En una arriesgada jugada política, el gobierno español indultó este martes a los nueve dirigentes independentistas condenados por el intento fallido de secesión de 2017, un gesto político que debe relajar la tensión en Cataluña sin zanjar una crisis muy enquistada, como han comentado algunos analistas.

“Los indultos ayudan a destensar el clima entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno central, permiten una mesa de negociación más fluida, pero difícilmente con eso vamos a poder llegar a un acuerdo entre las partes. Queda muy lejos aún”, afirmó a la agencia francesa AFP Lluis Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.

Todavía no se han cumplido cuatro años del frenético otoño catalán de 2017, cuando a un referéndum ilegal de autodeterminación, marcado por la violencia policial, le siguieron unos días caóticos que acabaron con una fallida declaración unilateral de independencia, sus líderes camino de prisión y el presidente regional, Carles Puigdemont, huido a Bélgica. Y las heridas aún son profundas.

Los indultos concedidos este martes “son un elemento más simbólico”, valora Cristina Monge, politóloga de la Universidad de Zaragoza. “Es una manera de sentarse en la mesa de diálogo con una prueba de buena voluntad, y además resituar el conflicto en el ámbito político”, añade.

Las negociaciones deben retomarse próximamente tras la reunión prevista este mes entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el nuevo jefe del ejecutivo catalán, Pere Aragonès.

Uno de los grandes interrogantes es hasta dónde puede llegar la acción de esa mesa de diálogo, que apenas celebró una reunión antes de la pandemia, cuando todavía presidía el gobierno regional el independentista radical Quim Torra, delfín de Puigdemont e inhabilitado después por desobediencia.

Aunque, a pesar del perfil más moderado de Aragonès -del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC)-, no se espera que el independentismo renuncie a sus dos grandes reclamos: una amnistía para todos los condenados y perseguidos por la escalada de 2017, que supondría borrar sus delitos, y la celebración de un referéndum de autodeterminación, esta vez pactado con el Estado.

Ambas opciones son rechazadas de pleno por el gobierno español, que estaría abierto a una votación en Cataluña sobre un eventual acuerdo de las partes, pero solo para decidir mayor autonomía de la región, que ya disfruta de amplias competencias en sanidad, educación y seguridad.

En todo caso en el problema divisionista catalán, con los indultos,  se abre ahora una nueva etapa en una sociedad cansada y más centrada ahora en recuperarse de la pandemia.

Efectivamente, Aragonès volvió a pedir amnistía y referéndum el viernes a las puertas de la ‘Casa de la República’ de Waterloo, el cuartel político de Puigdemont en Bélgica, con quien coincidió en que los indultos no son la solución al “conflicto político”.

Pero tanto Aragonès como Oriol Junqueras -líder de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya)  y condenado hasta ahora a 13 años de cárcel-, ya expresaron la renuncia a la vía unilateral de su partido, con un perfil más negociador y aliado de los socialistas de Sánchez en el Congreso español.

Más complicada es la situación de Puigdemont, cuya formación se resiste a bajar el tono. El expresidente regional no ha sido juzgado en España y solo podría regresar con garantías en caso de una amnistía, por ahora descartada.

Pese a ser eurodiputado, el gobierno español reiteró recientemente su intención de detenerlo y que sea juzgado si decide volver a ESpaña desde Bélgica.

“Estos indultos no afectan absolutamente para nada a Puigdemont (foto derecha), otra cosa es que pueda considerar discutible su propia posición teniendo en cuenta que los que se quedaron aquí estarán en libertad y, en cambio, los que se fueron al extranjero van a permanecer en una situación muy delicada”, observó Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.

Las cinco razones para un indulto de

Primera. Conviene comenzar a  recordar en primer lugar que la  facultad de indultar es una competencia que la Constitución atribuye al Gobierno. El ejercicio del «derecho de gracia» es una manifestación más, expresamente reconocida, de la potestad general de «dirección de la política» que aquella encomienda al Ejecutivo.

