Por Enrique Fernández

Parecía imposible pero sucedió. Fue el pasado domingo 4 de julio cuando, a pesar de las tensiones previas, se inauguró la Convención Constitucional. Parecía imposible y sin embargo hace 50 años, el 11 de julio de 1971, el Senado y la Cámara de Diputados, en una solemne sesión del Congreso Pleno, aprobaron por unanimidad la reforma constitucional que nacionalizó el cobre.

Desde comienzos del siglo XX, los grandes yacimientos cupríferos del país fueron explotados por compañías norteamericanas que se beneficiaron con cuantiosas ganancias. Aun así, los impuestos que esas empresas pagaban y los capitales que reinvertían representaban, en conjunto, más del 60% de los ingresos que el país recibía por sus exportaciones.

Chile no era exportador de frutas, ni maderas, ni manufacturas y a nadie se le había ocurrido plantear la utopía del libre comercio. Por eso el cobre era “el sueldo de Chile”, como decía el presidente Salvador Allende, o “la viga maestra de nuestro desarrollo”, en palabras de Eduardo Frei Montalva.

¡Unanimidad!

¿Quién se habría imaginado entonces que la nacionalización del cobre, la medida más revolucionaria del presidente Allende (1970-1973), contaría con los votos de la derecha, aliada del gran capital norteamericano y celosa defensora de la propiedad privada y la libre empresa? El gobierno del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) había acordado una «nacionalización pactada» con las compañías norteamericanas. De ese modo el Estado chileno se asociaba con ellas para la explotación de los yacimientos.

Una de las grandes obras del Presidente Salvador Allende Gossens fue lograr la unanimidad en el Congreso para aprobar la nacionalización del Cobre.

El proyecto de Allende (en la foto derecha), en cambio, consideraba la nacionalización «sin apellido» de las cinco grandes minas del país: Chuquicamata, La Exótica y El Salvador -en poder de la Anaconda Copper Mining-, Andina -en manos de la Cerro Corporation- y El Teniente -explotada por la Braden Copper, filial de la Kennecott Copper Corporation-. Uno de los grandes fundamentos de la propuesta era la cifra de 3.700 millones de dólares que esas empresas obtuvieron de ganancias entre 1930 y 1969.

Hablar hoy de 3.700 millones de dólares puede parecer una cifra menor, considerando que los retiros del 10% de los fondos previsionales desde las administradoras privadas representan 10 veces esa cantidad. Pero es un monto enorme de utilidades, si nos situamos en la realidad que el país vivía hace 50 años.

«Quiero destacar que 3.700 millones de dólares es el 40% de la riqueza total de Chile, del esfuerzo acumulado durante 400 años por todos los chilenos», señaló Allende, cuando el 21 de diciembre de 1970 firmó el proyecto de reforma constitucional que posibilitaría la nacionalización.

¿Por qué una reforma constitucional?

Porque era necesario establecer en la Constitución que sólo el Estado tendría derecho de propiedad sobre los yacimientos. Por eso, junto con firmar el proyecto, el presidente socialista planteó un desafío adicional: «Yo reclamo -dijo- que estén junto a nosotros aquéllos que no tienen nuestro mismo domicilio político ni nuestras mismas ideas, pero que piensan en Chile y en su destino. El paso que vamos a dar, absolutamente dentro de los cauces legales, seguramente será distorsionado a escala internacional y también resistido por un grupo pequeño de malos chilenos».

Es decir, el mandatario quería que la reforma fuera aprobada por la unanimidad de los 45 senadores y 147 diputados, incluso con el voto favorable de los sectores más conservadores. Y así ocurrió, cuando el Congreso Pleno, en aquella sesión que presidió el senador Patricio Aylwin, aprobó su proyecto con 188 votos a favor y ninguno en contra.

El acuerdo fue unánime porque, al margen de las fuerzas políticas, los empresarios, los agricultores, los comerciantes y los trabajadores respaldaban esta iniciativa. El comandante en jefe del Ejército de la época, general Carlos Prats, y el cardenal Raúl Silva Henríquez, también apoyaron la nacionalización, como una forma de avanzar hacia la independencia económica del país.

Nueva Constitución

Si algo de ese espíritu se proyectara a nuestro tiempo, los 155 constituyentes de la Convención deberían aprobar una nueva Carta que permita recuperar la principal riqueza natural de Chile, que hoy mayoritariamente está en manos de empresas privadas.

Cincuenta años después, las grandes minas nacionalizadas aquel domingo 11 de julio siguen en manos del Estado, a través de la administración de CODELCO (Corporación del Cobre). Más de alguien tuvo dudas sobre la capacidad de los ingenieros, técnicos y trabajadores chilenos para reemplazar a los norteamericanos que manejaban las grandes minas. Pero CODELCO tomó en sus manos la tarea y se convirtió en la principal empresa productora de cobre a nivel mundial. Empresa estatal, además.

Cuando los militares se alzaron contra el presidente Allende -que se suicidó en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973-, emprendieron una serie de medidas para «restablecer la institucionalidad quebrantada»: Devolvieron a sus antiguos dueños las tierras expropiadas por el Estado durante la reforma agraria, terminaron con la intervención estatal en bancos y empresas. Pero no se atrevieron a devolver las minas de cobre a las compañías norteamericanas, pese a que el golpe que instaló en el poder al general Augusto Pinochet contó con el respaldo de Washington y la CIA (Agencia Central de Inteligencia).

Lo que Pinochet hizo en cambio fue entregar «concesiones» a otras empresas extranjeras que llegaron a Chile para explotar nuevos yacimientos como La Escondida , Los Pelambres o Mantos Blancos. Los gobiernos de la Concertación siguieron ese mismo camino y dieron la bienvenida a los 18.000 millones de dólares que las compañías trasnacionales invirtieron entre 1990 y 2002.

Pero en forma paralela, CODELCO aportó a Chile beneficios que superaron los 5.000 millones de dólares anuales antes de la pandemia.

Ninguno de los candidatos presidenciales para la elección de noviembre se ha pronunciado hasta ahora en favor de una “renacionalización del cobre”, para honrar el mandato constitucional aprobado hace 50 años. Es un desafío y una oportunidad para los convencionales que sellarán la muerte de la Constitución de Pinochet.