La Comisión Sistema Político de la Constituyente aprobó finalmente la última noche la propuesta que contempla para la estructura política central de Chile un modelo de presidencialismo atenuado y un Legislativo bicameral asimétrico, formado por una Cámara de Diputadas y Diputados -integrado por no menos de 155 miembros-, y una Cámara de las Regiones -compuesta por un mínimo de tres integrantes por región.

La Cámara de las Regiones reemplaza al Senado en sus funciones específicas y tendrá facultades relativas al presupuesto anual, a la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales, las que establezcan los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria, así como las que alteren la división política o administrativa del país.

Ambos organismos legislativos respetarán el principio de paridad y plurinacionalidad. Ahora es el pleno el que deberá decidir en este tema clave para que quede integrado a la nueva Constitución. Sin embargo, no hubo consenso respecto a si se debe equiparar a los movimientos sociales con los partidos políticos, lo que no dejó contento a los convencionales de Pueblo Constituyente.

El texto suma 60 artículos, 35 menos que el del informe original y adhirieron al acuerdo final el Colectivo Socialista, el Frente Amplio, Chile Digno, Independiente No Neutrales, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional. Es decir, de los 25 integrantes de la comisión se sumaron 17. La derecha y el Colectivo del Apruebo, por su parte, enviaron sus propias propuestas. El acuerdo alcanzado se negoció durante seis días consecutivos en extensas jornadas.

La propuesta agrega que “las organizaciones políticas son entidades públicas no estatales, de carácter voluntario, que concurren a la formación de la voluntad popular” y que la ley regulará sus condiciones de constitución, organización funcionamiento y disolución. Además, se especifica que la ley regulará “las condiciones del ejercicio de este derecho”. Así, no se hace una distinción entre partidos y movimientos políticos.

Aparte de Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales, defendieron la existencia de organizaciones equiparables a los partidos políticos que pudieran participar en las elecciones populares. Finalmente, como no hubo consenso se decidió que sea una materia regulada por ley y no por la Constitución.

La nueva cámara también estará a cargo de leyes de reforma constitucional en los poderes Legislativo y Ejecutivo, al Servel, en la Contraloría y los órganos territoriales. Asimismo, podría intervenir en votaciones populares y escrutinios, en la ley de organizaciones políticas, en aquellas que ratifiquen el estatuto regional y otras que la nueva Constitución califique como de acuerdo regional.

Sin embargo, se decidió postergar la atribución sobre acusaciones constitucionales. En esa materia también se generaron diferencias fuertes entre la derecha y el Colectivo Socialista versus el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Reacciones y críticas de expertos

El académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, analizó el acuerdo constituyente en que  se trata de «un acuerdo principalmente de la izquierda. Naturalmente representa un avance respecto al primer informe y tiene mayores posibilidades de ser votado favorablemente por los dos tercios en el Pleno, pero esto no quiere decir que sea un buen diseño institucional. Simplemente constata el hecho objetivo de que las colectividades de izquierda alcanzaron un consenso, eliminando- por ejemplo- las figuras del Vicepresidente y del ministro de gobierno».

En otra opinión, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló que «el entendimiento que hubo en la centroizquierda fue posible, porque se conjugaron estas dos energías, por un lado la presión de que buscaran un entendimiento y por otro lado, la necesidad de tener que hacerlo en virtud del tiempo. El acuerdo habla de un ejercicio de geometría diversa entre el Frente Amplio, el PC y los colectivos socialistas, independientes no neutrales y otos para arribar a un acuerdo».

A su vez, el profesor titular de la Universidad Diego Portales (UDP) y catedrático de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), Javier Couso, expresó -a raíz de lo conocido por la prensa-, que es «valorable procedimentalmente el que hubo un esfuerzo de diálogo, pues si bien no todos firmaron las indicaciones, yo creo que se acercaron posiciones. Si bien los convencionales de la derecha y centroderecha no habrían firmado el acuerdo, ellos incidieron en la naturaleza del mismo (…) eso -a mi juicio- contribuyó a acercar posiciones».

El abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Arturo Fermandois, expresó que «este acuerdo efectivamente mejora el pobre borrador inicial sobre sistema político, contiene algunos pulidos aislados, especialmente sobre aumentar algunas facultades de la Cámara de las Regiones. No obstante, estimo que es un acuerdo en el cual se impone la refundación por sobre una razonable reconstitución constitucional en Chile, por sobre la modernización y por sobre el camino de aprender de las elecciones de historia constitucional».

En esa misma línea, al entrar en los detalles de la propuesta, Fermandois acotó que «lo único que ofrece es un unicameralismo mitigado y encubierto, pero  finalmente lo es, es decir, un retorno al año 1827 en Chile, puesto que desde 1828 que existe un Senado en este país. Efectivamente se sepulta el Senado y se termina para siempre el mecanismo legislativo de una Cámara revisora, de la existencia de un contrapeso al interior del Congreso. Y esta idea inspiradora del acuerdo me parece una soberbia, una pretensión de que existe una perfección legislativa inmediata que se radicará en la Cámara Política».