Y se acabaron las vacaciones en la Macrozona sur. Los mapuches volvieron a atacar, causando un nuevo atentado duranta la última noche y sólo un día después de haber sido levantado el estado de emergencia y de la retirada de los soldados de las Fuerzas Armadas desde la Región de la Araucanía.
Según el diario La Tercera. Encapuchados emboscaron en Tirúa al conductor de un furgón de la empresa Serfonac, que presta servicios a Forestal Mininco y luego de intimidarlo con armas de fuego lo obligaron a bajar para rociar con líquido acelerante la cabina de la máquina, resultando el vehículo completamente destruido.
El hecho se registró en circunstancias que el trabajador se dirigía a la faena, cerca de las 06.00 horas por el sector de Pilico, en el kilómetro 17 de la Ruta P-72, en el límite con la Región de La Araucanía.
La denuncia la recibió personal de Carabineros de Tirúa, quienes se trasladaron al sitio del ataque para iniciar el respectivo procedimiento y dar cuenta a la fiscalía local.
El hecho de violencia ocurre, tras el término el pasado 26 de marzo, del Estado de excepción constitucional de Emergencia por grave alteración de orden público, que regía en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín desde el 13 de octubre del año pasado.
El actual gobierno comprometió mayor dotación policial, vehículos, equipamiento, desarrollo y dialogo en las comunas de mayor rezago y pobreza, para buscar una salida pacifica a la violencia rural y las demandas territoriales de comunidades indígenas en la zona.
Todo parece indicar que el propuesto diálogo del gobierno de Boric no ha resultado para nada en este caso.
Hasta ahora con o sin diálogo los números son desalentadores. Con un promedio de nueve ataques cada 30 días en los últimos cinco años, los hechos de violencia en la zona roja del conflicto mapuche que afecta a las regiones del Biobío y La Araucanía se ha transformado en un tema complejo para el gobierno, las fiscalías y las policías.
No solo por los crecientes niveles de inseguridad en las rutas y por el temor de sus habitantes, sino que, además, por los escasos resultados que han obtenidos las investigaciones del Ministerio Público por hechos tan graves como atentados incendiarios contra iglesias, empresas forestales, quemas de viviendas y ataques armados contra conductores en caminos rurales de la región.
Frente a la escala de violencia ocurrida en las últimas semanas en la zona, el equipo de Investigación y Datos de La Tercera analizó las cerca de mil querellas presentadas por el gobierno entre 2016 y 2021 en las regiones de La Araucanía y el Biobío, de las cuales 547 acciones legales denuncian ataques en contexto de la llamada violencia rural.
