Por Mario Osava*

El presidente Jair Bolsonaro, de extrema derecha, añadió un nuevo motivo para su inhabilitación política y reconoció su probable derrota en los comicios de octubre, al difamar su propia nación delante de unos 60 embajadores.

Incurrió así en un denominado crimen de responsabilidad, que puede inhabilitar al presidente de la República, por atentar “contra el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público (fiscalía) y de los poderes constitucionales de las unidades de la federación”, según tipifica la Constitución brasileña, vigente desde 1988.

En la reunión que promovió el 18 de julio en el palacio Alvorada, la residencia presidencial en Brasilia, Bolsonaro reiteró ante los embajadores y otros diplomáticos sus sospechas de que hubo fraudes en el proceso electoral de 2018 y que es vulnerable el sistema de votación brasileño, basado en urnas electrónicas, aunque sin presentar ninguna prueba al respecto.

Acusó también al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Edson Fachin, su antecesor Luis Roberto Barroso y el que lo sucederá en agosto, Alexandre Morais, de promover el descrédito en el proceso y de fallar a favor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), oponente favorito para las elecciones presidenciales, según las encuestas.

Estarían preparando un golpe contra su reelección, dijo Bolsonaro, invirtiendo la diseminada sospecha de que es precisamente él quien tiene planes golpistas.

Los tres mencionados son jueces también del Supremo Tribunal Federal (STF), corte constitucional y última instancia penal en este país sudamericano, cuyos miembros sufren frecuentes ataques de Bolsonaro, incluso con expresiones llenas de palabrotas y amenazas de desobediencia a sus decisiones.

Es decir, el mandatario atenta elocuentemente contra el ejercicio del Poder Judicial, sea en el área electoral, sea en el penal y el constitucional.

Respaldo militar

En su ofensiva cuenta con el refuerzo de las Fuerzas Armadas representadas por el ministro de la Defensa, el general retirado Paulo Sergio Nogueira, y del también general retirado Heber Portella, representante militar en el Comité de Transparencia de las Elecciones creado por el mismo TSE en 2021, ante las sospechas difundidas por Bolsonaro desde 2018.

Los militares divulgaron notas con quejas de que no son oídos por el TSE y que sus sugerencias son descartadas, aunque algunas sí han sido acogidas. Además pidieron todos los archivos de las elecciones de 2014 y 2018, justamente las cuestionadas por Bolsonaro, y la impresión paralela de los votos electrónicos.

Es decir, actúan como si fueran los auditores electorales, por encima del Tribunal que es la autoridad máxima en la conducción del proceso electoral. De esa forma refuerzan las sospechas del presidente sobre fraudes y vulnerabilidad del sistema.

Para la población en general y el mundo político las urnas electrónicas y el escrutinio son confiables. Sustituyeron desde 1996, gradualmente, la votación impresa en papeles que sí habían evidenciado la ocurrencia de muchos fraudes.

Pero la prédica de Bolsonaro tiene algún efecto. Las encuestas del Instituto Datafolha, el más creíble por la tradición y la cantidad de entrevistados, apuntan que la confianza en las urnas electrónicas bajó de 82 % en marzo a 73 % en mayo.

El legislativo Congreso Nacional rechazó en 2021 una propuesta de las fuerzas bolsonaristas del retorno al voto impreso, pero eso no puso fin a la operación que parece repetir el guion del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) que culminó en la invasión del Capitolio, sede del Congreso, el 6 de enero de 2021.

Pero en realidad se trata de un caso muy distinto. Trump no tenía el respaldo militar de Bolsonaro. En Brasil poco a poco se va desnudando el carácter militar del actual gobierno.

El candidato a vicepresidente en el intento de reelección será nuevamente un general del Ejército, Walter Braga Netto, que ya fue ministro de Defensa y dio probadas muestras de fidelidad al presidente, él mismo un capitán retirado del Ejército.

El actual vicepresidente, el general Hamilton Mourão, perdió la confianza de Bolsonaro al discrepar de sus opiniones en varios asuntos, aunque comparten las ideas autoritarias inspiradas en la dictadura militar de 1964 a 1985.

Los dos son generales retirados, como otros generales y coroneles que abundan en el gobierno y que, junto con oficiales aún activos y policías militares, dominan la gestión de decenas de ministerios y órganos públicos desde el primer día del año 2019, cuando Bolsonaro asumió la presidencia.

Eran 6.157 militares retirados o activos los que estaban en funciones civiles del gobierno en julio de 2020, según monitoreo del Tribunal de Cuentas de la Unión, un órgano del Congreso Nacional.

Matriz de la ultraderecha

Pero no es la fuerte presencia castrense que define la naturaleza del gobierno, sino su origen y sus ideas conductoras. Las Fuerzas Armadas constituyen la matriz de la extrema derecha en Brasil que sembró raíces en la dictadura y renació con fuerza electoral en 2018, bajo el liderazgo de Bolsonaro.

La desmoralización de los políticos, por grandes escándalos de corrupción en las dos últimas décadas y la recesión económica de 2015 y 2016, puso en jaque la redemocratización del país iniciada con el fin de la dictadura militar en 1985.

La coyuntura destacó la vertiente militar como una seductora alternativa, ya que, pese al pasado dictatorial, las fuerzas armadas siempre disfrutaron de la confianza popular en Brasil, con una mitológica imagen de incorruptibles, patriotas y una garantía de la seguridad pública y la asistencia a víctimas de sequías, inundaciones y otros desastres.

El encanto popular se diluyó con la funesta gestión de Bolsonaro y su gobierno, en el combate a la pandemia de covid-19, sustentada en su negacionismo sobre la propia crisis sanitaria mundial, pero también en todas las áreas cuyos avances civilizatorios en las cinco últimas décadas niegan los “valores” ultraderechistas.

El bolsonarismo, que encabeza hoy la extrema derecha en Brasil, no nació en una corriente como el trumpismo, actualmente dominante en el Partido Republicano, no cuenta por lo tanto con una masa electoral asegurada como sí la tiene la derecha radical de Estados Unidos.

Sus raíces le permiten a Bolsonaro liderar una coalición que se amalgama en torno al mito militar. Componen esa fuerza electoral la mayoría de los fieles de iglesias evangélicas, de la agroindustria exportadora, del empresariado, la policía y otros segmentos sociales que, por sus intereses y valores, coinciden con la extrema derecha.

(*) IPS

Candidatura de Lula

El Partido de los Trabajadores (PT) oficializó este jueves la candidatura del exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones de octubre, para las que parte como favorito sobre el actual gobernante, Jair Bolsonaro.

La cúpula del PT realizó una convención con los partidos de la coalición progresista que ha conformado de cara a los comicios del 2 de octubre, en la que aprobó la fórmula que encabeza Lula y tiene como aspirante a vicepresidente al liberal Geraldo Alckmin.

El ex-jefe de Estado (2003-2010) estuvo ausente de la reunión, celebrada en Sao Paulo, porque se encuentra de gira en el estado de Pernambuco, la tierra que lo vio nacer hace 76 años y de la que huyó escapando del hambre con su madre y sus hermanos cuando era un niño. Todos los sondeos electorales publicados hasta la fecha prevén una victoria holgada de Lula en las elecciones, con un 45% de los apoyos, frente al 30% que obtendría Bolsonaro, que aspirará a renovar su mandato por otros cuatro años. Algunas encuestas han pronosticado incluso un triunfo del dirigente progresista en la primera vuelta.