La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, debería renunciar por no condenar a China tras visitar la remota región de Sinkiang, donde Estados Unidos acusa a Pekín de genocidio, según un destacado académico.
Adrian Nikolaus Zenz, experto en estudios sobre China de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, declaró este lunes a Bloomberg TV que consideraba “un desastre” el viajes de Michelle Bachelet a la lejana región occidental de China.
“Ahora se pide que abandone la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, o que dimita inmediatamente”, dijo el investigador radicado en EEUU. “Creo que los uigures “
se sienten profundamente traicionados”, añadió.
Bachelet dijo que instó a Pekín a revisar sus políticas antiterroristas para garantizar que cumplen con las normas internacionales de derechos humanos, en una conferencia de prensa el sábado al término de su gira de seis días. Como parte de ella, visitó Sinkiang, donde una evaluación de la ONU en 2019 encontró que un millón de uigures, en su mayoría musulmanes, habían sido recluidos en campos de detención. Pekín dice que las instalaciones son centros de capacitación laboral creados como parte de una campaña antiterrorista y niega tajantemente las acusaciones de genocidio.
“Lo que China está haciendo en Sinkiang no es contraterrorismo”, dijo Zenz, criticando a Bachelet de encubrir las acciones de China adoptando el lenguaje propagandístico de Pekín. “Si se analizan las razones por las que las que se encierra a las personas, se trata de discriminación religiosa y asimilación cultural”.
Bachelet evita ahondar en la represión de los uigures en Xinjiang en el cierre de su visita a China, publicó el diario El País de España.
La región de Sinkiang, al noroeste de China, registra una larga historia de desencuentros entre las autoridades estatales y la minoría uigur.
Es un conflicto antiguo pero que volvió a ser noticia porque, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno chino ha detenido en masa a miembros de esta etnia para incluirlos en «campamentos de reeducación».
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó a finales de agosto su preocupación por la situación de los uigures, ya que cree que la cifra de afectados es de, por lo menos, decenas de miles y quepuede llegar hasta el millón.
El gobierno de la región, que entonces negó los señalamientos de la ONU, asegura que los centros abordarán el extremismo a través de la «transformación del pensamiento».
El organismo de la ONU pidió la liberación de los arrestados bajo el «pretexto de contrarrestar el terrorismo», después de haber oído testimonios que hablan de lo que parece un «enorme campamento de internación que está rodeado de secreto», según publicó la agencia Reuters
