Cinco proyectos claves en materia de segridad pública fueron debatidos este jueves y en gran parte aprobados en el Senado cumpliéndose así un compromiso entre el Gobierno de Gabriel Boric y el Congreso Nacional en materia de reformas a las atribuciones de las policías frente a la criminalidad que afecta a Chile y también asuntos legales como incremento de las penas para quienes cometan este tipo de delitos. Este incremento extraordinario del trabajo en la política chilena se originó tras el impactante asesinato, este último fin de semana, de la sargenta segunda de Carabineros Rita Olivares en medio de un operativo policial, que ha causado una gran conmoción nacional.

Los proyectos discutidos son: Agravamiento de las penas por el delito de porte de armas en lugares altamente concurridos. Finalmente por unanimidad con 44 votos a favor, se aprobó y por consiguiente se despachó a la Cámara de Diputados debido a que la iniciativa tuvo modificaciones en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. En concreto, en la modificación se agregaron nuevos espacios públicos como establecimientos educacionales y centros de salud.

El segundo proyecto en discusión y que también fue aprobado por 44 senadores, fue el que modifica al Código Penal agravando las penas del delito de secuestro. Al igual que la iniciativa sobre control de armas, la propuesta pasó a tercer trámite constitucional en la Cámara Baja, ya que en la instancia de Seguridad del Senado se presentaron modificaciones que deberán ser revisadas por los diputados.

Seguidamente, con 41 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones se aprobó la iniciativa que amplía las facultades de control policial para aplicar normas de la ley de migración. Sin embargo, la iniciativa sufrió también modificaciones y deberá volver a la Cámara de Diputados.

Uno de los senadores que se abstuvieron fue el socialista Fidel Espinoza que explicó así su posición:  “Creo que este proyecto no va en la línea de las iniciativas tendientes a generar mayor seguridad en el país. Contrariamente éste va a generar arbitrariedades, va a generar que las policías puedan llegar a controlar la identidad de personas que están desempeñando una función laboral en cualquier establecimiento y van a desconcentrar la principal atención que es perseguir a los verdaderos delincuentes. Aquí volvemos a la estigmatización de todos los inmigrantes”, señaló.

Contrario a Espinoza fue la postura del senador, también socialista, José Miguel Insulza: «Basta con recorrer las calles de Arica para ver que la cantidad de gente que es evidentemente migrante que está recorriendo las calles de la ciudad y que está generalmente pidiendo ya sea contribución, limosna, cosas por el estilo, es inmensa, es enorme. 

Igualmente  por 41 votos a favor, sin rechazos ni abstenciones, el Senado aprobó -en general y particular- el proyecto de ley que tipifica el delito de extorsión y entrega más herramientas a los funcionarios de Gendarmería en materia de investigación de posibles delitos en los recintos penales. Al aprobarse tal cual como salió de la Cámara, la iniciativa queda en condiciones de promulgarse como ley de la República.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó la importancia del proyecto sobre Gendarmería señalando que “no hay ningún plan que tenga por objetivo enfrentar la criminalidad organizada si no es posible analizar la realidad carcelaria”.

“Habitualmente en las discusiones que han estado asociadas a parte del debate público solemos poner énfasis en los aspectos negativos y no en los positivos. Este proyecto lo que viene a hacer es reconocer las competencias que tiene Gendarmería desde el punto de vista concreto de sus habilidades, con una gran unidad de investigación en su interior”, agregó el secretario de Estado.

Asimismo, el ministro Cordero sostuvo que “este proyecto es relevante no sólo para que Gendarmería realice investigaciones al interior de los centros penales respecto de delitos que se cometen en ellos, sino que, además, porque al interior de los penales es posible combatir el crimen organizado”.

Pasadas las 19 horas, fue aprobado -en general y particular- por 40 votos a favor, sin rechazos ni abstenciones, el proyecto que modifica el Código Penal para sancionar el delito de sicariato.

La iniciativa castiga la conspiración de homicidio calificado por premio o promesa. De esta forma, cuando dos o más personas se pongan de acuerdo para cometer un homicidio a cambio de dinero o una contraprestación, se lo castigará por este delito, independiente de si el asesinato finalmente se realiza.

La pena asignada a este delito será de 3 años y un día a 5 años, por el solo hecho de llegar a este acuerdo.Si el homicidio se concreta o comienza a ejecutarse, solo se aplica la pena de este último en grado de consumado o tentado, de acuerdo a las reglas del Derecho Penal.

A nivel país, las denuncias presentadas durante el año 2022, presentan un aumento de 46,1% y las detenciones crecen en un 35,6%. Un informe oficial de febrero de este año refleja que todas las regiones de Chile muestran aumentos en la tasa de delitos de mayor connotación social, respecto del año 2021.