Tras la intensificación de ataques a periodistas en El Salvador, que ha llevado a algunos a exiliarse preventivamente, y la aprobación de una ley mordaza que penaliza a quienes hagan cobertura de pandillas (grupos delincuenciales que operan en El Salvador), el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, exigió desde la tarima legislativa a los periodistas críticos que se vayan del país. «No los necesitamos», dijo.

Durante la más reciente sesión plenaria del martes 19 de abril, Castro coronó a gritos una semana en la que el bukelismo insultó y atacó a distintos periodistas a quienes llegó a tachar de terroristas o pandilleros. Castro, exsecretario privado de Bukele y hoy presidente del Legislativo, fue estridente en su tono contra los periodistas e investigadores del fenómeno de las pandillas (grupos delincuenciales en El Salvador).

Esta Asamblea, de mayoría oficialista, aprobó 3 medidas impulsadas por el presidente Bukele contra las pandillas que según las autoridades salvadoreñas están detrás de un repentino incremento de homicidios en El Salvador.

 ¡Váyanse!” del recinto y del país, no los necesitamos gritó sin control el “mandado de Bukele” en la Asamblea.

Aunque no mencionó nombre alguno, Castro hizo referencia al antropólogo y periodista Juan Martínez d’Aubuisson, a quien acusó una vez más de ser cómplice de las pandillas.

El mensaje de Castro ocurre en un contexto muy concreto: en la primera semana de abril, la Asamblea dirigida por él aprobó una ley mordaza que penaliza a medios y periodistas que “reproduzcan mensajes presuntamente originados u originados por pandillas”. A esto le siguió un coro de voces afines al oficialismo que, desde sus cuentas de redes sociales, canales de televisión o plataformas en internet acusaron a varios medios de comunicación y periodistas de ser voceros de las pandillas.

Bukele calificó al antropólogo de “basura” y «sobrino de un genocida» en referencia a que el académico es sobrino del fallecido Roberto d’Aubuisson, el asesino de monseñor Romero (Óscar Arnulfo Romero asesinado cuando era Obispo de San Salvador el 24 de marzo de 1980).

La ofensiva tras la aprobación de las reformas la inició el mismo presidente Nayib Bukele, el 11 de abril, y esta fue secundada por funcionarios del Gobierno. Ese 11 de abril, Bukele difundió desde su cuenta de Twitter un extracto de 22 segundos de un video de la cadena Russia Today, en el que junto a otros especialistas en seguridad pública, el antropólogo Martínez explicaba en casi 30 minutos que las pandillas cumplían un desafortunado rol social en El Salvador, donde controlan amplias zonas del territorio nacional e imponen en las comunidades y colonias obreras sus propias medidas de seguridad contra pandillas contrarias.

“Estos son los referentes de la comunidad internacional”, agregó el presidente Bukele. Martínez es autor de diferentes libros e investigaciones académicas sobre violencia en Centroamérica. Entre sus producciones hay algunas que lo llevaron a entrevistar a lo largo de años a pandilleros y a penetrar en las comunidades que dominan para comprender las dinámicas de sometimiento que ejercen sobre la población. Sus publicaciones han sido traducidas a más de cinco idiomas.

Masiva detención de pandilleros en marzo

Tras el récord de homicidios causados por los pandilleros salvadoreños con un saldo de 62 asesinatos en menos de 24 horas del último sábado, la cifra más alta en la historia en ese país centroamericano, el presidente salvadoreña, Nayib Bukele, pidió al Congreso  aprobara en la madrugada del domingo un régimen de excepción para tratar de controlar esta ola de violencia.

Así les suspendió a los salvadoreños la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa, además amplió a 15 días el plazo de detención administrativa y levantó la prohibición de intervenir telecomunicaciones sin control judicial.

Esta violencia se atribuye a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

El régimen de excepción restringe las libertades civiles y a mplía los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público.

Los pandilleros están sometidos desde el domingo 29 de marzo pasado (leer edición de Kradario número 1,242) a un estricto estado de emergencia en las cárceles, que se traduce entre otras medidas en el encierro permanente en sus celdas (ver foto arriba).

Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador. De acuerdo con las autoridades, operan a través de homicidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades ilegales.

El Salvador cerró 2021 con la tasa más baja de homicidios desde el fin de la guerra civil en 1992, con 18 muertes por cada 100,000 habitantes, según datos oficiales. El total de homicidios, 1.147, también representó una reducción frente a 2020, cuando hubo 1.341.

Luego de una escalada en la violencia callejera, el presidente Bukele decretó también la máxima emergencia en las cárceles donde hay miembros de las pandillas. Algunos reclusos fueron asilados y otros fueron mezclados con miembros de grupos rivales.