El Ministerio Público alista su acusación en contra de ambos  imputados por la bomba con dinamita enviada al exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, la que permaneció en su oficina de Quiñenco por varios minutos antes de ser interceptada por el GOPE de Carabineros el 25 de julio del 2019.

Cabe recordar que el frustrado atentado se reportó sólo minutos después de que detonara un artefacto explosivo en la 54º comisaría de Huechuraba y, que se estima, que Hinzpeter no alcanzó a abrir el paquete al demorarse durante su hora de almuerzo.

Solar y Caballero, absueltos a inicios de la década pasada por el «caso Bombas I», fueron identificados como presuntos responsables de este hecho por la Fiscalía Metropolitana Sur tras un año de investigación, y se prevé que la institución solicite más de 50 años de presidio para el antropólogo, y más de 20 para su expareja, consignó La Tercera PM.

Expulsados de España por el mismo delito

Entre medio de ambos casos,los imputados fueron condenados y expulsados de España tras instalar y detonar una bomba en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, instalándose por un tiempo breve en la Región del Maule antes de retomar las andanzas anarquistas, según la inédita confesión de Solar, difundida en diciembre del 2021.

En su escrito de 11 páginas, el imputado recuerda que el ataque contra Hinzpeter fue concebido «como venganza contra personas ligadas a la represión y al poder empresarial», características que -a su juicio- el exministro cumplía por su rol en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, y al ser gerente del grupo Quiñenco en 2019.

Así las cosas, el dúo está acusado de los delitos de envío y colocación de artefactos explosivos, así como de homicidio frustrado y daños calificados, en razón de la bomba que explotó en la comisaría de Huechuraba, por lo que ambos se encuentran en prisión preventiva desde julio del 2020, recluidos en la Cárcel de Alta de Seguridad y la Cárcel de Mujeres de San Miguel, respectivamente.

El vespertino sostiene que para el antropólogo, el Ministerio Público calcula una pena de 15 años y un día por el envío de encomienda explosiva, a lo que se suman más de 20 años por el homicidio frustrado del uniformado que resultó herido al abrir el paquete que llegó a la unidad policial, y otros 20 años por el mismo delito, en el caso del exministro Hinzpeter.

Mientras que para Caballero, la Fiscalía estudia pedir tres penas diferentes, partiendo con los 540 días por su colaboración en los hechos, y siguiendo con una pena de más de 15 años por algún grado de participación en los homicidios frustrados.

viernes, 4 de julio de 2014

Edición N°904 de KRADIARIO:

DOS CHILENOS LIBERADOS EN CHILE POR EL CASO BOMBAS SON HOY PROCESADOS EN ESPAÑA POR EL MISMO DELITO COMETIDO EN VARIAS CIUDADES ESPAÑOLAS

La detención de Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero, en noviembre del 2013 en España, no causó sorpresa en Chile y más bien el hecho le dio la razón al ex ministro de defensa (ex del Interior) del Gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, como también al ex ministro del Interior Andrés Chadwick, de que los dos habían participado efectivamente en el caso Bombas en Chile, lo que originó de ambas autoridades críticas a la labor de los jueces chilenos de garantía en dicho caso «por haberse hecho eco de una campaña absurda e infundada de que se trataba de un montaje».

Proceso en España

Los dos chilenos  nuevamente procesados en Españay que estuvieron en prisión provisional sin fianza en Madrid, se les imputó un delito de conspiración para la comisión de estragos terroristas por su intención de colocar un artefacto en el Monasterio de Montserrat, en las cercanías de Barcelona. Igualmente habrían hecho explotar una bomba en la basílica de Zaragoza causando serios daños en varias bancas de madera situados frente al altar mayor pero sin dejar heridos.

El atentado fue reivindicado entonces por el denominado “Comando Insurreccional Mateo Morral”, el mismo que se atribuyó la colocación de un artefacto en la catedral de La Almudena de Madrid en el mes de febrero de 2013.

Mateo Morral fue el anarquista español que en mayo de 1906 lanzó una bomba contra la comitiva de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que acababan de casarse, y que causó una veintena de muertos.

Hinzpeter dijo también que en ese entonces “vimos cómo un juez de garantía, lo que me resulta incomprensible, se convirtió en un verdadero muro que excluyó una infinidad de pruebas”, al tiempo que se quejó del “maltrato” que recibieron los fiscales y abogados de gobierno en el caso, en alusión al magistrado Luis Avilés.

En esa misma línea, el ministro Chadwick pidió explicaciones a los tribunales, por cuanto “quedó claro que se trataba de personas que colocaban bombas”.

