La violencia en la Araucanía es terrorismo puro. La quema de 31 casas, este martes, fue intencional y un atentado para lograr amedrentar al tribunal que este viernes dará a conocer la condena contra los autores del vil asesinato del comunero Eleodoro Raiman ocurrido en diciembre de 2019.
Ya no se trata de un conflicto político, de derecha o de izquierda. La agrupación Resistencia Mapuche Lavkensche» se adjudicó dichos ataques incendiarios que afectaron a 31 casas de veraneo en el sector de Lincuyin, en la Región de Arauco, solamente para lograr la liberación de los implicados en el asesinato de Raiman.
Estos son: Esteban Huichacura Leviqueo, FranciscoMedina Huichacura, Manuel Huichacura Leviqueo, Carlos Huichacura Leviqueo, Matías Leviqueo Concha, Eliseo Raiman Colimán, Guillermo Camus Jara y Bernardo Camus Parra.
Con Piñera o Boric seguiremos activos dijo la agrupación en un comunicado que definió a los descarados ya culpables como presos políticos del Estado de Chile.
Los hechos ocurrieron además cuando se supone que las Fuerzas Armadas controlan la zona debido al estado de excepción vigente para la Araucanía. Es decir ya no se respeta ni siquiera a los militares.
La «Resistencia Mapuche Lavkenche» no sólo se adjudicó los atentados del martes en Contulmo sino también otros cometidos desde noviembre, todos en represalia por la sentencia contra los ocho asesinos.
Advirtió que sus acciones continuarán mientras las empresas turísticas y forestales se mantengan en la Macrozona Sur.
A esto la Federación de Turismo (Fedetur) declaró que «requerimos que el Estado se haga cargo, o en esas zonas será imposible que nos pongamos de pie».
Efectuaron estas acciones en represalia a la sentencia que los ocho comuneros mencionados recibirán el viernes 24 de diciembre por el crimen de Raiman, hecho ocurrido en un camping de Contulmo. Pese a que el delito no tiene relación con la causa mapuche, los condenados se han autodenominado presos políticos y solicitado su liberación.
«El Gobierno y el payaso coordinador de la ‘macrozona’ Pablo Urquízar insisten en hablar de un crimen a mansalva, pero eluden el fondo del asunto que condenará a decenas de años de cárcel a nuestros peñi, lamuen de Elicura (…) Sabemos que el Estado castigará a nuestros hermanos, humillará sus familias y hará ver de víctimas a los traidores», repudió el grupo en su comunicado.
«Frente a esta farsa jurídica y mediática es que nos alzamos al weichan, empuñando nuestras tralkas y fuego justiciero. Porque si no hay justicia winka, siempre habrá justicia mapuche (…) Somos un pueblo que avanza hacia su liberación y eso implica, sépanlo, expulsar a los usurpadores históricos, los verdaderos terroristas, porque sólo así volverá a surgir la vida mapuche», enfatizó.
«Mientras las forestales y empresas de áridos sigan devastando nuestro territorio, las empresas turísticas sigan lucrando de nuestros recursos y las cárceles del sur continúen llenas de mapuche, el weichan no parará. Ni con Piñera ni con Boric».
El presidente de Fedetur, Ricardo Margulis, lamentó que el incendio de las 31 cabañas «es otro hecho que agrava la crítica situación del turismo en esa zona del país, que en los últimos años ha sido afectada de manera grave por distintos atentados de este tipo».
«Este nuevo atentado no sólo destruye infraestructura de turismo, sino que también destruye el sueño de un empresario pyme que entrega trabajo y oportunidades a familias, que gracias al turismo pueden surgir y alcanzar bienestar económico y social. Ellos son las verdaderas victimas de toda esta violencia», remarcó.
Por ello, consideró que «la condena a la violencia desde todos los sectores es fundamental pero no suficiente para enfrentar este flagelo: Se requieren acciones eficaces y la voluntad real para frenar a los grupos violentistas, y desde el sector turismo requerimos que el Estado se haga cargo del problema, o en esas zonas será imposible que nos pongamos de pie».
La Fiscalía solicitó una pena de 14 años de cárcel para los ocho comuneros mapuches declarados culpables del homicidio de Eleodoro Raiman Coñuel en la comuna de Contulmo, Región del Biobío.
Además, por el delito de homicidio frustrado contra los nietos de esta víctima, por el que también tuvieron veredicto condenatorio, el Ministerio Público busca una pena de ocho años de presidio.
«Yo he solicitado penas de 14 años para el caso del homicidio consumado, de ocho años para el caso del homicidio simple frustrado y de 300 y un día en el caso de las lesiones menos graves. También hay que considerar que uno de los imputados fue condenado por tenencia ilegal de arma de fuego, municiones y por receptación», detalló el fiscal Juan Yáñez.
Pese a esto, el persecutor dio cuenta que la sentencia «va a pasar mucho por las consideraciones que tome en cuenta el tribunal, porque pueden considerar todo como una sola pena y aumentarla en uno o dos grados. Bajo ese prisma, ellos podrían ser condenados a presidio perpetuo o penas independientes unas de otras».
