadoreños capturados bajo esta medida. Es imposible determinar si el Gobierno cuenta a quienes, recién liberados tras cumplir una pena, vuelven a ser capturados en la puerta de un centro penal; o a quienes han sido capturados, liberados y vueltos a capturar días después durante el régimen. El Gobierno tampoco ofrece cifras desagregadas o informes oficiales sobre personas liberadas: apenas en enero de este año, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo en una entrevista televisiva que habían liberado a 3.313 personas capturadas durante el régimen. Eso es apenas el 5,4 % del total de capturados según el Gobierno. Diputados y funcionarios del oficialismo han repetido que el sistema dejará en libertad a quien es inocente, y que esos casos pueden contarse como errores normales en cualquier sistema de justicia.
La maquinaria de propaganda gubernamental ha puesto a girar por el mundo imágenes de sometimiento a supuestos criminales desde que el régimen se inició: en las primeras semanas bajo esta medida, incluso la Policía difundió en redes sociales videos de tortura a personas arrestadas y sometidas en el suelo.
A finales de febrero de este año, el Gobierno volvió a echar mano de un clásico entre los recursos manoduristas de los que hace uso desde 2020: imágenes de cientos de reos con tatuajes de pandillas sentados, sometidos, semidesnudos. En este caso se trató, según dijeron oficialmente, del traslado de 2,000 pandilleros al recinto convertido en el ícono del régimen: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que han presentado como la cárcel más grande del continente, con capacidad para más de 40,000 presos.
Antes del régimen de Excepción, el sistema de prisiones tenía capacidad para 27,000 personas y el Estado registraba 37,000 reos. El hacinamiento era la norma. Si se dan por ciertas las cifras oficiales, los más de 65,000 capturados por el régimen han elevado la población carcelaria a más de 100.000. Si el CECOT agregó 40,000 plazas, eso dejaría un sistema todavía saturado, a pesar de tener espacio para casi 70,000 privados de libertad.
A pesar de la consigna oficialista de que las capturas de inocentes son la excepción, varios hechos puntuales, informes internacionales y casos particulares publicados por la prensa concluyen que las detenciones arbitrarias son sistemáticas, y algunos prisioneros liberados han atestiguado torturas y muertes dentro de las cárceles.
En mayo de 2022, apenas el segundo mes del régimen, el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) aseguró haber recibido varias denuncias de agentes que se quejaban de tener «cuota diaria de capturas», sin importar si podían o no atribuir delitos a los detenidos. El MTP denunció el caso del pequeño municipio de Cinquera, en Cabañas, donde el jefe había ordenado 30 capturas diarias para satisfacer el discurso político del Gobierno. Pero en Cinquera no hay pandillas, dijeron los dirigentes del MTP. En junio de 2022, el mismo MTP denunció que el caso se repetía en varias oficinas policiales del departamento de Santa Ana y que los agentes que se negaban a hacerlo eran amenazados con ser trasladados a La Unión, en el otro extremo del país.
Este periódico (El Faro) pudo constatar un caso similar: el de la isla El Espíritu Santo, donde nunca ha habido presencia pandillera, como confirmaron policías de Puerto El Triunfo, el municipio de Usulután al que pertenece la isla. Sin embargo, 22 jóvenes fueron arrestados, incluyendo un exseleccionado mundialista de fútbol playa. La mayoría siguen presos.
La lista de organismos internacionales que han denunciado los atropellos del régimen es larga, e incluye denuncias de tortura de parte de Amnistía Internacional y cuestionamientos sobre desapariciones forzadas y muertes en cárceles contra el Gobierno salvadoreño de parte de seis oficinas de Naciones Unidas.
Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal presentaron un informe en diciembre de 2022, en el que documentaron cientos de arrestos ilegítimos. Calificaron esta práctica como «masiva» y las violaciones a los derechos humanos de los detenidos como «generalizadas y graves». En enero de este año, la organización internacional dijo haber tenido acceso a una base de datos del Ministerio de Seguridad y Justicia y haber confirmado cientos de casos publicados en la prensa o denunciados por otras organizaciones.
