Estados Unidos entregó un regalo de investidura poco amistoso a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, quienes iniciaron este lunes un nuevo periodo como presidente y vicepresidenta de Nicaragua, respectivamente. 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones para 116 personas «que socavan la democracia, incluyendo varios funcionarios del ejército nicaragüense, así como para la ministra de Defensa de Nicaragua, Rosa Adelina Barahona Castro (foto izquierda), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo, y la estatal Compañía Minera de Nicaragua, según un comunicado de prensa. 

«El régimen de Ortega-Murillo continúa su subyugación de la democracia mediante la realización de elecciones falsas, el silenciamiento de la oposición pacífica y la detención de cientos de personas como presos políticos», dijo en un comunicado el subsecretario estadounidense de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. 

Ortega, de 75 años, fue elegido para un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del 7 de noviembre, que fueron ampliamente criticadas como «una farsa» después que siete candidatos presidenciales fueran detenidos y encarcelados en los meses anteriores a la votación. (leer todo en el archivo de Kradiario). El Departamento de Estado agregó que Nicaragua «sigue teniendo 170 presos políticos, y muchos de los detenidos sufren la falta de alimentos adecuados y de atención médica apropiada». 

El presidente nicaragüense Daniel Ortega tomó todas las medidas posibles para asegurarse un quinto mandato – y cuarto consecutivo – encarcelando a sus opositores y aprobando leyes que hacen casi imposible expresar críticas al gobierno sin ser acusado de traición. 

En los últimos seis meses 40 figuras de la oposición fueron detenidas, entre ellas los siete candidatos presidenciales ya mencionados, en su mayoría por cargos imprecisos de conspiración contra el Estado. 

Muchos de ellos están detenidos sin acceso a abogados o visitas de familiares. Como resultado, Ortega se mantiene prácticamente sin oposición, el resultado electoral de noviembre ha sido una mera formalidad que dejó a muchos votantes preguntándose por qué molestarse en concurrir a votar. 

En julio, Ortega acusó a Washington de intentar socavar las elecciones y de pretender «sembrar de nuevo el terrorismo» en Nicaragua. 

El exrevolucionario Ortega llegó al poder por primera vez en 1979 como parte de una amplia coalición, liderada por el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) de izquierdas, que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza, apoyada por Estados Unidos. Fue expulsado del poder en las elecciones de 1990, tras una guerra civil que duro una década y fue financiada por la administración de Ronald Reagan. 

En 2006, Ortega regresó al poder, presentándose como un católico devoto y tratando de aliarse con la élite empresarial conservadora del país. 

Desde entonces, eliminó los límites del mandato presidencial y nombró vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo. 

«La comunidad internacional puede y debe reconocer que las elecciones fueron fraudulentas, que se realizaron en condiciones que no son en absoluto democráticas y que, por tanto, los resultados fueron ilegítimos», dijo Eric Farnsworth, director en Washington del Consejo de las Américas. 

Dilema para los latinoamericanos 

La reelección de Ortega ha planteado un dilema a los gobiernos latinoamericanos a la hora de decidir si enviaban representantes a la ceremonia de investidura. 

La ceremonia se realizó en la Plaza de la Revolución de Managua y fue televisada por todos los canales estatales. 

El domingo, México dijo que enviaría a un funcionario de relaciones exteriores de nivel medio, y luego dijo que no lo haría. Al final, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que enviaría al encargado de negocios de la embajada mexicana en Managua. 

La lista de asistentes incluye a representantes de varios países no democráticos, como China, Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria. 

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) envió una carta abierta a las delegaciones de la juramentación de Ortega. 

«Tengan por seguro que ahí no estará presente la mayoría de Nicaragua, ni su voluntad», la antigua líder del partido sandinista. «Muchas y muchos de ustedes saben de la represión estatal, pues han acompañado, denunciado y también la han experimentado en muchos de sus países. Les pido que salgan a las calles, que pregunten por los asesinados, por las madres que lloran a sus hijos, por los familiares que en un diario peregrinar se acercan a las cárceles y celdas policiales llenas de presos políticos que son inocentes y viven una situación de detenciones arbitrarias, aislamiento, incomunicación y tortura», añadió. 

Desde la votación, el régimen de Ortega ha recibido varias rondas de condenas y sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. 

En un voto en la Organización de Estados Americanos, 25 países condenaron las elecciones, diciendo que «no fueron libres, justas ni transparentes, y carecen de legitimidad democrática». Siete países, entre ellos México, se abstuvieron. El gobierno de Nicaragua respondió anunciando que se retirará del organismo regional. 

La lista de los 116 personas (en lista negra) anunciada este lunes por el Departamento del Tesoro de EE UU impone restricciones de visado a «alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares,» dijo Anthony Blinken, secretario de Estado de EE UU. 

«En concierto con las democracias de la comunidad internacional, Estados Unidos continuará denunciando los continuos abusos del régimen Ortega-Murillo y desplegará herramientas diplomáticas y económicas para apoyar la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua», dice el comunicado.