Violación de los derechos humanos en varios países latinoamericanos con informes de la ONU que dicen  poco o nada

Sobre Venezuela, el informe de la chilena Michelle Bachelet es muy leve al decir solamnte haber recibido informes de «algunas golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación».

Su  oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU reportó este viernes  en un nuevo informe  que han continuado recibiendo desde Caracas denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos.

El documento reveló nuevos casos de personas que han sido sometidas a desapariciones forzadas y que se han mantenido incomunicadas. En esos casos, las autoridades del régimen de Nicolás Maduro se han negado a informar el paradero con los abogados y familiares de estas personas, publicó el diario caraqueño El Nacional.

«Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”, dijo el organismo.

Hay  nueve casos documentados por la ONU sobre golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación”. Las personas “fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”, señaló el informe.

El informe de Bachelet también advierte que se desconoce el paradero de varias personas, entre los que se encuentran el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, quien se encuentra detenido desde septiembre de 2018, y Hugo Enrique Marino Salas, detenido desde abril de 2019.

Similar informe liviano sobre Nicaragua

Víctor Hugo Tinoco, exviceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua en la década de 1980 y miembro del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), fue detenido  en Managua en virtud de la misma «Ley 1055» utilizada para arrestar a varios líderes de la oposición antes de las elecciones generales en noviembre. Todos los candidatos opositores están en prisión y el único que correrá esta carrera será el presidente nicaragüense Daniel Ortega.

La detención de Tinoco eleva a 13 el número total —hasta este lunes— de líderes opositores detenidos y acusados de cometer actos que atentan contra la soberanía nacional. Cuatro de los 13 detenidos son potenciales candidatos presidenciales.

Tinoco está acusado de cometer «actos que atentan contra la independencia, soberanía, autodeterminación, incitan a injerencias extranjeras en asuntos internos, solicitar intervenciones militares, organizar financiamiento de potencias extranjeras para realizar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar operaciones económicas, comerciales y financieras [y] bloqueos contra el país”, dijo la Policía Nacional en un comunicado este domingo.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la “brutal escalada de represión y persecución contra líderes sociales y políticos. Es evidente que el régimen de Ortega-Murillo (su esposa es Rosario Murillo y él mismo la nombró).

Ortega  pretende mantenerse en el poder en un cuarto mandato a costa del terror y violando los derechos humanos de los nicaragüenses”.

La demostración de fuerza contra la oposición se produce solo cinco meses antes de que Nicaragua celebre elecciones presidenciales y Daniel Ortega esté buscando un cuarto mandato consecutivo en el poder.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizó este martes las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentó actualizaciones de sus informes anteriores sobre el país.

En su intervención, Bachelet exigió que la dictadura de Daniel Ortega libere a todos los candidatos a presidente encarcelados y les permita participar en las elecciones.

 “Desde mi último informe el pasado 23 de febrero, mi oficina ha observado un preocupante deterioro de derechos humanos, que alejan la posibilidad de que se pueda elegir libremente en las elecciones”, manifestó la diplomática chilena.

“Lamentablemente no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones que hizo mi oficina. La crisis se ha agudizado de manera alarmante”, subrayó.

 “Llamo al gobierno a un cambio urgente, que implica liberar de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restrictiva del espacio democrático. Reitero que es urgente que se autorice el regreso de mi oficina en Nicaragua”, concluyó.

La declaración conjunta prosiguió: «en una declaración firmada por 59 países se dice que “estamos preocupados por el hecho de que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 fijada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por este Consejo en marzo. Nos preocupa profundamente que las leyes recientemente promulgadas restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación”

En su intervención, Bachelet exigió que la dictadura de Daniel Ortega libere a todos los candidatos a presidente encarcelados y les permita participar en las elecciones

Luego recordó que la Policía detuvo a varios miembros de la oposición en las últimas semanas: “Cinco candidatos y otros opositores que están detenidos sin suficiente evidencia probatoria”, indicó.

“Llamo al gobierno a un cambio urgente, que implica liberar de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restrictiva del espacio democrático. Reitero que es urgente que se autorice el regreso de mi oficina en Nicaragua”, concluyó.

59 países firmaron hoy una declaración conjunta en la que se condena la violación de los derechos humanos en Nicaragua e instan a la dictadura encabezada por Daniel Ortega a garantizar elecciones libres y liberar de forma inmediata a los candidatos presidenciales arrestados en los últimos días por el régimen que comanda. México y Argentina -que ayer llamaron a consultas a sus embajadores- no rubricaron el comunicado. El documento será leído una vez que Bachelet lea su informe sobre el país centroamericano.

“Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. Instamos al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”, señala la declaración firmada por las 59 democracias.

Lo que pasa en Chile

  En febrero, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet respondió a una consulta del Abogada Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien investiga denuncias hechas a distintas autoridades por presuntos crímenes de lesa humanidad, durante el estallido social del 18O.

La exmandataria informó que según lo visto y escrito en el informe por el Gabinete que preside, se puede concluir que “había buenas razones para sostener que, al 18 de octubre (2019), hubo un gran número de violaciones graves de derechos humanos, incluido el uso excesivo o innecesario de la fuerza”.

Luego de estas declaraciones de la Alta Comisionada, la respuesta por parte del gobierno no se hizo esperar. Jaime Bellolio, del  Gobierno, respondió que “en un país democrático, no son los gobiernos, que no son otras personas, no son expresidentes, sino los tribunales de justicia quienes determinan si existen o no posibles violaciones de derechos humanos”.

Los dichos de la ex Mandtaria, tanto del Senado como de la Cámara, fueron respaldados. El senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre dijo que “el gobierno ha mostrado desprecio por las instituciones internacionales”.

Hay que recordar que Michelle Bachelet es parte del sistema internacional de derechos humanos, por lo que parte de su misión es entregar recomendaciones y avisos ante la graves y masivas violaciones de los derechos humanos. Hechos que ocurrieron durante el estallido social, razón por la que se le entregaron recomendaciones de los informes sobre derechos humanos, recomendaciones que no fueron atendidas por el Gobierno de Chile, aseguró el parlamentario RD.

Ana Piquer, directora de la ONG Amnistía Internacional Chile expresó que es fundamental realizar las investigaciones penales correspondientes para identificar a los responsables de estos hechos de violencia y violación a los DDHH, y agregó que negar que esto sucedió en el contexto del estallido social o decir que dependen de lo que digan los tribunales es simplemente intentar tapar el sol con un dedo.

En todo esto no se habla en ninguna parte sobre el papel jugado por los manifestantes, mucho de ellos violentos, frente a las polícías. Sólo se observan las violaciones del estado contra los manifestantesa pero no al revés.