Por Enrique Fernández
Llegaron para desplazar a los viejos. Los viejos fascistas, corruptos, sinvergüenzas y apernados en el poder. Ellos, los jóvenes, traerían aires progresistas, de limpieza y honestidad, con nuevos y sanos políticos.
No fueron los primeros salvadores de la democracia, por cierto. Hace ya 70 años, el general Carlos Ibáñez del Campo –que fue dictador entre 1927 y 1931- ganó la elección de 1951 y se convirtió en Presidente con el símbolo de la escoba. Con ella prometió barrer a los políticos y erradicar las malas prácticas de la política.
Pasaron poco más de 20 años y otro general, el dictador Augusto Pinochet, declaró la guerra a los “señores políticos”, como llamaba a sus opositores. Esa guerra dejó más de 3.000 muertos y desaparecidos, además de decenas de miles de torturados, relegados y exiliados.
– Yo dejo crecer la mala hierba, pero cuando crece la corto de raíz –advertía Pinochet a los “señores políticos”, con una sonrisa que pretendía ser irónica. Por eso clausuró el Congreso, prohibió la existencia de partidos y sindicatos y controló el Poder Judicial.
– Los políticos son zánganos con piel de oveja –agregaba, poniéndose serio.
Pero cuando llegó el momento de saber qué pensaba la ciudadanía, Pinochet perdió la guerra. Los políticos lo derrotaron en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y no pudo seguir en el poder por otros ocho años.
Se restableció así la democracia. Pero con el paso del tiempo, la corrupción fue envolviendo a los líderes de la derecha y la izquierda. Estallaron escándalos como los sobornos del Grupo Penta y la compañía SQM (encabezada por el ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou); el caso Caval, protagonizado por el hijo y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, y la penetración del tráfico de droga en la Municipalidad de San Ramón, cuyo ex alcalde Miguel Ángel Aguilera cumple ahora prisión preventiva.
Entonces llegaron los jóvenes políticos que se definen como independientes. Independientes contrarios al modelo neoliberal y a las viejas prácticas de los partidos de la derecha y la izquierda. Hicieron suya aquella consigna de que “no son 30 pesos, son 30 años”. Se proclamaron herederos del estallido social de octubre de 2019 y afirmaron representar a las voces de la calle.
Apoyaron la opción del “Apruebo” en el plebiscito de octubre pasado para crear una nueva Constitución a través de una Convención Constitucional. Y agrupados en la “Lista del Pueblo”, obtuvieron 27 de los 155 escaños acordados para los convencionales. La suya fue una contribución decisiva, porque los grupos conservadores de “Chile Vamos” quedaron sin derecho a veto, ya que no pudieron elegir a un tercio de los delegados, como esperaban.
Sin darse cuenta, estos jóvenes anti políticos asumieron la misma actitud del general de la escoba. Se situaron en la misma vereda del dictador que mantuvo el poder por 17 años. Se identificaron de manera inconsciente con aquellos sectores conservadores que reniegan de los políticos, pero los utilizan para promover un golpe de Estado o aprobar una ley que los beneficie. No advirtieron estos nuevos salvadores que le estaban haciendo el juego al fascismo, porque son herederos de un sistema educacional en el que no figuraban la Educación Cívica, ni la Historia, ni la Filosofía.
Carentes de formación cívica y de una ideología sólida, pero llenos de entusiasmo, cayeron en las mismas “malas prácticas” de los viejos políticos. A poco andar, 10 de sus 27 representantes en la Convención Constitucional renunciaron a la “Lista del Pueblo”. La candidata que pensaban postular al Senado, Fabiola Campillai, también renunció al apoyo de ese movimiento y se declaró “independiente” poco antes de inscribir su candidatura.
A pesar de estos percances, designaron candidato presidencial al ex líder minero Cristián Cuevas, pero un sector de la lista objetó el procedimiento. Mediante una rápida consulta lo reemplazaron entonces por el representante mapuche Diego Ancalao, ex militante de la Democracia Cristiana y del Partido Regionalista Independiente, PRI (otra vez “independiente”),
El dirigente, de 40 años, inscribió su candidatura el 23 de agosto y horas después el Servicio Electoral (Servel) la rechazó, porque la notaría que autorizó 23.135 firmas del patrocinio no existe desde hace dos años. Y el notario Patricio Zaldívar, que supuestamente validó esas firmas, murió hace seis meses.
“Arruinaron mi carrera”, dijo Ancalao, al anunciar que interpondrá un recurso de protección ante la Justicia. La misma justicia ante la cual compareció al menos dos veces en los últimos nueve años, acusado de falsificación de documentos.
Después de comprobar el fraude en la inscripción, el Servel se propone efectuar una auditoría para verificar las firmas de los miembros de la “Lista del Pueblo” y otros convencionales. ¿Y qué ocurrirá si aparecieran nuevas firmas falsas entre los convencionales? ¿Tiene facultades alguien para inhabilitarlos y separarlos de sus cargos?
Es improbable, según estima el constituyente Fernando Atria, profesor de Derecho Constitucional. Pero si así ocurriera, la minoría conservadora de la Convención podría alcanzar el codiciado tercio de los delegados, para vetar las reformas y mantener la Constitución que hace 41 años hizo aprobar el general Pinochet.
¿Y de quién sería el mérito? De los nuevos señores políticos.