Un juez federal en Miami rechazó los intentos de un aliado cercano del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, de protegerse de los cargos penales y dictaminó que Alex Saab no tiene derecho a la inmunidad diplomática en los EE UU y debe ser juzgado por acusaciones de lavado de dinero.
La lucha legal por el supuesto estatus diplomático de Saab estaba siendo seguida de cerca por el gobierno de Maduro, que exigió la liberación del empresario nacido en Colombia como parte de negociaciones furtivas con la administración Biden, informa el Diario Las Américas.
“El régimen de Maduro es considerado ‘ilegítimo’”, señalo el juez Robert Scola en un fallo de 15 páginas. “Cualquier reclamo de inmunidad diplomática que haga valer un representante del régimen de Maduro también debe considerarse ilegítimo”.
Scola añadió que “la evidencia y el testimonio respaldan la afirmación del gobierno de que el régimen de Maduro manipuló ciertos documentos para que pareciera que Saab viajaba a Irán como ‘enviado especial’ cuando fue arrestado, lo que cuestiona la confiabilidad de otros documentos”.
Durante más de dos años, casi desde el momento de su arresto en África con una orden de arresto estadounidense, Saab ha insistido en que es un diplomático venezolano perseguido por su trabajo ayudando a su país adoptivo a eludir las sanciones económicas estadounidenses.
Saab, de 51 años, fue sacado de un avión privado en el verano de 2020 durante una escala en Cabo Verde en ruta a Irán, a donde se dirigía para negociar acuerdos petroleros en nombre del gobierno de Maduro.
El hombres es acusado de conspiración para cometer lavado de dinero vinculado a un esquema de soborno que supuestamente desvió 350 millones de dólares, a través de contratos estatales para construir viviendas asequibles para el gobierno de Venezuela.
En una audiencia, el juez Scola presionó al equipo legal de siete abogados de Saab para que explicara por qué debería apartarse de la posición adoptada por el Departamento de Estado de EE UU, que dijo que Saab no tiene derecho a inmunidad diplomática.
Desde 2019, EE UU reconoce al legislador opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, una posición afirmada repetidamente por los tribunales federales de EE UU en numerosas demandas presentadas por acreedores impagos que buscan apoderarse de los activos petroleros del país en el extranjero.
La resolución de Scola fue condenada por el régimen de Nicolás Maduro igualmente que la nueva ley aprobada por el Congreso estadounidense que prohíbe a las agencias federales estadounidenses a hacer negocios con cualquier compañía que respalde a su dictadura.
«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza contundentemente la aprobación por el Congreso estadounidense de una nefasta propuesta de ley que, tanto en su nombre como en su contenido, constituye una violación a las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano», publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.
El Ministerio se refiere así a la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con Venezuela y que prevé sanciones para empresas que mantengan tratos comerciales con Venezuela.
Además, el régimen de Maduro considera que se trata de una norma «abusiva» que «demuestra, una vez más, el ensañamiento de sectores ultraconservadores y golpistas en la política estadounidense» en su intento de «derrocar al Gobierno venezolano y de dinamitar cualquier ruta posible al diálogo y a las relaciones constructivas entre ambos países».
