Ecuador vive nuevamente una movilización social antigubernamental liderada por el movimiento indígena. La reacción del gobierno, que ha apelado a la represión, ha sumado a diversos sectores a las protestas, que ya contabilizan muertos y heridos.

La convocatoria al paro y la movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el 13 de junio pasado, es la primera protesta de magnitud que enfrenta el presidente Guillermo Lasso (foto izquierda) desde su llegada al poder en 2021. La protesta ha ido escalando en gran parte por las propias acciones del gobierno, que generaron un fuerte rechazo y fueron sumando a diversos sectores al paro.

Desde el oficialismo, se denuncia la existencia de un intento desestabilizador. Las Fuerzas Armadas han llegado incluso a señalar nexos entre las bandas de narcotráfico y las manifestaciones. Desde las organizaciones sociales, en cambio, se afirma que son las mismas acciones represivas las que hacen tambalear la institucionalidad democrática.

Claves para entender la protesta y el malestar social

Desde junio de 2021, la Conaie ha mantenido distintos diálogos con el gobierno y entregado una serie de propuestas que no fueron acogidas, razón por la cual en noviembre de ese año la entidad matriz indígena dio por terminado el diálogo. Desde allí, la tensión ha ido escalando hasta el actual llamado al paro nacional para el cumplimiento de diez demandas fundamentales.

Entre las demandas está la suspensión del incremento de los combustibles, una renegociación de las deudas de los clientes del sistema financiero nacional, la regulación de precios de productos agrarios, la derogación de los decretos 95 y 151 que promueven el aumento de la explotación petrolera y la minería, el respeto a la consulta previa, libre e informada para iniciar proyectos extractivos en territorios comunitarios e indígenas y, finalmente, la regulación de los precios de productos de primera necesidad.

Desde el gobierno se afirma que no existen razones para la protesta, pero no es eso lo que perciben diversos sectores de la sociedad. La crisis social y económica, agudizada tras la pandemia de covid-19, ha desnudado la falta de políticas públicas del gobierno de centroderecha de Lasso, un político y banquero que el año pasado venció al candidato correísta Andrés Arauz en la segunda vuelta de las elecciones, pero que ha debido gobernar con mayoría opositora en el Congreso y una oposición latente en las calles.

Lasso ha priorizado salvaguardar los intereses de las grandes empresas y la banca, ahondando aún más las brechas de desigualdad. La crisis del país combina, de hecho, los más diversos factores. La inflación y la permanente suba de precios hacen que casi 70% de la población tenga dificultades para cubrir la canasta básica.

El sector agropecuario –especialmente los pequeños productores–, ya muy golpeado, sufre aún más por los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. A ello se suman la falta de medicamentos y la crisis del sistema de salud, así como el aumento de los índices de desempleo y los altos índices de empleo inadecuado, que abarcan a 62,6% de las personas activas –especialmente a mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes–.

A este panorama se añaden la reducción del presupuesto a las universidades y el incumplimiento de la promesa de campaña de ingreso irrestricto a las casas de estudio, además de la potente ola de violencia con actos de sicariato –en los cuales se han visto involucrados miembros activos de las fuerzas policiales– y la crisis carcelaria, con el asesinato de decenas de reclusos.

El veto presidencial a la ley y la resolución de la Corte Constitucional para permitir el aborto por violación es, por último, la guinda de este cóctel explosivo. Ante esta situación, el incremento de las protestas se ha hecho evidente.

El accionar mismo del gobierno y de las fuerzas represivas en el marco del paro nacional no ha hecho más que caldear los ánimos.

Palo y zanahoria, medidas que avivan el paro

Si bien la convocatoria al paro se centra principalmente en el movimiento indígena, desde el inicio estudiantes y organizaciones de mujeres y disidencias forman parte de las movilizaciones. Estas últimas, de hecho, han logrado incluir sus voces y una permanente presencia en las ruedas de prensa que cada noche brindan los y las dirigentes. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en 2019, en ocasión de las fuertes protestas contra el gobierno de Lenín Moreno, las organizaciones de trabajadores no se plegaron inmediatamente al paro y convocaron a una movilización para el día 22 de junio.

El segundo día de paro se produjo la detención de Leónidas Iza, el presidente de la Conaie, por interrupción de los servicios públicos. Para los actores sociales movilizados, esta acción representa una clara persecución política y el cumplimiento de la amenaza que realizó meses atrás el mismo presidente de la nación cuando afirmó que «Leónidas Iza terminará con sus huesos en la cárcel». Esta detención despertó una ola de repudio por sus múltiples irregularidades y encendió los ánimos sumando a más organizaciones y habitantes de barrios populares a la movilización.

El tercer día de paro, en la ciudad de Cuenca, la tercera más importante del país, se reportaron varios enfrentamientos entre estudiantes universitarios y policías, quienes violando la autonomía universitaria lanzaron gases lacrimógenos al interior de la institución, tal como había sucedido en 2019 en la Universidad Católica en Quito. Fue el mismo accionar represivo el que provocó que al día siguiente toda la comunidad académica, encabezada por la rectora María Augusta Hermida, se sumara al paro y se movilizara de manera pacífica.