Por Enrique Fernández

Por primera vez, después de casi medio siglo, el Ejército chileno repudió los crímenes y violaciones a los derechos humanos que esa institución cometió durante los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El sorpresivo “mea culpa” es parte de un extenso documento que difundió el excomandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, horas antes de renunciar a su cargo el miércoles pasado. Y aunque el escrito de 120 páginas está fechado el 28 de febrero, la prensa no advirtió la profundidad de su contenido, preocupada como estaba de la delicada situación del general Martínez, Romy Rutherfordimputado por la jueza Romy Rutherford (foto derecha) dentro del proceso por fraude en los gastos reservados del alto mando (leer texto completo) (*).

El documento, titulado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos (conducta) militar”, también aborda la corrupción en que incurrieron todos los comandantes en jefe de este período. El primer eslabón de la cadena es el mismo Pinochet, con los 28 millones de dólares que mantenía en cuentas clandestinas en el Riggs Bank y otros bancos de Estados Unidos, según determinó en su momento el juez Sergio Muñoz.

Pero el mayor repudio quase busca expresar este Ejército del siglo XXI es a la participación de militares en crímenes, como los asesinatos del comandante en jefe René Schneider, el 21 de octubre de 1970, y el general Carlos Prats, despedazado por una bomba junto a su esposa Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974, un año después del golpe que encabezó Pinochet.

No menciona, en cambio, el asesinato del ex ministro de Defensa y ex Canciller Orlando Letelier, que murió junto a su secretaria Ronnie Moffit el 21 de septiembre de 1976, cuando una bomba estalló bajo su automóvil en pleno centro de Washington. (foto izquierda). Además del agente Michael Townley, en el asesinato intervino el entonces  capitán del Ejército Armando Fernández Larios, que años después desertó y se refugió en Estados Unidos..

Entre otros episodios “condenables” el informe destaca las decenas de fusilamientos que ejecutó, en octubre de 1973, la comitiva militar conocida como “Caravana de la Muerte”, durante un recorrido a lo largo del país recreado en el libro de Patricia Verdugo “Los Zarpazos del Puma”.

«Hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército en su mayoría de baja graduación jerárquica fueran procesados y condenados. Estas personas quedaron desvalidas de apoyo, ya que se asumió que las responsabilidades eran individuales», afirma el documento.

Al referirse a los más de mil detenidos desaparecidos cuyo paradero aún se desconoce, el general Martínez y sus colaboradores afirman que “este aspecto ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos».

En un primer acercamiento con el Ejército y las otras ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, hace 22 años, el presidente Ricardo Lagos recogió las conclusiones de una Mesa de Diálogo que integraron civiles y militares, para intentar esclarecer el destino de los desaparecidos. Sin embargo, los militares mantuvieron en gran medida su “pacto de silencio” y sólo entregaron una lista con el destino final de 200 prisioneros. De ellos, 122 figuran como “lanzados al mar” y 21 arrojados a ríos y lagos.

En este nuevo informe, el general Ricardo Martínez y los oficiales que participaron en su elaboración, admitieron la participación de militares en el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, en febrero de 1982, y el secuestro y asesinato del químico Eugenio Berrios (foto derecha), en noviembre de 1992, en una playa cercana a Montevideo.

«Las situaciones que se vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales», dice el texto. Pero agrega que «es injusto atribuir al Ejército en su conjunto, la responsabilidad por las distintas situaciones que han sido materia de investigación en los tribunales».

En consecuencia, ¿los asesinatos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos no se cometieron como un modelo sistemático planificado desde el alto mando? Es lo que sostiene el renunciado general Martínez, cuando atribuye la responsabilidad de estos crímenes a personas individuales y libera de culpas a la institución que comandó hasta esta semana.

La misma doctrina sería aplicable a los tres excomandantes en jefe, además del general Martínez, acusados de fraude en el llamado “Milicogate”.

«En el repudiable episodio del fraude, algunos integrantes del Ejército dejaron de cumplir los principios y valores que la sociedad y la institución exige y demanda al personal militar, traicionando la confianza, faltando a la probidad, vulnerando los procedimientos dispuestos y dañando la fe pública», advierte el informe, cuyo principal autor podría enfrentar también la acción de la justicia.

(*) Leer el informe completo en www.ejercito.cl