La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez dijo que hace tres años asumió la Presidencia del país y ahora se encuentra encarcelada como «trofeo» del Movimiento al Socialismo (MAS), pero que volvería a «asumir su deber por la democracia y la libertad». Añez cumplió con un mandato constitucional tras huír al exterior el entonces presidente constitucional Evo Morales.
A tres años de mi juramento ante Dios y la Patria como Presidenta Constitucional de Bolivia, y a 609 días de mi encarcelamiento como trofeo y presa política del régimen y justicia del MAS, jamás quebrará su “espíritu ni mi fe», señala en un reciente mensaje de Áñez en sus redes sociales manejadas por su familia.
«Soy inocente: amo, resisto y lucho ¡Viva Bolivia!», continúa el mensaje de la exmandataria transitoria.
Además recordó que en 2019 con «mediación de la Iglesia, dos expresidentes y parlamentarios del MAS y de la oposición acordaron la vía de la pacificación del país luego del fraude, renuncia y huida de Evo Morales y su cúpula».
«Era la sucesión constitucional y le correspondía asumir “mi deber por amor a Bolivia», indicó la ex mandataria en su mensaje.
«Asumí mi deber y volvería a hacerlo por la democracia y la libertad. El amor es más grande que el odio y a los culpables del fraude, abandono de funciones y caos, les llegará la Justicia», manifiesta.
Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia de Evo Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión Presidencial, y en medio de una crisis política y social que estalló tras los comicios de octubre de ese año entre denuncias de fraude a favor del entonces presidente.
La exmandataria transitoria fue detenida el 13 de marzo de 2021, cuando el socialista Luis Arce asumió la Presidencia del país, la trasladaron de su natal Beni hacia La Paz.
En junio de este año la Justicia condenó a 10 años de cárcel a Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución cuando asumió el poder, el caso es conocido como «golpe de Estado II» y se encuentra en una cárcel en La Paz.
Áñez afronta otros casos en la Justicia, como el caso denominado «golpe de Estado I» en el que se le acusa de delitos como terrorismo.
La situación de la exmandataria, desde que fue detenida, ha generado el rechazo, críticas y cuestionamientos de varios organismos nacionales e internacionales que consideraron que a Áñez le corresponde un juicio de responsabilidades y no procesos por la vía ordinaria.
Leer en el archivo de Kradiario Cultura, Opinión, Política |
BOLIVIA Y LA OEA DEBATEN SOBRE EL PASADO RECIENTE SI FUE DICTADURA EL GOBIERNO DE ÁÑEZ Y SI FUE RENUNCIA LA DE EVO MORALES
Plataformas ciudadanas, cocaleros y médicos se articularon en junio de 2010 para marchar en La Paz y pedir una justicia independiente y el cese de lo que consideran una «persecución» judicial, tras el encarcelamiento de la expresidenta interina Jeanine Áñez.
En esta protesta se dijo que lo ocurrido con la exmandataria de transición «no es justicia, sino venganza» y acusaron al presidente del país, Luis Arce, y al exmandatario Evo Morales de implantar un Gobierno no democrático.
«Miles de bolivianos estamos rechazando esta política de persecución de parte del Gobierno de Arce», dijo a los medios el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES), Fernando Romero, sector que mantiene una demanda aparte por la anulación de la ley de Emergencia Sanitaria.
La Justicia «busca su propio interés», «estamos decididos a buscar una democracia justa» fue la posición de uno de los manifestantes perteneciente a las plataformas ciudadanas opositoras al partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).
La duda sigue latente en el escenario político boliviano
El dilema de si lo ocurrido en noviembre de 2019 en Bolivia fue un golpe de Estado o un fraude electoral que incidió en la renuncia de Morales a la Presidencia tras las frustradas elecciones de ese año es algo que mantiene en tensión al Gobierno del país con la Organización de Estados Americanos (OEA).
En aquel momento, la OEA emitió un informe en el que identificó irregularidades en el proceso electoral tras una auditoría vinculante a pedido del Gobierno del entonces presidente Morales.
Juicio de la OEA contra Luis Almagro ¿Otra supuesta venganza del MAS?
El Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó el último viernes casi por unanimidad la apertura de una investigación externa a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, para determinar si incurrió en una supuesta “conducta indebida” en su relación sentimental con una empleada de la institución.
En la sesión en la sede de la OEA en Washington, la resolución presentada por Uruguay y Antigua y Barbuda y denominada “Autorización para que una empresa externa investigue las acusaciones contra el Secretario General” recibió el sí de treinta países y la abstención de otros dos, Belice y Haití. Un último país, Granada, no se encontraba presente en la reunión.
La empresa que quede seleccionada para completar la pesquisa tendrá tres meses a partir de su contratación para elaborar un informe que presentará a la presidencia del Consejo Permanente.
La saga había comenzado en junio, cuando la OEA recibió en un correo electrónico una denuncia anónima en la que se acusaba a Almagro de haber promocionado de manera indebida a una funcionaria con la que mantenía una relación sentimental. La empleada había pasado de ocupar un cargo intermedio en la institución a convertirse en asesora principal del dirigente.
En octubre, un periodista publicó una noticia en la que se refería el caso e incluía detalles. Almagro, de 59 años, indicó que había informado a la oficina del inspector general de la organización sobre la denuncia anónima. La oficina indicó que el acusador desconocido no había aportado detalles que justificaran una investigación. Pero sí encontró que los detalles aportados por el periodista merecían una pesquisa, y recomendó que se encargara a una compañía ajena a la institución.
El denunciante anónimo acusa en su correo a Almagro de haber mantenido “una relación personal íntima con una funcionaria” mexicana, y de haberla ascendido, “súbitamente y sin concurso, de un puesto de nivel medio a asesora principal”.
Almagro reconoce la existencia de la relación sentimental, públicamente conocida en los círculos de la OEA, con la politóloga mexicana Marian Vidaurri, pero niega que cometiera ninguna acción indebida o que violara los códigos éticos de la institución. Tras el voto del Consejo Permanente, el secretario general tomó la palabra para “confirmar y superconfirmar” la existencia del vínculo amoroso, conocido por “prácticamente todos”, que duró cerca de tres años -”personalmente, quizá los mejores de mi vida”- y finalizó hace varios meses. E insistió en que apoya la resolución y que la investigación dé “el mejor resultado con fruto”.
El código ético de la OEA estipula que sus trabajadores “no deberían consentir que ninguna relación íntima con otro miembro del personal o colaborador interfiera en el ejercicio de sus funciones ni represente un obstáculo para otros en el puesto de trabajo”.
El actual secretario general de la OEA, que llegó al cargo en 2015, ha atravesado otras polémicas durante su mandato. Naciones como México o Argentina han pedido su renuncia. Una corte de la organización determinó que Almagro había causado “daños morales, personales y profesionales” al brasileño Paulo Abrao por sus declaraciones cuando decidió no renovar el mandato del activista al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aprobada por unanimidad siete meses antes. El alto funcionario uruguayo justificó entonces su decisión al asegurar que defendía los interereses de los empleados que habían presentado quejas por supuesto favoritismo y conflictos de interés contra Abrao y la CIDH.
El caso abierto ahora contra Almagro evoca lo ocurrido en otra institución con sede en Washington y de interés latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El estadounidense Mauricio Claver-Carone, presidente de esta entidad, fue destituido en octubre después de que una investigación determinara que había mantenido una relación sentimental con una empleada del banco, a la que otorgó un trato de favor.
Tanto la Cancillería como varios parlamentarios del MAS han responsabilizado a la OEA de cometer injerencia en asuntos internos del país, inclusive un ministro adelantó un posible juicio contra el secretario general del organismo, Luis Almagro.
Ante ello, el organismo hemisférico respondió con la posibilidad de presentar una causa ante la Corte Penal Internacional por sucesos relacionados tanto durante el Gobierno de Morales como el de Áñez.
En tanto que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció la aprobación de una resolución de esa Cámara parlamentaria «rechazando categórica y contundentemente la intromisión» que se cree tener el organismo en asuntos internos del país.
Junto a Áñez también han sido puestos en prisión preventiva por cuatro meses sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en el marco del caso conocido como «golpe de Estado».