Segunda. El indulto se presenta como el principio del fin de una situación de confrontación que el Gobierno actual hereda de la etapa anterior. En ella, quien entonces era el líder de la oposición mostró con quien ostentaba el Ejecutivo una lealtad indiscutible en los momentos más difíciles. Junto a la legitimidad constitucional concurre, por tanto, una singular legitimidad política de quien toma ahora esta iniciativa. Tal vez no se destaque lo suficiente.

Tercera. Algunos de los que se oponen al indulto estiman que su exclusión sería un signo de fortaleza de nuestra democracia, del Estado de derecho. En mi opinión, es al revés: como nuestra democracia es fuerte puede ser generosa. El indulto llega una vez que los órganos del Poder Judicial han cumplido con su deber de interpretar y aplicar la ley, se discrepe o no de su resultado. La misma democracia constitucional que prescribe y regula esa potestad abre ahora, en favor del Gobierno, un espacio posible de valoración de las consecuencias políticas que una sentencia como la del procés comporta. Solo a él le corresponde esto último, y lo hace desde una posición de fortaleza institucional. No hay debilidad en el indulto, es expresión de la superioridad moral de la democracia.

Cuarta. Es obvio que este indulto trasciende a las personas a las que se puede dirigir y beneficiar. El juicio sobre su idoneidad no puede limitarse a la incidencia en ellas. Se trata de una iniciativa de alcance político general cuya principal o primera destinataria es la sociedad catalana en su conjunto. Hay alivio en el perdón. Por ello, cabe esperar que contribuya a mejorar la convivencia, a reducir la fractura, en beneficio de todos: me atrevo a decir que también de los que, desde una u otra óptica, discrepan hoy de la medida.

Quinta. El acercamiento, la aproximación, el diálogo… son el único camino para el reencuentro. El designio de la democracia, y de la Constitución del 78 en particular, desde su misma génesis, es perseguir la integración a través del diálogo. Y lo que más se aleja de ella es complacerse en la confrontación o permanecer impasible ante sus efectos. El diálogo presupone tanto la discrepancia como el respeto a la misma y la voluntad de encauzarla. La confrontación, una confrontación permanente como la que ha caracterizado los últimos tiempos, conduce a la negación del otro cuando no al rechazo o incluso al odio. Conjurar este riesgo, el de que se envenene la convivencia entre nosotros durante lustros, nos compromete a todos. El indulto es el principio del camino, o puede serlo, y esto solo ya, en mi opinión, lo justifica.

«En definitiva, dice José Luis Rodríguez Zapatero, la iniciativa del Gobierno me parece constitucionalmente legítima, justa, animada por la mejor intención y oportuna, inteligente. La política es precisamente, eso, iniciativa, solo con ella se puede aspirar a cambiar las cosas».

Aprobación del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprobó  finalmente este martes el indulto a los políticos condenados por el procés secesionista catalán, según ya había anunciado antes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha defendido la necesidad de apostar por la concordia para avanzar y recuperar la prosperidad de la región.

Los indultos perdonan tanto las penas pendientes de prisión por los delitos de malversación como la sedición de los nueve políticos que siguen encarcelados, si bien se mantiene prohibición de que ejerzan como cargos públicos al no afectar a su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo. El perdón está condicionado a que no reincidan en los hechos condenados durante plazos que van de tres a seis años.

En concreto, impone un período de seis años al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull. Ese período será de de cinco años para los líderes de la sociedad civil Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Para el exconseller Raul Romeva y la expresidenta del Parlament Carme Forcadel el período es de cuatro años; y para Dolors Bassa es de tres años, recoge Servimedia, que anticipa que los presos saldrán mañana de prisión una vez publicados los indultos en el BOE.

Sánchez ha defendido que la medida responde a «razones de utilidad pública», puesto que «la sociedad española quiere una Cataluña europea, próspera, plural, solidaria y con un alto grado de autogobierno», lo que exige abogar por «el entendimiento y nunca por el enfrentamiento».

«El Gobierno ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia y convivencia de la Constitución Española”.

“Cataluña sin España ni sería europea, ni sería próspera, ni sería plural. España sin Cataluña simplemente no sería España, como Cataluña sin el resto de España no sería Cataluña”, dijo Sánchez asegurando que “hay camino” para reconducir la situación de descontento de buena parte de la sociedad catalana.