El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, habló sobre la decisión de excarcelar a 222 presos políticos y enviarlos a Estados Unidos asegurando que no ha pedido que se levanten la sanciones contra su régimen a cambio de la liberación de quienes tachó de «mercenarios». Otras fuentes hablan de 317 nicaragüenses afectados.
Argentina y Chile son los primeros países latinoamericanos en ofrecer «asilo». En el caso de Chile, la oferta del Presidente Gabriel Boric originó problemas en la izquierda más izquierdista de su coalición. «Yo le recomendaría al Gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país». Con esas palabras, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), criticó el anuncio del Ejecutivo de ofrecer residencia y nacionalidad a opositores nicaragüenses desterrados por el régimen de Daniel Ortega. El PC entregó su posición y manifestó que «lamenta» la situación de los ciudadanos nicaragüenses. También apuntó a una intervención de Estados Unidos.
A su vez, el Gobierno argentino del Presidente Alberto Fernández dijo que etaba dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y a «todos los que están padeciendo lo que está sucediendo» en ese país, donde la administración de Daniel Ortega retiró 92 personas la nacionalidad y los acusó del delito de «traición a la patria».
Tras un sorpresivo anuncio, 222 opositores nicaragüenses presos fueron liberados e inmediatamente deportados hacia Estados Unidos. Muchos celebraron la medida, aunque también criticaron que al mismo tiempo de la liberación se les despojó de sus derechos ciudadanos y se los acusó de traición a la patria, por lo que se les podría hasta quitar la nacionalidad nicaragüense. A pesar de las críticas, muchos consideran este momento como un posible nuevo capítulo en las relaciones entre Managua y Washington, pues la liberación de opositores ha sido un pedido constante por parte de Estados Unidos al gobierno de Ortega.
