Por Roberto Mejía Alarcón
Más allá de lo expresado en el Congreso de la República, por el presidente constitucional, profesor José Pedro Castillo Terrones, en los campos de la salud, de la economía y de la problemática social, desde ya complejos y ambiciosos, hay que saludar el advenimiento de una forma diferente de gobernabilidad. El mandatario, quien en la realidad es un ciudadano de a pie como millones de compatriotas, ha dicho que la gobernabilidad desde ahora será con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Los indicios iniciales de tal decisión política se advierten cuando adelanta cambios profundos en la atención de la salud pública, en forma universal y descentralizada, atención que tanto daño viene causando sobre todo a la población marginada del bien común; en la educación que merece ser impartida como verdadero derecho fundamental y reivindicando al maestro en lo social; en lo económico con una visión real de la realidad nacional, sin recurrir a medidas que podrían afectar la propiedad privada y la inversión, pero sí con acciones para el efectivo desarrollo de la agricultura y de las actividades mineras y energéticas en procura de los recursos económicos que se requieren para el progreso de la nación.
Es posible que en estas semanas inmediatas surjan opiniones que manifiesten sus desacuerdos con este primer mensaje a la nación, pero ello creo que forma parte del derecho a la libertad de expresión. De tal manera que hacerlos públicos no debe llamar la atención, salvo aquellos en que se perpetren excesos y que simplemente constituyen actos de libertinaje y que, por tanto, merecen el repudio de quienes hacen uso de los medios de comunicación como servicio social, es decir de respeto pleno a la vida en democracia.
Volviendo al tema de la gobernabilidad con participación del pueblo, para y por el pueblo, me pregunto cómo inducir la representatividad, en el procesamiento de demandas y en las instancias decisorias, de los propios sectores rezagados, en aras de alcanzar la democratización real del sistema político y los vínculos con que el Estado asigna recursos a la sociedad; cómo movilizar el veto activo de amplios contingentes de la sociedad civil para combatir la corrupción, el clientelismo o la burocratización en los procesos decisorios; cuáles son las demandas prioritarias y susceptibles de convertirse en ejes de movilización social para proveer un sustrato político adecuado al desarrollo con equidad.
Me dirán que para eso se ha pensado en presentar un proyecto de reforma de la Carta Magna o mejor aún de una nueva Constitución Política. La prudencia y el tacto político aconsejan ello, es cierto. El problema, sin embargo, se convertirá en una problemática mayor cuando llegue al Congreso de la República, en donde hay voces y pensamientos disímiles y, en consecuencia, escenario de debates muy controvertidos. Aquí ojalá primen la esperada prudencia y tacto, todo ello con el mejor deseo de construir el camino de una democracia real. El gobierno del profesor Castillo no tiene mayoría en el Parlamento, tampoco la oposición. Esta última, sin embargo, con proclividad a favor de los poderes fácticos, sobre todo de orden económico. Ojalá, entonces, que mediten y ejerzan la representación, pensando sobre todo el bienestar del pueblo. No es una solicitud más. Es una exigencia y un anhelo popular de gran valor social.
