La justicia rusa ha dado este miércoles el que parece ser el “golpe definitivo” contra las organizaciones vinculadas al líder opositor Alexéi Navalni. Un juez de Moscú declaró de “extremistas” a su Fundación Anticorrupción (FBK) y al movimiento político vinculado al disidente, quien cumple pena de cárcel por otro caso.

La declaración o resolución judicial rusa, que debe aplicarse en forma inmediata, no solo prohíbe estas entidades y fulmina las esperanzas de sus miembros de participar como candidatos independientes en las próximas elecciones parlamentarias de septiembre, también, y acompañada de un nuevo marco legal más represor aprobado en los últimos meses y diseñado casi a medida, abre la vía para una mucho más dura persecución judicial contra los aliados de Navalni, los empleados de sus organizaciones, sus simpatizantes activos y hasta sus donantes. Pueden enfrentarse ahora a penas de más de una década en prisión y cuantiosas multas. El abogado principal del caso, Ivan Pavlov, ha anunciado que recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, informó el diario El País.

Navalni, el crítico más potente contra el Kremlin, y sus aliados denuncian que el proceso que liquida sus organizaciones tiene como objetivo silenciarlos y borrarles del mapa político ruso.

Pese a eso, ha recalcado el opositor este miércoles, en una publicación en Instagram enviada a través de su equipo desde prisión, su lucha por otra Rusia seguirá ahí, activa. “No somos un nombre, ni un trozo de papel, ni una oficina. Somos un grupo de personas que unimos y organizamos a los ciudadanos de Rusia que están en contra de la corrupción, por lograr unos tribunales justos e igualdad de todos ante la ley. Hay millones de ellos”, dijo el disidente, “y no iremos a ninguna parte”.

Con Navalni entre rejas, condenado a dos años y ocho meses por vulnerar los términos de la libertad condicional de un caso antiguo –y polémico— mientras estaba en Alemania recuperándose del gravísimo envenenamiento que sufrió el pasado verano en Siberia y tras el que Occidente ve la mano del Kremlin, las autoridades rusas se han afanado por erradicar a sus aliados, perseguir y disuadir a sus partidarios y fulminar a cualquier voz disidente y opositora –política, social o mediática— antes de las cruciales elecciones legislativas de septiembre.

La decisión de este miércoles de declarar “extremistas” a estas organizaciones, y que ha llegado tras más de 12 horas de proceso que se ha prolongado hasta bien entrada la noche, implica su total ilegalidad. Aunque en previsión, y ante el temor a nuevos procesos —y después de que la Fiscalía suspendiera de forma cautelar sus operaciones—, los aliados de Navalni decidieron a finales de abril cerrar la fundación (creada en 2011), que ya había sido declarada “agente extranjero” el año pasado —otra traba legal y económica para operar—.

La resolución judicial, se hizo el proceso con pruebas declaradas secretas a puerta cerrada (y custodiada por ocho policías) y en el que los jueces no han permitido el testimonio de Navalni por videoconferencia desde prisión.

En enero de este año fue también detenida su esposa después que ella lo acompañó y apoyó en Berlín, donde el político fue salvado de la muerte en un hospital tras sufrir un atentado del gobierno ruso en Siberia (foto derecha).