Por Luis Alvarez

El Indice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de septiembre ya marcó un punto de inflexión en la actividad económica de Chile. Aunque fue inferior a lo que se esperaba, la caída de 0,4 por ciento respecto de septiembre del año pasado fue el primer registro negativo en 19 meses.

Hay absoluta coincidencia en las proyecciones de organismos públicos, analistas privados y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional respecto de que Chile entrará en una recesión que se sentirá con mayor fuerza en el año 2023 y que, durante algún tiempo, convivirán estas cifras negativas con una alta inflación. Probablemente habrá titulares que usarán equivocadamente la palabra estanflación. Equivocadamente, porque la estanflación es un proceso continuo y no, como se prevé, una contingencia transitoria.

Pero esa convivencia de recesión con inflación, que significa por un lado la pérdida de empleos y, por otro, la permanencia de alzas de precios traerá inevitablemente presiones para que el gobierno aumente el gasto. Y todo ello en plena discusión parlamentaria sobre un aumento de impuestos y una reforma profunda del sistema previsional, con aumento de la cotización con cargo a los empleadores.

La recuperación del crecimiento depende en buena parte de una recuperación de la inversión, tanto pública como privada. En el mundo privado, la inversión depende de un sistema que ofrezca algún grado de estabilidad y de certezas respecto de las reglas del juego y del funcionamiento normal de las instituciones.

Un reciente informe de la Corporación de Bienes de Capital, que monitorea los proyectos de inversión en Chile, dijo recientemente que la inversión local caería en alrededor de 38% el próximo año. Mientras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aprovecha diversos foros internacionales para transmitir certezas a los inversionistas extranjeros.

Hay, sin lugar a dudas, una necesidad urgente de contar con proyectos de inversión que empujen el crecimiento.

No ayudan a este clima de certezas las interminables discusiones en torno al proceso para tener una nueva Constitución, como tampoco las dilaciones en torno a la incorporación de Chile al TPP11 pese a su aprobación en el Senado o las dificultades que enfrentan de manera creciente proyectos que son objetados por objeciones medioambientales, pese a que han cumplido con todos los pasos para ser aprobados. La quiebra de una de las principales empresas constructoras del país, acusando problemas financieros generados por impagos del Ministerio de Obras Públicas, también se añade a este cuadro inquietante.

¿Cuánto de todo esto es un problema autoinflingido? La historia económica chilena irá demostrando cuánto contribuyeron los retiros de fondos previsionales y el IFE universal al fuerte aumento de la inflación y a un crecimiento de la actividad económica mucho más allá de lo que el país era capaz. La experiencia demostró una vez más que un estímulo exagerado a la demanda termina por pasar la cuenta.

En su afán por ganar la elección parlamentaria, moros y cristianos del Parlamento alentaron los retiros. La gente fue feliz con el uso del dinero que había ahorrado para su jubilación (mejor me lo gasto ahora que en algunos años) y el consumo creció exponencialmente. Pasaron las elecciones. A algunos les resultó y a otros no, pero el daño ya estaba hecho.

Se dirá que el problema viene de afuera, por la guerra de Ucrania, el alza del petróleo, los aumentos de tasas de interés en Estados Unidos. El problema es que este desastroso escenario internacional sólo vino a profundizar nuestro propio desastre.

La frase de apretarse el cinturón vuelve a estar sobre la mesa. Pero ¿se aguantará la presión por hacerlo? Son pocos los gobiernos capaces de resistir las presiones por amortiguar los efectos de una recesión con mayor gasto. Y como no se puede recurrir a la maquinita de fabricar billetes porque el Banco Central es autónomo, las opciones son mayor endeudamiento o volver a caer en la tentación de usar los ahorros previsionales.

Menuda tarea para el guardián de la billetera fiscal.