Lo dijo el domingo el ministro de justicia Luis Cordero en el programa Estado Nacional de TVN. Señaló tajantemente  “están todos los antecedentes en esos expedientes. Basta leer la resolución, la resolución cuando uno las lee señalan el énfasis de cuáles son los antecedentes y documentos que pesaron más para efectos del otorgamiento de los indultos”. 

El escándalo estalló después que el viernes el sitio Ex-Ante diera a conocer que el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra envió en 2022 a la entonces titular de Justicia, Marcela Ríos una serie de oficios reservados. En ellos se daba cuenta que en los 6 indultos que son cuestionados ante el TC por Chile Vamos y Demócratas- y que fueron entregados a condenados por el 18-0- tenían un informe negativo por parte de Gendarmería. 

En específico, los informes mencionaban que los ya indultados tenían riesgos de reincidencia “altos”, “muy altos” y una “falta de conciencia de los delitos cometidos. 

En el caso de Luis Castillo, por ejemplo, quien estaba condenado a 4 años de cárcel por atacar el Registro Civil de Copiapó y otros 6 puntos de la ciudad, y que tenía, además, 5 condenas previas al estallido social, Gendarmería indicó que “desde su proceso de reinserción social se puede indicar que presenta aplicación de inventario para la Gestión de Caso e Intervención (IGI), donde se indica un riesgo de reincidencia muy alto”, y que “se considera desfavorable la solicitud de indulto presentada por el interno”. 

En tanto, para los casos de Brandon Rojas Cornejo, Claudio Romero Domínguez se determinó que “no presentan posibilidades reales de favorecer su proceso de reinserción social”. Mientras que en los casos de Bastián Campos Gaete y Jordano Santander Riquelme “se estimó que su riesgo de reincidencia era alto”. En el caso de Felipe Santana Torres, “no tiene conciencia del delito cometido y no cuenta con referencia estable que (le) permitan proyectarse en el medio libre”, señaló el informe entregado por Gendarmería. 

Bajo ese contexto el ministro de Justicia señaló que “curiosamente existen muchos precedentes hacia atrás”, y que “el caso de informes desfavorables de Gendarmería con decisiones diversas es más regular de lo que se cree”. 

«Las personas que fueron indultadas no andan circulando en su espacio sin control estatal. Están sujetas a control estatal, de hecho, si incumplen van a volver a cumplir condena», expresó el ministro sin medir el peligro que esta libertad de ex presos representa para población civil que vive en libertad. «Si cometen otro delito se deja sin efecto el indulto», acentuó el secretario de Estado.

Con respecto a los informes negativos por parte de Gendarmería que poseían los indultados, el Ministro de Estado explicó que «cuando los antecedentes llegan al Ministerio de Justicia, lo que hace la sección de indulto, no es sólo considerar el informe de gendarmería, sino que los demás que se encuentran en el expediente».

“Los informes desfavorables o favorables de Gendarmería también cumplen un rol a propósito de otro instrumento que es la libertad condicional, porque uno de los aspectos donde la jurisprudencia de la Corte Suprema se ha pronunciado con mayor fuerza es este punto. Y en general no sólo dice que no son vinculantes, sino que, además, en algunas ocasiones pueden tener problemas de fundamentación”, recalcó. 

El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Es decir, es un mecanismo jurídico con el cual se perdona la pena pendiente de una persona condenada. Por lo tanto, no puede ser otorgado a personas acusadas o formalizadas.