Por Mario Osava
Los escándalos de corrupción, que allanaron el camino de la extrema derecha militarista al poder en Brasil en 2018, amenazan con revertirse ahora en contra sus beneficiarios de entonces y erosionar más aún al gobierno de Jair Bolsonaro.
La renuncia del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, forzada por dos investigaciones policiales que lo involucran en el contrabando de madera, alimenta la impresión de que la política oficial de demolición del sistema de protección ambiental no solo la motiva cuestiones ideológicas, sino en buena medida las ganancias ilegales.
Pero el escándalo más peligroso para el gobierno estalló el martes 22 de junio, la víspera de la renuncia de Salles. Hay “indicios de delito” en la compra de la vacuna Covaxin, de la empresa farmacéutica Bharat Biotech, de India, informó la fiscal Luciana Loureiro, del Ministerio Público Federal en Brasilia.
Un funcionario del Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, encargado de las importaciones de medicamentos, denunció haber sufrido “presiones anormales” para acelerar los trámites para la adquisición de 20 millones de dosis de la por el equivalente a 320 millones de dólares.
Miranda, aconsejado y acompañado por su hermano, el diputado Luis Miranda (primer nombre similar), llevó la denuncia al mismo Bolsonaro el 20 de marzo, con documentos que comprueban, según él, las irregularidades de la operación.
El presidente aseguró a los hermanos que ordenaría una investigación sobre las posibles irregularidades en el negocio a la Policía Federal, dijo el diputado Miranda, del partido Demócratas, aliado de Bolsonaro, en varias entrevistas concedidas a los medios de comunicación el miércoles 23, en que detalló la transacción y exhibió los documentos.
El gobierno reaccionó con furia algunas horas después. El secretario general de la Presidencia, Onix Lorenzoni, acusó públicamente a los hermanos Miranda de “fraude” y “denuncia calumniosa”, ya que habrían mentido y presentado documentos probablemente falsificados. El tema es políticamente explosivo porque, además de involucrar a Bolsonaro incluso por mensajes que él envió al gobierno indio, tiene dos coroneles del Ejército como responsables directos del contrato y las denunciadas “presiones” sobre Miranda.
Por orden del presidente la Policía Federal investigará las acciones de los dos, anunció. El diputado “tendrá que responder no solo a Dios, sino también ante nosotros… tendrá que explicar y pagar por su irresponsabilidad”, amenazó, antes de asegurar que Bolsonaro tiene a “Dios en el corazón”.
Lorenzoni se arriesga con esta y otras acusaciones a terminar en la cárcel por intimidación a testigos de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la pandemia. El escándalo huele a corrupción, ya que el precio fijado en el contrato para la Covaxin es de 15 dólares cada dosis, 11 veces el precio de la vacuna seis meses atrás, según el diario O Estado de São Paulo.
Otras irregularidades podrán aparecer en el testimonio de los hermanos Miranda a la CPI del Senado fijada para el viernes 25 de junio.
Senadores realizan un minuto de silencio y protestan con varios carteles por los más de 500 000 muertos por la covid en Brasil hasta el 22 de junio,
El tema es políticamente explosivo porque, además de involucrar a Bolsonaro incluso por mensajes que él envió al gobierno indio, tiene dos coroneles del Ejército como responsables directos del contrato y las denunciadas “presiones” sobre Miranda.
Y toda la operación se realizó cuando el ministro de Salud era el general Eduardo Pazuello, nombrado por Bolsonaro sin tener calificación para la función, justamente en un período crítico de la pandemia, entre mayo de 2020 y marzo de 2021, en que sustituyó médicos y técnicos especializados por una treintena de oficiales del Ejército.
La sospecha de corrupción ya surgió en relación a otro coronel que, en la superintendencia de ese Ministerio en Río de Janeiro, contrató sin la debida licitación reformas en dos edificios de esa dependencia, unas obras después canceladas. No eran prioritarias durante la pandemia y por lo menos una empresa contratada incurrió en fraudes previamente.
La sustitución de los coroneles por el nuevo ministro de Salud, el médico cardiólogo Marcelo Queiroga, es gradual. Pocos podrán ser apuntados por la CPI como corresponsables de la tragedia pandémica agravada por el negacionismo compartido con Bolsonaro, el mismo un excapitán del Ejército que ocupa la presidencia de Brasil desde enero de 2019.
Tragedia ambiental
El aumento de la deforestación y de los incendios forestales es otra tragedia de los 30 meses del gobierno de Bolsonaro que tampoco tendrá fin con la caída del ministro Salles.
Su sucesor, Joaquim Pereira Leite, era ya secretario de la Amazonia y Servicios Ambientales del ministerio y como Salles su vínculo es con los grandes agricultores que componen, en Brasil, la mayor fuerza antiambientalista.
Por 23 años fue uno de los directores o consejeros de la Sociedad Rural Brasileña, centenaria organización de los grandes terratenientes del país.
(*) Periodista de IPS mentales.
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