El Congreso peruano, donde se busca la destitución del actual  presidente izquierdista Pedro Castillo – cargo que asumió hace menos de un año –  sigue siendo desaprobado como entidad del Estado por más de las tres cuartas partes de los ciudadanos del país (79%), según muestra la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

La demoscopia, realizada para el diario La República de Lima, consultó a la población entre el lunes 21 al jueves 24 de marzo (margen de error: 2,8 puntos).

Aproximadamente, un 79% de los peruanos desaprueba el desempeño del Congreso de la República y apenas un 17% lo aprueba, según el estudio.

Esto significa que la reprobación del Parlamento la confirman cuatro de cinco peruanos consultados. Pese a esto, los promotores de la vacancia presidencial, ahora liderados por el congresista Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, apuntan a que este Congreso saque a Castillo de la primera Magistratura del Perú. En otras palabras, la suerte de Pedro Castillo (en foto de portada) está en «las manos del Congreso en Lima»

A su vez, colectivos afines realizan marchas a favor de la vacancia en Lima y otras ciudades sin mucha convocatoria.

La desaprobación a este Poder Legislativo es una postura que está más extendida entre quienes son de las provincias del centro del país y entre votantes de 25 a 39 años.

Mientras, la aprobación al Poder Legislativo es más común entre los más jóvenes de 18 a 24 años.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (abogada y diputada de Acción Popular), es desaprobada en su desempeño por un 69% de los ciudadanos y es aprobada por solo un 24%. Es decir, en esta evaluación tiene a más de dos tercios del país en contra y a una cuarta parte de la nación a favor.

La situación de Alva empeoró luego de revelarse su participación en un hotel miraflorino con otros congresistas para hablar de una vacancia presidencial.

“Aunque el Congreso tuvo cierto respaldo inicial frente al Gobierno, esto se ha ido erosionando. Lejos de sumar apoyo para sus iniciativas de control político, parece seguir el mismo camino de desprestigio del presidente. Hay percepción generalizada de que el Congreso busca desestabilizar al presidente”, dice el politólogo Paolo Sosa, investigador del IEP.

“En estas condiciones, el Poder Legislativo no es visto como alternativa viable, pese a los cuestionamientos al Gobierno. Quizá es momento para que las fuerzas en el Parlamento replanteen sus prioridades y promuevan agendas más concretas”, añade Sosa.

“La debilidad institucional del Congreso se trasluce en su alta desaprobación. En estos meses, no mostró cercanía a la ciudadanía en su labor de representación y ha resaltado por ser actor clave de la inestabilidad política”, anota la politóloga Marylía Cruz, profesora de la Universidad Católica, PUCP.

“La desaprobación a Alva (foto a la izquierda) continúa siendo alta. Recodemos que al inicio de su gestión se formó una comisión investigadora del proceso electoral. Además, no ha ejercido control político de modo constructivo, sino más como herramienta de amenaza política. Se han apoyado contrarreformas importantes como en educación y transportes. Hasta el momento, no se ha logrado concertación política en el Congreso para una agenda mínima de diálogo con el Poder Ejecutivo”, agregó Cruz.

Con estas debilidades, los promotores de la destitución de Castillo insisten en lograrlo con una decisión del Congreso. Así llegan a este día decisivo.

Otra encuesta, pero sobre indulto de Fujimori

Entretanto, en otra encuesta, cerca de un 52% de los peruanos está en contra del indulto que beneficio recientemente al exdictador Alberto Fujimori. Un 43% está sin embargo a favor.

La historia de Fujimori es larga y complicada: Presidente de Perú entre 1990 y 2000. Ganó las elecciones presidenciales de 1990, derrotando a Vargas Llosa, y puso en marcha un duro plan de ajuste para paliar la grave situación económica. El 5 de abril de 1992, con el apoyo del ejército, encabezó un autogolpe y disolvió el parlamento. Legitimó su situación en nuevas elecciones  con la agrupación Nueva Mayoría-Cambio 90 y redactó una nueva constitución acorde con su política. En los comicios de 1995 resultó reelegido por mayoría absoluta.

En el año 2000 volvió a ser elegido, pero las denuncias de corrupción forzaron su dimisión en noviembre del mismo año y buscó asilo en Japón con su nacionalidad nipona que tenía de nacimiento. Sin embargo Japón no lo acogió como asilado político, lo que lo obligó a retornar a Perú a través de Chile.

El 24 de diciembre de 2017, fue temporalmente beneficiado y liberado gracias a un indulto humanitario por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, aunque el 3 de octubre de 2018 el Poder Judicial anuló dicho indulto, ordenando su ubicación y captura.​ Horas después del veredicto, el ex mandatario fue internado en la clínica Centenario  pero el 23 de enero de 2019 regresó a cumplir su sentencia al penal de Barbadillo.​

Finalmente, el 17 de marzo de 2022, fue liberado de su condena gracias al hábeas corpus que presentó el abogado Gregorio Parco Alarcón y declarado fundado por el Tribunal Constitucional del Perú.