Polémica y discrepancias entre sus pares en La Moneda causaron las declaraciones de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, este fin de semana, sobre la condición de “preso político” de Celestino Córdova condenado a 18 años de cárcel efectiva por el crimen del matrimonio Luchsinger-McKay el año 2013.
“No me compete pronunciarme respecto a la calificación específica que tengan los casos”, dijo la autoridad a El Mercurio. Esto, luego que Córdova recibiera el beneficio de salida dominical y trimestral.
En conversación con CNN, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, recordó su trabajo en el caso cuando estuvo en la comisión de Derechos Humanos en su periodo como diputado de la República.
“Diría que es un preso común por un caso gravísimo, condenado por la Justicia”, dijo.
“Me leí los informes cuando estaba en la comisión de Derechos Humanos, porque fui a la cárcel de Temuco a buscar una solución en la que -creo- fue su primera huelga de hambre. Conversamos con el ministro de Justicia de la época, Hernán Larraín, y con el también ministro del Interior, Andrés Chadwick, para buscar una salida”, agregó.
“Creo que es una persona que es bastante indefendible su posición. Diría que es una persona que está condenada justamente por los tribunales chilenos. Esa es mi opinión”, puntualizó Crispi.
En esa misma jornada la ministra del Interior, Izkia Siches, declaró que «en su caso, hemos sido muy respetuosos de los poderes del Estado”, sostuvo.
“Aquí ha existido una condena que se está cumpliendo, como también los beneficios carcelarios que son propios y transversales a todos los presos a nivel nacional. En ese caso debemos seguir dando cumplimiento y observar justamente que las medidas se cumplan con rigurosidad”, añadió Siches.
La secretaria de Estado también se refirió al proyecto de indulto de los presos por cometer delitos en el estallido social de octubre de 2021, expresando que «esperamos que la iniciativa pueda avanzar en el Parlamento, pero obviamente hay una apertura a conversar y discutir los límites de las distintas propuestas».
«Esperamos con eso cerrar lo que fue el proceso de estallido social para dar cuenta de un país que se vuelve a encontrar, toma acuerdos y avanza en la línea correcta», subrayó.
