Por Martín Poblete
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El Presidente Gabriel Boric ha tenido un mal comienzo de un nuevo año, no tiene mucho sentido entrar en los detalles menores ya procesados y remolidos en todos los medios, pero hay algunas cuestiones de gobierno que no se pueden dejar sin escrutinio, a fin de cuentas el presidencialismo portaliano sigue vigente y el Presidente es el responsable de último recurso.
¿Cuales fueron las razones, si las hubo, para nombrar ministra de justicia a una socióloga?
En situación similar hace cincuenta y tres años, cuando el cargo de ministro de salud recayó en uno de los partidos pequeños de la coalición, Salvador Allende miró a sus dirigentes y les dijo: «necesito un médico». Difícil saber en qué momento estaba el Presidente Boric cuando nombró a una socióloga ministra de justicia, un cargo en el cual se necesita un abogado de preferencia con formación muy específica, cuestión de recordar algunos de quienes han servido ahí en tiempos recientes: Francisco Cumplido, Isidro Solís, Hernán Larraín.
El desastre de los indultos era perfectamente evitable, no lo fue, lo demás ya es historia; ahora vienen un par de acusaciones constitucionales, un asunto siempre de carácter político aun cuando los rasguñados tratan de encontrar elementos jurídicos.
El remate no puede haber sido peor, una declaración de la Corte Suprema poniendo en su lugar no sólo las cuestiones propiamente jurídicas en el marco de las relaciones entre los poderes del Estado, sino las atribuciones del mismo Presidente de la República. Los físicos nucleares tiene una expresión de muy variadas acepciones: «masa crítica»; al Presidente Boric se le ha empezado a juntar masa crítica, de él depende controlar la ecuación y su desarrollo.
Tendencias a la Militarización de la Seguridad Pública: Carabineros entra en acción, el Ejército entra en combate.
En semanas recientes, tres distintos medios electrónicos dieron cabida a sendos artículos por dos altos oficiales en retiro del Ejército y un capitán de navío de la Marina, en ellos esos oficiales, ya retirados, coincidían en los riesgos implícitos de recurrir a las Fuerzas Armadas, para ejecutar funciones respecto de las cuales no han recibido entrenamiento ni formación. La reciente aprobación de legislación de protección de la infraestructura crítica, está directamente relacionada con la cuestión que preocupa no sólo a los oficiales en retiro sino también a los altos mandos.
La protección de infraestructura crítica tiene su orígen en el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera; entonces, quienes hoy gobiernan eran oposición, se opusieron tenazmente en el Congreso a dicha legislación, hoy la han promovido.
Una vez ejecutadas las disposiciones básicas, el Ejército asumirá la protección de infraestructura, se asume será en Araucanía, en esa Región fue pensada dicha legislación, lo cual debiera liberar un número significativo de oficiales, suboficiales y personal de Carabineros para ejecutar allanamientos con descerrajamiento, arrestos y detenciones, incautaciones de armamento, con serio riesgo de enfrentamientos. Se trata de desarmar, desarticular, grupos terroristas, chantajistas, ladrones de madera, narcotraficantes, criminales de variados pelajes, todos entrelazados. De darse las órdenes como corresponde darlas y se concede el debido respaldo político a quienes deben ejecutarlas, hay serio riesgo de muertos al final de los procedimientos, particularmente si se opta por agregar a Carabineros el aporte del poder de fuego del Ejército; el Presidente Sebastián Piñera no quiso asumir semejante responsabilidad, está por verse si el Presidente Gabriel Boric será capaz de hacerlo. |
