Por Walter Krohne

Otro percance del gobierno de Gabriel Boric que ha hecho cambiar bruscamente las líneas de su propia orientación y conducta. El decreto de Estado de excepción de emergencia que envió a la Contraloría y que ya está publicado en el Diario Oficial,  es fundamentalmente una medida acertda y lógica para resolver, aunque sea en forma transitoria, un grave problema humano-territorial en Chile.

Sin embargo el progresismo o la nueva izquierda no  quieren este tipo de soluciones ni aunque sean transitorias y la mejor muestra de ello es que en el borrador de la nueva Constitución quedó prácticamente eliminada la posibilidad de que el Presidente pueda contar con la cooperación de las Fuerzas Armadas en casos como éste, además que Carabineros pasará a ser una fuerza desmilitarizada en un país en el cual el tamaño de la violencia (organizada)  y el narcotráfico causan miedo.

Lo de ayer fue un nuevo fracaso del Gobierno, no hay lugar a dudas, y no es una «instalación mediático» para explicar todo esto  como dijo la ministra vocera Camila Vallejos con su típico lenguaje y reacción comunista.

Intentar resolver un caso como el de la Araucanía y de las provincias de Arauco y Biobío con el diálogo,  es cercano a lo imposible, no por culpa de Boric sino por el descalabro que ha ido quedado en esa zona durante varios gobiernos anteriores, habiéndose perdido totalmente la confianza entre mapuches y Estado.

En lo que se puede responsabilizar a la actual administración es su tardanza en el debate que se dio durante dos semanas sobre qué herramienta legal utilizar para intentar recuperar el control de la situación y bajar el grado de la crisis. Esto fue una pérdida de tiempo, como intentar crear  un nuevo estado de excepción «intermedio», para lo cual era necesaria una reforma de la actual Constitución que nos rige todavía.

Quizá sea un cierto “complejo” que tienen los sectores más progresistas con las fuerzas militares debido, quizá con certeza por lo que  ocurrió durante la dictadura militar (1973-1990), pero hay que pensar que se espera que los actuales sean otros, nuevos tiempos, no nos podemos quedar viviendo siempre entrampados en nuestra propia historia.

Otra explicación puede ser que si el Gobierno se orienta por el camino más tradicional o conservador como recurrir a las FF AA, aunque sea con otro nombre como “el intermedio”,  las críticas van a seguir y cada vez más intensamente, como ha sido el tenor hasta ahora proveniente de sus propios aliados, como el Frente Amplio y la izquierda en general que desean continuar con un diálogo con los pueblos originarios que ha fracasdo ya muchas veces en nuestra historia reciente.

El problema está en que los ataques terroristas en la Macrozona Sur siguen peor que antes, y quienes sufren las consecuencias son los habitantes de varias regiones y quienes trabajan allí. A esto  debe hacerle frente el Gobierno de Gabriel Boric, porque ese es uno de sus compromisos.

Según el último “Barómetro de Conflicto de la Multigremial de la Araucanía,  que lleva un catastro de los hechos violentos denunciados en la zona, determinó que, en lo que iba del año, los ataques incendiarios habían aumentado en un 137% en relación a 2021. Por otra parte, según un informe de La Tercera, entre 2015 y 2020 se han registrado al menos 772 atentados.

Además, en los primeros 105 días de este  año se han registrado 105 casos de violencia rural en la Macrozona Sur” que comprende las regiones de Biobío, la Araucanía, los Ríos y los Lagos.

Parece imposible seguir buscando explicaciones y seguir refiriéndose a las mismas acciones de siempre con nombres diferentes, antes era el estado de excepción y hoy es el estado de emergencia «acotado» en la macrozona sur.

Con el decreto firmado por el Presidente Gabriel Boric y la ministra Izkia Siches y su par de Defensa, Maya Fernández, respectivamente, las fuerzas armadas podrán colaborar en el control del orden público, pero solo en el resguardo de las carreteras que sean determinadas por la autoridades civiles.

El jefe de la eventual zona militar podría autorizar reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno» y «controlar la entrada y salida de las zonas declaradas en estado de emergencia y el tránsito en ella», entre otras facultades. ¿Cómo controlar entonces a los terroristas y narcos que deambulan en toda la macrozona sur?

O se olvidaron acaso que la Cam, como principal organización de fuerza allí en la Araucanía ya le declaró la guerra al estado chileno y al Gobierno de Boric?