La Corte de Apelaciones de Santiago dejó este miércoles sin efecto la resolución del Octavo Juzgado de Garantía que había revocado el arraigo que pesaba sobre el ex gerente general de SQM Patricio Contesse, quien es sindicado como el principal responsable del financiamiento irregular a campañas políticas.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, explicó que «este imputado, hoy día acusado en la investigación, había permanecido desde el año 2015 con diversas medidas cautelares. Hasta febrero de este año se encontraba con arresto domiciliario nocturno, en dicha oportunidad, se estimó necesario que se mantuviese unicamente la medida de arraigo. Así lo estimaron todos los intervenientes en la investigación y lo resolvió el magistrado».
«Sin embargo, -agregó Perivancich- con fecha 18 de abril recién pasado, el tribunal de garantía había dejado sin vigor todo tipo de cautelares respecto del acusado. El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación en contra de esta decisión y en el día de hoy se revoca la decisión del tribunal de garantía y el señor Contesse debe estar sujeto a la medida cautelar de arraigo».
Respecto al emblemático caso, la fiscal regional detalló que «en la actualidad, y por espacio de más de 10 meses, se lleva adelante la audiencia de preparación de juicio oral en contra del acusado junto a otras siete personas, respecto de los cuales el Ministerio Público está persiguiendo la responsabilidad penal por la comisión de diversos delitos tributarios, adicionalmente al delito de soborno del señor Contesse, y respecto del delito de cohecho del señor (Pablo) Longueira».
Ambos llevan más de un año y medio vinculados al caso SQM, luego de que la fiscalía le imputara al ex ministro de Economía, bajo el presunto delito de cohecho, supuestas gestiones respecto del royalty minero, mientras que al ex ejecutivo de la minera se le imputó el presunto delito de soborno.
El Ministerio Público ha sustentado su imputación al asociar esas gestiones a la red de emisores de boletas a SQM que, en su totalidad, estarían vinculados al ex senador gremialista Longueira. Según cifró la fiscalía, por concepto de facilitación de boletas presuntamente falsas y donaciones a fundaciones de Longueira (Chile Justo y Fundación Web), Contesse le proporcionó desde SQM la suma de casi $ 720 millones entre noviembre de 2007 y abril de 2013. Esto, tras sumar los montos vinculados a hechos ya formalizados en junio de 2016 -ligados a cohecho y la Ley de Royalty y delitos tributarios- y la incorporación que durante la jornada se hizo ante el tribunal respecto de cinco emisores más.
Así, Longueira y Contesse enfrentaron una nueva formalización durante la mañana de este miércoles, también por presuntas gestiones en beneficio de la minera, pero esta vez en relación a modificaciones al Código de Aguas.
Según describió el fiscal Claudio Revecco, los hechos imputados ocurrieron así: «En el mes de noviembre de 2010, Patricio Contesse, en su calidad de gerente de SQM, en el contexto de pagos y beneficios económicos ya descritos, requirió de Pablo Longueira, entonces senador, sus oficios y ejercicios de influencia ante el Poder Ejecutivo para que este (…) instara por la presentación de un proyecto de ley redactado por abogados de la empresa, destinados para fortalecer el proceso de fiscalización de la Dirección General de Aguas, objetivo perseguido por SQM S.A. y sus filiales, para hacer frente a los conflictos suscitados con otras empresas por usurpación de aguas subterráneas que afectaban sus faenas».
Sin embargo, el proyecto de ley -tal como detallaron los fiscales- finalmente no se concretó.
Durante la jornada, la fiscalía además formalizó a ambos imputados porque, según la investigación, una vez ungido como ministro, Longueira incluyó en la agenda de competitividad que activó su cartera un reimpulso a la industria chilena del mineral no metálico litio, lo que para los investigadores significó un «asunto preponderante para la empresa SQM y sus filiales», según aseguró el persecutor.
Respecto de los presuntos beneficios económicos, el abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, recalcó que «no hay ningún peso de SQM que haya ido a parar al patrimonio» del ex parlamentario, dijo, señalando, además, que «absolutamente ninguna persona ha declarado que don Pablo Longueira le solicitó por sí o por interpósita persona la emisión de alguna boleta o factura a SQM».
En ese sentido, la fiscal Paola Castiglione hizo hincapié en la audiencia acerca de que, según el levantamiento de cuentas, la ruta del dinero apunta a que Longueira ordenó destinar parte de los fondos para las campañas de candidatos de la UDI.
«Parte importante de los dineros asociados a las boletas de honorarios ya individualizadas, cuyos montos fueron pagados por SQM S.A., fueron transferidos o depositados en distintas cuentas corrientes de Carmen Luz Valdivielso (ex jefa de gabinete de Longueira), desde donde, más tarde por instrucciones de Pablo Longuiera, se realizaron aportes o depósitos a distintos candidatos de la UDI», señaló la fiscal.
Además, indicó que el ex ministro solicitó un préstamo de $ 100 millones a Copra S.A., cuyos pagos también fueron saldados a través de los fondos obtenidos desde SQM.
Pablo Longueira y todos los políticos corruptos y también aquellos que roban de las arcas fiscales, junto con responder con su patrimonio personal o familiar, deben ser impedido legalmente de por vida, a ocupar un cargo público o de elección popular ya que realmente son un peligro para la sociedad, Ojalá que la nueva Constitución considero estos casos ya que es imposible que los honorables legislen en tal sentido ya que sería lo mismo que hacerse el Harakiri.