Por Walter Krohne
Anular el embargo por 50 años del contenido del documento elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura –conocida como “Comisión Valech, es otra «aberración» que plantean los constituyentes que recibieron el mandato del pueblo para redactar una propuesta de nueva Constitución para Chile y no a dedicarse a intentar cambiar la historia chilena o, mejor dicho intentar cambiar las decisiones que se adoptaron tras el brutal régimen militar de Augusto Pinochet.
El punto ha generado un amplio debate público en el que ha intervenido directamente el expresidente Ricardo Lagos, quien precisamente durante su mandato se dispuso la creación de la citada Comisión, encabezando ahora una carta abierta de varias personalidades en la que se rechaza tajantemente esta nueva «genial» propuesta de los constituyentes, como informó La Tercera.
El escrito -dirigido a la mesa directiva de la Convención liderada por Elisa Loncon y Jaime Bassa, además de los coordinadores de la Comisión de DD.HH- también es respaldado por María Luisa Sepúlveda, exsecretaria ejecutiva, además de cinco comisionados de la instancia: Elizabeth Lira, Luciano Fouillioux, Álvaro Varela, Miguel Amunátegui y Lucas Sierra.
Aparte de esta «propuesta», en la misma ocasión, el pasado sábado en la madrugada, y en el mismo documento se establecen una serie de propuestas, como abordar el reemplazo de Carabineros (ver Kradiario – edición de este lunes); que ninguna calle, monumento, memorial, entre otros lleve el nombre de algún violador de los derechos humanos, además de lo referente a la Comisión Valech.
Justamente este último punto, igual que el reemplazo de Carabineros, han generado un amplio debate público. Y de hecho el expresidente Ricardo Lagos Escobar, quien dispuso la creación de la citada Comisión Valech, encabezó como firmante la carta remitida al órgano constituyente que rechaza dicha propuesta.
En la madrugada del último sábado la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional terminó de debatir y votar las normas de su propuesta para el reglamento interno del órgano constituyente.
“Es fundamental considerar que un número importante de las víctimas presentaron sus testimonios sabiendo que sus casos no serían revelados al público, incluyendo las formas de ejecución de los tormentos que sufrieron”, señalaron los citados firmantes en la carta a la que accedió La Tercera.
Agregaron que “sin pronunciarnos sobre la competencia que tendría o no la Convención Constitucional para hacer una cosa así, creemos que ella afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias”.
En ese sentido, señalaron que “las víctimas, muchas fallecidas y entre las que viven, en su gran mayoría ya adultos mayores, merecen que se les respeten sus dolores, al igual que sus cónyuges, parejas, hijos e hijas, nietos y nietas, que en muchos casos no han conocido por años los tormentos sufridos por sus familiares directos”.
“Con máxima convicción creemos que los antecedentes que publicó la Comisión Valech, han sido de gran valor para las personas que sufrieron prisión política y tortura (…) Fue al menos un reconocimiento aunque tardío que les contribuyó a sanar en parte las heridas tan profundas sufridas y con ello al progreso de las investigaciones judiciales posteriores hasta entonces virtualmente no realizadas”, complementaron.
Por todo lo anterior, Lagos y los demás integrantes de la Comisión Valech señalaron que “nos vemos en la obligación de hacer un llamado a la mantención del secreto de la información particular de cada víctima”.
En el capítulo “Personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura de dicha instancia se lee:
“La Comisión ha reconocido la condición de víctima de prisión por razones políticas y de tortura a través de un proceso colegiado de evaluación de los antecedentes de cada caso en particular, dirigido a la identificación de elementos de juicio objetivos, que permitieran formarse convicción moral sobre dicha condición.
«Cada caso y cada detención fue objeto de un riguroso proceso de análisis que comprendió la validación de la información proporcionada por los declarantes por medio de investigación documental, antecedentes provenientes de organismos públicos, referencias de organismos de derechos humanos, de organizaciones de víctimas, información de testigos calificados, investigaciones en bases de datos disponibles y, en un número significativo de casos, mediante una segunda entrevista a la víctima o a testigos.
«Como se expone en el capítulo sobre los métodos de trabajo, un número considerable de personas que prestaron testimonio ante la Comisión adjuntaron certificados de los organismos que practicaron la detención o mantuvieron a los detenidos en recintos de su dependencia. Otras presentaron documentos tales como salvoconductos, tarjetas de control, certificados de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), sentencias judiciales o piezas procesales que dan cuenta de la privación de libertad».
En este largo trabajo participaron diversas entidades chilenas y extranjeras o internacionales, como Cruz Roja, la ONU, la OEA y la OIT. Entre las nacionales el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, Vicaría de la Solidaridad, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), y Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), entre otras. Igualmente se recurrió, además, en los casos que correspondía, al examen de procesos judiciales, especialmente entre los años 1980 y 1990.