“Se acusó al gobierno de haber desarrollado un montaje para efecto de acusar a personas inocentes, y hubo durísimas críticas en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

La siniestra  historia 

¿Qué ha ocurrió con el paso del tiempo?, según Hinzpeter a KRADIARIO: «En primer lugar, las dos personas absueltas se trasladaron a España y allá, con la información entregada por el gobierno español, esas personas han seguido colocando bombas, pero ahora en España (…) ha quedado claro, por las situaciones ocurridas en el país europeo y por la actuación de la justicia española, que el gobierno del Presidente Piñera en el caso bombas actuó cumpliendo absolutamente con su deber, que es buscar siempre el bien común, protegiendo a las personas y recurriendo a la acción de la justicia”, sostuvo el ex ministro.

Y recalcó que en el Ejecutivo “cumplimos nuestro deber y con los hechos conocidos hoy, sí que teníamos razón. Creo que hay algunos tribunales de justicia en nuestro país que deben dar una explicación”.

“Es bueno y oportuno recordar que en el llamado caso bombas, el juez de garantía que conoció el caso, el señor Luis Avilés, de las 7 mil pruebas que presentó el Ministerio Público, el 60% de ellas las declaró impertinentes, es decir, prohibió la presentación de las pruebas en el juicio oral correspondiente”, concluyó el exministro.

El exministro chileno del Interior, Andrés Chadwick, declaró entonces que «hay Tribunales de Justicia en el país que deben dar una explicación por los hechos ocurridos», despúes de que en octubre del 2012, la Corte Suprema decidiera rechazar el recurso de nulidad presentado contra el fallo que absolvió a los acusados por la instalación de artefactos explosivos en el marco de la investigación por el caso «Bombas».

Por su parte el entonces ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz , dijo que ambos detenidos formaban parte de un comando anarquista muy bien organizado, “extremadamente peligroso” y con fuertes conexiones internacionales. Según el diario español “El País”,  Fernández recibió una llamada del ministro chileno Chadwick, quien le explicó que los dos detenidos «son muy conocidos por su historial delictivo en Chile».

Atentado en Zaragoza

El  2 de octubre de 2013, un artefacto casero colocado en la Basílica del Pilar de Zaragoza provocó una fuerte explosión en el pasillo central del templo, sin provocar heridos, a pesar de que estaba abierto al público en esos momentos.
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La explosión destrozó varios de los bancos de madera ubicados frente al altar mayor, pero no causó heridos al no haber visitantes cerca del punto donde se depositó el artefacto.
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El mismo grupo anarquista se atribuyó la colocación de un artefacto en la catedral de La Almudena de Madrid en el mes de febrero.

Por otra parte, el también exministro Chadwick declaró en 2013 que el «caso bombas comenzó a gestarse en enero de 2009 cuando un supuesto grupo anarquista instaló cuatro artefactos explosivos en diversos puntos de la capital chilena y fue Xavier Armendáriz el fiscal designado para liderar las diligencias. El gobierno de la época se querelló por daños simples y daños a la propiedad contra quienes resultaran responsables.

Una serie de sucesos relacionados con artefactos explosivos siguieron suscitándose en los meses siguientes, y en mayo de ese mismo año el joven Mauricio Morales falleció en las inmediaciones de la Escuela de Gendarmería, luego que le estallara una bomba hechiza.

Luego de la muerte de Morales, el gobierno intensificó la investigación y las policías lograron la detención de posibles culpables, operativos que se centraron en las casas «Okupa» Sacco y Vanzzetti, La Idea, La Crota y El Hogar.

Con la llegada del gobierno de Sebastián Piñera el año 2010, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, aseguró que esperaba que se aclararan en un año los bombazos ocurridos en el último tiempo, y en junio de ese año el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, nombró al fiscal Alejandro Peña a cargo de la investigación. Un año después, Peña dejaría la investigación para ocupar un puesto en el ministerio del Interior, lo que fue ampliamente criticado por la defensa de los imputados.

El Ministerio Público no logró demostrar la asociación ilícita terrorista por lo que en octubre de 2011 se logró el sobreseimiento de 13 de los imputados, en lo que ha sido calificado como la primera derrota para el Ministerio Público.
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En junio de 2012 la jueza Marcela Sandoval anunció que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal absolvió  de delitos terroristas a Gustavo Fuentes Aliaga, Felipe Guerra, Mónica Caballero, Omar Hermosilla, Carlos Riveros y Francisco Solar.