En el inicio de sus alegatos ante La Haya, el agente Roberto Calzadilla puso en duda «si hay alguna controversia legal genuina» que deba ser resuelta por la Corte Internacional.
La etapa oral del juicio comenzó el viernes -con Chile presentando los argumentos de su demanda- y se extenderá por un total de 14 días.
Este lunes fue el turno de Bolivia de presentar sus alegatos orales por el caso sobre el uso de las aguas del río Silala, lo que mantiene enfrentado al país vecino con Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, oportunidad en la que el país altiplánico llamó a negociar por vía diplomática las diferencias entre ambos países.
Chile considera que el Silala es un río internacional que debe ser compartido, por lo que tiene derecho al uso «razonable y equitativo» de sus aguas; mientras Bolivia sostiene que las aguas proceden originalmente de manantiales nacidos en su territorio y que fueron desviados artificialmente hacia la frontera en la primera mitad del siglo pasado.
Ubicado en las faldas del Cerro Inacaliri, en el departamento boliviano de Potosí, el Silala desemboca en el río Loa, el más grande de Chile, aunque ambos países tienen explicaciones divergentes sobre cómo se ha realizado esa conexión.
El viernes fue el turno de Chile de exponer sus argumentos para respaldar su postura, mientras que esta jornada, ocho abogados y tres peritos científicos internacionales entregaron sus alegatos por el lado boliviano.
El equipo boliviano ante La Haya está compuesto por el canciller boliviano, Rogelio Mayta; el secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), Emerson Calderón, y el agente ante la CIJ, Roberto Calzadilla.
El abogado Gabriel Eckstein planteó que «al contrario de lo que sostiene Chile, el Silala no puede ser descrito puramente como un curso de agua internacional natural. El Silala es en la actualidad, y lo ha sido, durante casi 100 años, un curso de agua internacional singular con caudales superficiales aumentados artificialmente».
Por su parte, Calzadilla aseguró que «cabe preguntarse si, salvo alguna aclaración que deba dar Chile, todavía hay alguna controversia legal genuina en relación con el caso presentado por Chile el 2016 que pudiera ser resuelta por esta Corte, o si, por el contrario, los restantes puntos de desacuerdo entre las partes son de tal naturaleza que se podrían resolver mejor a través de estudios técnicos conjuntos y de negociaciones diplomáticas entre las partes».
Tras un siglo sin grandes fricciones, a finales de 1990 Bolivia acusó a su vecino de utilizar indebidamente las aguas del río y amenazó con desviar su cauce. Para dirimir la disputa, Chile finalmente decidió acudir a La Haya en 2016.
La disputa dio un vuelco en febrero de 2020, pues la Cancillería del gobierno interino boliviano de Jeanine Áñez aseguró que, durante la fase escrita del proceso, el Ejecutivo de Evo Morales indicó que «una parte de las agua
La disputa dio un vuelco en febrero de 2020, cuando la Cancillería del gobierno interino boliviano de Jeanine Áñez aseguró que, durante la fase escrita del proceso, el Ejecutivo de Evo Morales indicó que «una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile y constituyen un curso de agua internacional», declaración aplaudida por la segunda Administración de Sebastián Piñera.