Otra vez queda a la vista de todo el mundo la escasa seriedad política de Boris Johnson en materias de acuerdos firmados con la Unión Europea durante la tramitación del brexit (la salida del Reino Unido de la Europa integrada el 31 de enero de 2020) que ahora quiere modificar o simplemente soslayar o anular y todo esto lo hace para recuperar fuerza y poder político al interior de su país tras ser castigado por las fiestas prohibidas por la pandemia realizadas por él en su residencia oficial de Downing Street en pleno confinamientor covid 19.
Esto ocurre este lunes a una semana que de Boris Johnson decidió de nuevo agitar las aguas del Brexit para camuflar sus problemas internos. Una semana después de que el 41% de los diputados conservadores votó en su contra, irritados por el escándalo de las fiestas.
Así, hoy, el Gobierno británico ha iniciado el trámite parlamentario de aprobación de una nueva ley para modificar discriminadamente el acuerdo del Brexit que firmó con el resto de los países de la Unión Ecuropea (27). El texto fue clave para sacar adelante el acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE, en 2019, y resultó ser el asunto más delicado y complejo de las negociaciones.
Con este nuevo paso, Johnson pretende barrer de un plumazo gran parte de los controles aduaneros en la frontera con Irlanda, país que aún es miembro pleno de la UE, y eliminaría así el derecho que mantiene la Europa integrada de que su Tribunal de Justicia supervise también la región británica. Bruselas acusa a Londres de “dañar la confianza” al reabrir el pacto del Brexit sobre Irlanda del Norte.
La publicación del nuevo borrador legal establece oficialmente una amenaza esgrimida por el Gobierno de Johnson desde hace meses, y prepara la rampa de salida de lo que puede ser un duro enfrentamiento con Bruselas, que derive incluso en una guerra comercial.
En apenas 24 horas, el Ejecutivo británico puede acabar enfrentándose a la vez a siete rivales: todos los diputados conservadores furiosos con la idea de que su Gobierno se salte la legalidad internacional (la ex primera ministra Theresa May estaría en este grupo). En el mismo figuran igualmente los miembros independientes de la Cámara de los Lores dispuestos a retrasar y enmendar el texto hasta que no tenga nada que ver con el original; las asociaciones empresariales de Irlanda del Norte, que quieren mejoras técnicas del protocolo, pero no la anulación de un texto que les brinda lo mejor de ambos mundos, con acceso al Mercado Interior de la UE y al del Reino Unido; la oposición laborista, preparada para cuestionar con dureza en la Cámara de los Comunes la legalidad de la decisión; y, finalmente, un buen número de abogados activistas a disposición de dar la batalla en los tribunales.
Con este movimiento, Johnson pretende satisfacer a la corriente interna del Partido Conservador que le llevó al poder hace tres años y que puede ayudarle a sobrevivir en estos momentos: el Grupo de Estudios Europeos (ERG, en sus siglas en inglés), que reúne al ala dura de los diputados euroescépticos que hicieron del Brexit su estandarte de guerra.
El Protocolo de salida (Brexit) mantuvo dentro del Mercado Interior comunitario a Irlanda del Norte. Se evitaba así tener que imponer controles aduaneros o sanitarios en medio de la isla, que crearan la impresión de una nueva frontera y pusieran en riesgo la paz alcanzada en 1998 (guerra civil entre protestantes y católicos).
Desde que entró en vigor, surgieron problemas burocráticos, pero sobre todo políticos. La demarcación entre el Reino Unido y la UE se establecía, simbólicamente, en el mar de Irlanda. Resultado: muchos de los productos originarios de Gran Bretaña, cuyo destino último era Irlanda del Norte, se vieron afectados por nuevos trámites aduaneros y supervisiones sanitarias que encarecían y dificultaban el comercio interno entre regiones del Reino Unido.
Bruselas supo entender estos problemas técnicos sobrevenidos, y propuso soluciones que llegaban a reducir en un 80% los controles de mercancías. No convencieron al Gobierno de Johnson, que ha ido mucho más lejos con los cambios de la nueva ley.
Londres propone ahora un mecanismo de arbitraje que sustituya la función del tribunal, una solución similar a la que se adoptó en el Tratado de Libre Comercio negociado por ambas partes, que evitó un Brexit duro.
El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que presentará ante el Parlamento un plan para hacer cambios unilaterales en el protocolo de Irlanda del Norte. Se trata del documento que consigna las reglas comerciales para esa provincia de Reino Unido, tras la salida del país de la Unión Europea. Bruselas asegura que Londres violaría así el derecho internacional y promete responder con todas las medidas a su disposición.
La tensión por el Brexit no acaba tras más de dos años después de que se oficializara. El Reino Unido se dispone ahora a presentar ante el Parlamento una legislación que cambiaría unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte.
El proyecto de ley, impulsado por el primer ministro Boris Johnson, busca eliminar los controles aduaneros de algunos bienes que ingresan a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido.
Esa medida anularía partes del tratado comercial que Londres alcanzó con la Unión Europea en 2020, luego de que el territorio británico oficializara su salida del bloque de 27 países.
La Administración de Johnson sostiene que los cambios serán «legales y correctos», pero su postura choca con las disposiciones de la Unión Europea y de gran parte de los parlamentarios de la Asamblea de Irlanda del Norte, quienes aseguran que esa movida violaría el derecho internacional.
Bruselas promete tomar represalias si los cambios son ratificados por el Legislativo británico, lo que plantea la posibilidad de una guerra comercial entre las dos partes.
¿Qué es el protocolo de Irlanda del Norte?
Se refiere al sistema de normas que rige el comercio en Irlanda del Norte, la única provincia del Reino Unido que comparte frontera terrestre con un país miembro de la Unión Europea: Irlanda.
Fue ideado como un medio para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda, permitiendo que la provincia británica permaneciera en el mercado único de la UE.
No implantar una fuerte separación fronteriza es ante todo una forma de respetar el llamado Acuerdo de Viernes Santo o Acuerdo de Belfast, firmado en 1998 y que acabó con la sangrienta guerra.
