El máximo tribunal de EEUU decididó no bloquear la nueva  ley de Texas que entró en vigencia esta semana y que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo, convirtiéndose así en la normativa más restrictiva en todo el país.

La Corte Suprema de Justicia -en un fallo muy comentado este jueves -se negó a bloquear la ley de Texas.

La decisión es la respuesta a una solicitud de emergencia que habían introducido ante el máximo tribunal decenas de proveedores texanos de servicios de salud que ofrecen procedimientos seguros a mujeres que desean interrumpir sus embarazos.

La decisión, que se cerró con un voto de 5 a 4, no anuló, como se pensaba, la ley antiaborto más restrictiva desde que se permitió este procedimiento médico en un fallo histórico en 1973.

El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., se unió en desacuerdo a los tres miembros liberales de la corte. La opinión de la mayoría fue breve y sin firmar. Argumenta que los proveedores no habían sido claros frente a cuestiones de procedimiento «complejas y novedosas».

«Hacemos hincapié en que no pretendemos resolver definitivamente ningún reclamo jurisdiccional o sustantivo en la demanda de los solicitantes. En particular, esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas y de ninguna manera limita otras impugnaciones procesalmente adecuadas a la ley de Texas, incluso en los tribunales estatales de Texas», se lee en el fallo.

Con su plena vigencia, la ley de Texas se convierte así en la restricción más dramática al derecho al aborto en Estados Unidos.

Este jueves, el presidente Joe Biden dijo en un comunicado que la ley es un «asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer bajo la decisión Roe v. Wade, que ha sido la ley federal por casi 50 años».

Agregó que está lanzando al «gobierno entero» a los esfuerzos para responder a la legislación texana, pidiendo al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al Departamento de Justicia para que vea «qué pasos puede tomar el gobierno federal para asegurarse de que las mujeres en Texas tengan acceso a abortos legales y seguros».

La ley de Texas prohíbe el aborto una vez que se pueda detectar un latido fetal, lo cual ocurre alrededor de las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan incluso que están embarazadas. Ese es justo el tiempo en que entre el 85% y 90% de las mujeres en Texas recurren al procedimiento, con lo cual quedarían casi sin acceso a un aborto seguro. De hecho, algunas clínicas en el estado estaban negando las consultas a pacientes desde mediados de agosto como consecuencia de esta ley.

«El resultado es que muchas texanas se verán obligadas a tener embarazos en contra de su voluntad», aseguró la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) el martes, antes de que se diera a conocer el fallo del Supremo.

Esta ley, la SB8, contradice el precedente de la Corte Suprema en Roe vs. Wade en 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos. Ese fallo se reafirmó en 1992 con el caso Planned Parenthoold vs. Casey, que acordó que restringir el aborto a nivel estatal antes de la llamada ‘viabilidad fetal’ es inconstitucional.

«El daño que causará esta ley será insuperable para demasiadas personas en Texas, particularmente para las personas negras, latinas, indígenas, aquellos con bajos ingresos y personas en áreas rurales que ya enfrentan barreras significativas», dice en un comunicado Alexis McGill Johnson, presidenta de la Federación Planned Parenthood of America.

Al menos otros 12 estados han promulgado prohibiciones sobre el aborto en etapas tempranas del embarazo, pero la entrada en vigor de estas ha terminado siendo bloqueada.

Incluso si la Corte Suprema llegara a bloquear la aplicación de esta ley, los proveedores de servicios de aborto aún podrían ser considerados «legalmente responsables» por los abortos realizados después de que la ley entrara en vigor este miércoles 1 de septiembre y antes de quel el tribunal superior la bloqueara, dijo al Texas Tribune John Seago, director de la organización antiaborto ‘Texas Right to Life’.

Proveedores y médicos también temen caer en bancarrota por una avalancha de demandas contra ellos y sus empleados, ya que bajo la nueva ley SB8 los demandantes no tienen que proporcionar ninguna conexión personal con la persona o entidad a la que demandan.