En votación unánime, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema condenó al Estado al pago de $1.000 millones por concepto de daño moral a los cuatro hijos del matrimonio de Werner Luchsinger (75) y Vivianne Mackay (69 años), quienes fueron quemados en el Fundo La Granja Lumahue, en Vilcún, la noche del 4 de enero de 2013, crimen por el que está condenado Celestino Córdova.

Este jueves se dio a conocer el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que condenó al Estado de Chile, en favor de los hijos por no haber brindado la debida protección a sus padres.

Tras conocerse el fallo de la Suprema, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli (derecha), expresó que “como gobierno no nos corresponde comentar los fallos judiciales”, para luego destacar el trabajo del máximo tribunal.

“En este caso, un grave homicidio cometido en contra de la familia Luchsinger-Mackay, el Estado actuó. Carabineros detuvo a los involucrados y gracias a ello, logramos condenas en contra de José y Luis Tralcal, y Celestino Córdova por incendio con homicidio. Esas personas están hoy día cumpliendo condena por ese grave delito”, dijo el subsecretario.

Para la Tercera Sala, que presidió la ministra Ángela Vivanco, la responsabilidad del Estado «está fundada en la falta de servicio». Ello, señala el fallo de este jueves 5 de agosto, a que «no obstante ser conocidas por las autoridades de la zona las amenazas que había recibido la familia Luchsinger Mackay; y teniendo en cuenta, además, que el día de los hechos, se trataba de la fecha en que murió el comunero Matías Catrileo Quezada, en el Fundo Santa Margarita», que entonces era de propiedad del primo hermano de Luchsinger, no se les dio protección. Ello, agrega, «permite colegir, sin lugar a dudas, el ambiente de tensión que reinaba en el sector y que llevó, incluso, a que existiría, como lo reconoce el demandado, a un reforzamiento de la seguridad en los alrededores».

La Suprema revocó así el fallo de primera instancia, que había rechazado la demanda de la familia, que fue representada por el abogado Fabrizio Sobino. Y recapituló la serie de amenazas que recibió el matrimonio previo al crimen.

Asimismo, dado el contexto que se describe, los jueces señalaron que «en esas particulares circunstancias, le era exigible a las Fuerzas de Orden y Seguridad, para ese día, respecto de los Luchsinger Mackay, la obligación de considerar el inmueble de estos como un punto al cual se debía resguardar».

Como parte de las pruebas, en la causa no solo se adjuntaron las amenazas que recibió la pareja, sino también los testimonios de los hijos Jorge Andrés, Karen Else, Jaime Alejandro y Mark Javier.

También, testificó el abogado de la familia, Carlos Tenorio, quien fue su representante en el proceso criminal.

El fallo fue firmado por los ministros Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Jorge Zepeda y los abogados integrantes Leonor Etcheberry y Gonzalo Ruz.

La machi en el caso

En el caso Luchsinger-Mackay se mencionó como implicada, durante las primeras investigaciones, a la actual constituyente la machi Francisca Linconao, pero tras ser detenida e interrogada fue descartada del proceso.

El 16 de mayo pasado la machi (62) obtuvo la más alta votación, entre los candidatos para ocupar los escaños reservados de la Convención. Con el 7,1% de las preferencias, se convirtió en la candidata más votada para ocupar uno de los escaños reservados de los pueblos originarios.

Sobre el caso Luchsinger-Mackay, el diario La Tercera publicó que la machi  resultó absuelta tras haber estado cuatro veces en prisión preventiva, con huelga de hambre incluida. En su programa como constituyente pide que «cualquier violación a los derechos humanos, cometida por agentes del Estado o amparados por él, debe ser castigada, sea dentro de la justicia chilena o a nivel internacional”.