El periódico centroamericano El Faro sistematizó 1.251 páginas de expedientes judiciales que tienen a 690 personas en prisión bajo el Régimen de Excepción decretado por el Gobierno salvadoreño. Esta información, como todos los procesos del Régimen, está bajo reserva total porque la Fiscalía considera que la prensa va a tergiversar los datos y “provocar pánico en la población”.

Sin embargo, lo que hay tras ese velo fiscal son documentos sustentados con poca o nula investigación y capturas justificadas por “apariencia” sospechosa o nerviosa. El Movimiento de Trabajadores de la Policía asegura que ha documentado 50 casos donde los agentes se negaron a realizar capturas por considerarlas arbitrarias.

Melvin Reyes fue capturado el primer día del régimen de Excepción, el domingo 27 de marzo de 2022, acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha-13 (MS-13). Tras 20 días, un juez ordenó su libertad, pero minutos después de esa resolución, la Policía lo capturó de nuevo porque en su sistema aparecía «perfilado» como pandillero. (Una mara está integrada por jóvenes que viven en comunidadades marginalizadas, en situación de pobreza o en zonas controladas por una pandilla. Son personas que tienen tatuajes, que tienen familiares en pandillas o que son señaladas simplemente a través de líneas anónimas de teléfono o internet para que sean detenidas).

En el caso de Melvin Reyes, éste regresó a la cárcel el 16 de abril. Esta es una de las más de 48.000 detenciones realizadas durante los cuatro meses del Régimen de Excepción, una medida que ha permitido a la Policía utilizar a su antojo y como principal prueba una «ficha policial» para capturar a miles de ciudadanos; o para aplicar criterios ambiguos durante los patrullajes, como acusar por agrupaciones ilícitas a personas por su «apariencia sospechosa» o «nerviosa», según cientos de folios oficiales que las autoridades manejan de espaldas a la población, escribe el diario salvadoreño digital El Faro.

En los 1.251 folios judiciales que revisó el diario, figuran 690 personas que fueron detenidas en los departamentos de San Vicente, La Paz, Cabañas, Cuscatlán, La Libertad y Santa Ana, entre el 27 de marzo y el 19 de abril de 2022. En la mayoría de los casos, los documentos revelan una débil investigación para relacionar a los detenidos con una pandilla. La razón por la que cientos están en la cárcel sin saber cuánto tiempo más pasarán allí es un párrafo que ha sido copiado y repetido en las páginas: «Al momento de realizar patrullaje preventivo observaron a un sujeto, por lo que proceden a intervenirlo; quien al ser consultado a la base de Inteligencia Policial posee ficha como miembro activo de la MS-13». Policías y fiscales no cambiaron ni una letra de este párrafo: en los cuatro documentos se encuentra repetido aún cuando incluye la captura de mujeres.

La guerra contra las pandillas agrava la grave situación de los derechos humanos en El Salvador.

Según los expedientes, 518 de las 690 personas procesadas tienen fichas como pandilleros o colaboradores. Es imposible determinar con qué metodología de investigación se les incluyó en esas fichas, cuándo fueron construidas, qué sustento tienen e incluso qué policía las elaboró. Otras 172 personas no estaban registradas por el Departamento de Inteligencia Policial, pero la Policía usó criterios amplios y ambiguos para determinar que son pandilleros: en unos casos, dicen, fue gracias a la información que obtuvieron de «la voz pública», de redes sociales y denuncias anónimas. Además, durante los patrullajes, los policías arrestaron a personas aplicando criterios como: «apariencia sospechosa», «nervioso» y «sospechoso». La Fiscalía, con esos mismos criterios, los presentó ante jueces que los enviaron a prisión.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho que el Régimen de Excepción les ha servido para golpear a las pandillas por los delitos que cometen. «¿Cuál es el corazón de las pandillas? Nosotros técnicamente le llamamos HEAT: Homicidios, Extorsiones, Armas, Tráfico: personas y droga.

Ese es el corazón y esa es la identidad multi crimen que debe enfrentarse desde un solo cuerpo. No podemos llegar 12 unidades (de investigación policial y fiscal) por tipo de delito a enfrentar un fenómeno», dijo durante el programa de televisión Diálogo con Ernesto López, el 19 de julio, el día que la Asamblea Legislativa prorrogó por cuarta vez el Régimen de Excepción.

Esta política de seguridad comenzó porque la MS-13 masacró a 87 personas entre el 25 y 27 de marzo, la jornada más violenta de El Salvador, y la que finalmente rompió las negociaciones secretas entre el Gobierno y las tres pandillas. El primer Régimen de Excepción fue aprobado ese mismo fin de semana, cuando la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Armando Bukele Ortez, admitió la suspensión de varias garantías constitucionales.

Organismos de derechos humanos y la comunidad internacional han condenado las medidas adoptadas por el Gobierno para resolver un problema que nació desde la Guerra Civil, pues este mecanismo ha dejado como resultado detenciones arbitrarias, torturas y, al menos, 63 muertos en centros penales, algunos de ellos con señales de tortura, según un informe de la ONG Cristosal. La Casa Presidencial publicó en su cuenta de Twitter que entre el 27 de marzo y el 1 de agosto han capturado a 48.494 por el Régimen de Excepción; es decir, un promedio de 385 capturas diarias, 16 arrestos cada hora.

La organización humanitaria Cristosal ha recibido 555 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción vigente en El Salvador desde finales de marzo hasta mayo, informó recientemente la ONG. Los detenidos son, en su mayoría, hombres jóvenes.

La Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, decretó la suspensión de garantías constitucionales por 30 días y amplió el plazo hasta finales de mayo tras una escalada de asesinatos atribuidos a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13).

El 87,7 % de las denuncias son por detenciones arbitrarias atribuidas a agentes de los cuerpos de seguridad, mientras que el 4,7 % es por lesiones y el 0,4 % por muerte de persona detenida.

Aunque Villatoro dice que están enfocados a combatir el HEAT de las pandillas, los documentos secretos revisados por El Faro revelan que de los 690 capturados, solo diez fueron acusados de posesión y tenencia de algunos gramos de marihuana o cocaína; dos, por posesión o tenencia de un arma de fuego. A un tercer capturado se le acusó de ambos delitos. Y el decomiso de fusiles tampoco ha sido significativo. InSight Crime (fundación dedicada al estudio e investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe), reveló que la Policía ha decomisado 134 fusiles entre enero y junio,  mientras que durante el mismo período del año pasado el decomiso fue de 117. Esto significa que con la aplicación del Régimen de Excepción apenas hubo un aumento de 17 fusiles incautados.