En Perú se estarían dando situaciones políticas y militares extrañas y complejas que afectarían al candidato supuestamente ganador de la elección presidencial del 6 de junio último  Pedro Castillo (izquierda) frente a la derechista popular Keiko Fujimori que harían muy pedregoso el camino del candidato electo para llegar a asumir el poder en Perú.

En primer lugar Fujimori ha decidido recurrir al tribunal supremo para conseguir la anulación de las elecciones que ella perdió por una diferencia mínima de votos. Así el abogado Javier Villa Stein emitió una acción de amparo al máximo órgano de justicia con el objetivo de anular los comicios del domingo 6 de junio y convocar a una nueva fecha electoral.

Pero esto es todo. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas recibió una carta de ex altos mandos militares (Ejército, Marina y Fuerza Aérea, además de oficiales de menor graduación,   promoviendo la ruptura del orden constitucional tras un supuesto fraude.

El presidente Francisco Sagasti, consideró que dicha misiva de los exmilitares “es una actuación inaceptable por la ciudadanía y las Fuerzas Armadas de la Nación” tras realizarse el proceso de Elecciones Generales 2021.

“Lo que es inaceptable es que un grupo retirado de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, para que quebranten el estado de derecho. Como presidente constitucional de La República rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática sino también son actos reñidos con la Constitución y las leyes”, manifestó el jefe de Estado.

En efecto, la misiva solicita a las instituciones del orden no reconocer una eventual proclamación de Pedro Castillo como nuevo mandatario.

Asimismo, acusan una presunta conspiración por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pasar por alto las denuncias de irregularidades en la segunda vuelta promovidas por  Fuerza Popular, partido que insiste en no reconocer los resultados.

“He solicitado a la ministra de Defensa (Nuria Esparch) coordinar el envío de estas cartas al Ministerio Público para que en el marco de sus competencias y funciones realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional y establezca las respectivas responsabilidades”, señaló Sagasti.

Uno de los aspectos más cuestionables de esta misiva es que los suscritos reclaman la intervención “de los altos mandos militares” para que intervengan e impidan “que la máxima autoridad del país sea designada de manera ilegal e ilegítima como consecuencia de un delito (el supuesto fraude)”.

“Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú garantizo la neutralidad y exijo que se la respete. Exhorto a la ciudadanía a mantener la calma y la serenidad en los difíciles momentos que estamos viviendo a pocos días de conmemorarse el bicentenario de nuestra independencia”, finalizó el presidente.

El supuesto fraude

En medio de la revisión de apelación de actas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el abogado y ex presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein presentó una demanda de acción de amparo al Poder Judicial con la finalidad de declarar la nulidad de las elecciones de segunda vuelta del último domingo 6 de junio. al calificar de “cuestionada” la mencionada votación.

Según Villa Stein,  los comicios llevados a cabo hace 12 días fueron parte de “un proceso electoral viciado por diversos actos que menoscaban la voluntad popular, erosionan la confianza del público en las instituciones y restar credibilidad a la jornada electoral”.

En esa misma línea, el letrado consideró que la elección llevó a “una grave crisis política que debilita nuestras instituciones y polariza a los peruanos hasta el punto de poner en duda la continuidad del Estado de derecho y el mantenimiento de la convivencia pacífico en nuestro país”.

Esto, a pesar de que el mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no adjudicó ni confirmó ningún indicio irregular del proceso, por lo que continúa con la revisión de recursos de nulidad presentados por los personeros de Fuerza Popular, partido que persiste en anular los votos de las mesas de sufragio donde su contrincante Pedro Castillo, de Perú Libre, los derrotó notoriamente.

Sin embargo, para Villa Stein, fueron los mismos JNE y ONPE “los responsables de la vulneración de derecho fundamental objeto de la controversia”. Apuntó que es ese el motivo por el que demanda también a estas entidades constitucionales pese a que el mismo presidente del JNE, Jorge Luisa Salas Arenas, aseguró la autonomía del proceso.

Entre los argumentos presentados sostuvo una serie de irregularidades como la cantidad de integrantes del Pleno del JNE, ya que —de acuerdo al letrado— este número contribuye a “desmantelar, más allá de lo reparable, la credibilidad democrática de la elección”.

Del mismo modo, persistió en las mismas denuncias sobre supuestas firmas falsas de personeros y presidentes de mesa en los colegios sin considerar que ya varios ciudadanos salieron a desmentir dicha versión al mostrar su certificado y negar lo afirmado por el fujimorismo.

Finalmente, el jurista pidió al Poder Judicial proclamar fundada su demanda “y, como consecuencia de ella, declarar nula la elección” para elegir al nuevo presidente y vicepresidentes para el periodo 2021-2026.

La estrategia legal de la derechista Keiko Fujimori para evitar su derrota en las elecciones presidenciales de Perú por un supuesto “fraude sistemático” no encuentra de momento asidero en los jurados electorales, que hasta la fecha han rechazado todos sus reclamos en este sentido.

A falta de pocas decenas de recursos por revisar en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE), el rechazo a la batería de pedidos presentados por el partido fujimorista Fuerza Popular para anular unos 200.000 votos en zonas rurales y andinas donde el virtual presidente electo Pedro Castillo ganó de manera aplastante es generalizado.

La gran mayoría de las más de 800 solicitudes presentadas para anular mesas de sufragio han sido rechazadas por haber sido presentadas fuera del plazo correspondiente o por no haber pagado la tasa correspondiente para el trámite.

No obstante, Fuerza Popular está apelando esas denegatorias bajo el argumento de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral el Perú, extendió de manera extraordinaria el plazo para la presentación de estos recursos, algo que el propio ente electoral ha aclarado no fue así.

Pese a que en un primer momento el pleno del JNE había acordado una prórroga, esta nunca entró en vigor porque los mismos magistrados dieron marcha atrás y se retractaron al darse cuenta de que era una decisión inconstitucional, en base a una sentencia ya dictada por el Tribunal Constitucional.