El Gobierno peruano  dispuso, apoyar a la policía nacional  con las fuerzas militares ante el incremento desmedido de la criminalidad en Lima y Callao. 

Como era de esperar, de inmediato se escuchó la protesta de las  organizacions de derechos humanos. 

Las congresistas que representan a la provincia constitucional del Callao, Patricia Chirinos, de Avanza País, y Noelia Herrera, de Renovación Popular (de orientación derechista), fueron las que solicitaron al Ejecutivo (de orientación comunista)  que aplicara esta medida en la lucha contra la criminalidad en el primer puerto peruano. 

Según el texto de la resolución suprema n.° 191-2021-IN, que autoriza la intervención de las FFAA en apoyo a la PNP con la finalidad de “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales” en Lima y Callao, la norma se fundamenta en un informe de la Oficina de Planeamiento Operativo Institucional (OFIPOL) de la Policía.

Dicho documento recomienda la expedición de una norma que permita la intervención de los institutos castrenses, debido a que, “en lo que va del año, se advierte un incremento significativo del índice delictivo (en Lima y Callao), en las que operan organizaciones delictivas dedicadas, ente otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y que han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la PNP”. 

Chirinos y Herrera reconocieron en sus respectivas cuentas de Twitter que entregaron al ministro del Interior, Luis Barranzuela, la intervención de las FFAA en respaldo a la PNP, pero solo para el puerto de Callao. 

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que las legisladoras Patricia Chirinos y Noelia Herrera promovieron la norma, basándose en cifras que indican que el crimen organizado, especialmente en el Callao, registra un importante aumento. 

Sin embargo, la resolución suprema n.° 191-2021-IN es criticada por diferentes sectores, los que coinciden en que a los institutos castrenses no les corresponde las labores de la seguridad ciudadana, informó el diario La República en Lima. En esta línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos demandó al Ejecutivo la derogatoria de la resolución suprema porque es satisfacer una demanda antidemocrática del espectro político conservador. “No se responde a la violencia con más violencia. Ninguna razón de estado la puede justificar”, expresó la CNDDHH. 

Mientras, el director para América de Human Richt Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, recordó que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”. 

A su vez,  Amnistía Internacional, también manifestó su preocupación “por la resolución que autoriza la intervención de las FFAA en apoyo de la PNP”. 

La exministra de Defensa durante el gobierno de Francisco Sagasti Nuria Esparch resaltó que “el uso de las FF AA solo puede ser para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus libertades y derechos, y no para atentar contra las garantías constitucionales”.

Y añadió: “Por ello, es fundamental delimitar con claridad el apoyo requerido”, algo que no se precisa en la resolución suprema 191-2021-IN. 

Esparch recordó que la Policía Nacional cuenta con 120 mil efectivas, en tanto que los institutos castrenses tienen 90 mil uniformados. 

De acuerdo con cifras policiales publicadas por La República el 18 de octubre de este año, en 2020 se cometieron 447 homicidios, de los cuales el 31% fue por sicariato. Y en Callao se produjeron 127 crímenes, el 45% consumado por sicarios.