Once partidos progresistas brasileños y hasta grupos de derechas presentaron al Congreso otro pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien acusan de 23 delitos que podrían llevarlo a su destitución.
La mayor parte de los cargos formulados están relacionados con la errática gestión de su Gobierno frente a la pandemia de coronavirus que hasta el 28 de junio se habían contabilizado 18,4 millones de casos acumulados de COVID-19 desde el 26 de febrero de 2020. Asimismo, los fallecidos suman ya 513.400.
Además de los once partidos progresistas, el pedido entregado a la Cámara de Diputados es apoyado por movimientos sociales y hasta algunos legisladores.
La situación de crisis política comenzó ya esta semana cuando el Movimiento Brasil Libre (MBL), que en 2016 exigió la destitución de la entonces presidenta Dilma Russeff, comenzó a divulgar algunos aspectos de este proceso que estaría recién comenzando.
Entrtanto el Partido de los Trabajadores (PT de Lula da Silva declaró que “estamos en una escalada para que este Gobierno caiga”, como dijo su presidenta Gleisi Hoffmann.
Tras la entrega del documento también se pronunció la diputada Joice Hasselmann, quien recordó que en 2019, antes de romper con Bolsonaro, fue jefe del grupo oficialista en la Cámara baja.
“Fui líder de ese ogro, de ese monstruo, del peor presidente que ha tenido el país” y “hoy digo que lo tenemos que sacar del poder”, declaró.
Juicio político contra Bolsonaro
El documento reúne el contenido de un centenar de solicitudes ya presentadas para la apertura de un juicio político contra Bolsonaro, a los cuales sólo le podría dar curso el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, un parlamentario de la base oficialista que hasta ahora ha dicho que no ha identificado causas para un proceso.
Sin embargo, el pedido entregado este miércoles acusa a Bolsonaro de “presionar a los otros poderes”, “intentar disolver o impedir el funcionamiento del Congreso”, “amenazas a otras autoridades”, entre las que se citan parlamentarios y jueces del Supremo, o “incitar a los militares a una rebelión”, entre muchos otros cargos.
En el caso específico de la pandemia, se habla de “fraudes” con la compra de vacunas, que están siendo investigados por una comisión del Senado, así como de falta de planes para proteger a los pueblos indígenas o de “violar derechos sociales constitucionales” con su permanente negativa a reconocer la gravedad de la crisis sanitaria.
Bolsonaro ya ha rechazado todas esas acusaciones y afirmado que se trata de “inventos” de la oposición para intentar desalojarlo del poder.
Este mismo miércoles, en medio de críticas a la comisión del Senado sobre la pandemia, tildó de “bandidos” a algunos miembros de ese grupo, afirmó que “Dios” le dio “la misión de conducir al país” y agregó: “No es con mentiras que me van a sacar de aquí”.
