El régimen de excepción, que suspende varias garantías constitucionales y cuya vigencia el Congreso ha extendido en siete ocasiones, deja a más de 55.000 detenidos y más de 7.400 denuncias de atropellos a derechos humanos en El Salvador.
El Estado, gobernado por el controvertido presidente Nayib Bukele se negó a rendir cuentas este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo un régimen de excepción vigente desde marzo tras un incremento de los asesinatos atribuidos a las pandillas.
La CIDH, a petición de varias organizaciones humanitarias, realizó una audiencia pública en Washington para conocer la situación en El Salvador y esta es la segunda vez en los últimos meses que el Estado salvadoreño no participa.“La CIDH lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador pese a que fue oportunamente notificado. Sin embargo, el Estado ha declinado su participación”, dijo al inicio de la audiencia Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH y relatora del país para El Salvador.
En junio pasado, el organismo regional realizó una audiencia sobre el régimen de excepción en El Salvador en el marco del 184 Período de Sesiones de la CIDH y que se vio marcada por la ausencia de la representación del Estado salvadoreño. La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos.
Julissa Mantilla declaró que «someterse al escrutinio internacional es simplemente poder garantizar los derechos humanos de las personas y sobre todo parar tanto dolor, tanta injusticia que se está dando”.
La comisionada de la CIDH recalcó el llamado realizado en anteriores ocasiones al Estado salvadoreño de permitir una visita de la Comisión en su territorio.
“La Comisión está preparada para poder visitar El Salvador en el momento que el Estado nos lo autorice”, acotó.El comisionado y relator de Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura, Stuardo Ralón, también lamentó la ausencia estatal salvadoreña.
Las organizaciones humanitarias que solicitaron la audiencia expusieron a la CIDH que El Salvador se ha convertido en el país con la tasa más alta de personas detenidas en el mundo.Cristosal, es por ejemplo una organización de derechos humanos que trabaja para promover los derechos humanos en Centroamérica, mediante la investigación, aprendizaje y la programación basada en los derechos.
Zaira Navas, dirigenta de Cristosal, indicó que la cifra en El Salvador, según sus cálculos, es de 2.144 presos por cada 100.000 habitantes y que el total de detenidos supera los 94.500.Subrayó que la capacidad de las prisiones, al menos hasta febrero pasado, era de más de 30.800 plazas.También señaló que existe una falta de atención médica de los detenidos, especialmente de las personas con VIH, enfermedades crónicas y padecimientos psiquiátricos.
Sonia Rubio Padilla (foto derecha), de la Fundación para el Debido Proceso, indicó que las violaciones a los derechos humanos que “más preocupan” son “las detenciones arbitrarias, los hechos constitutivos de tortura y malos tratos, y la muerte de personas detenidas”. Rubio es abogada, defensora de derechos humanos y politóloga, de nacionalidad salvadoreña-mexicana.
Dijo a la CIDH que las detenciones sobre las que han recibido denuncias “no cumplen con los requisitos mínimos”. Esto, como contar con una orden y “se realizan sin evidencia de la comisión de un delito e irrespetando el debido proceso”.
Agregó: “Hemos documentado casos que permiten concluir que, muy probablemente, el Estado salvadoreño está incumpliendo su obligación de cumplir y (no) tolerar la tortura” a manos de custodios, pandilleros o reclusos. También señaló que se han registrado casos de personas que han sido golpeadas por policías y soldados después de ser detenidas.
Belissa Guerrero, de Amnistía Internacional, dijo que desde su organización “no conocemos una situación igual a la que está aconteciendo en El Salvador”. Tras meses de relativa calma y con niveles de violencia en las calles reducidos, los asesinatos alcanzaron otra vez niveles no vistos en casi 30 años en el país centroamericano. Como resultado, la Asamblea legislativa -de mayoría oficialista- aprobó una polémica solicitud del Ejecutivo para combatir a las llamadas maras, orientada a reformar el código penal para endurecer las condenas contra los pandilleros.
Con la reforma legislativa los miembros de las maras o pandillas podrán ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión, mientras los líderes de estos grupos podrán recibir entre 40 y 45 años de cárcel. Es la primera vez que el gobierno propone una pena específica para quienes considere pandilleros. Previamente, en El Salvador se consideraba a los miembros de las bandas criminales como «terroristas» y se les procesaba bajo esa figura, aunque de acuerdo con la prensa local, era complicado comprobar su participación en esas agrupaciones y las sentencias variaban entre los seis y nueve años de prisión.
