Un fiscal peruano, del Equipo Especial Lava Jato, pidió 30 años de prisión para la candidata presidencial Keiko Fujimori y otras 40 personas, entre ellas su esposo el alemán Mark Vito, acusadas de lavado de activos procedentes, entre otros, de la constructora brasileña Odebrecht, para financiar campañas políticas del partido fujimorista Fuerza Popular.
«Pedimos 30 años por los delitos de delincuencia organizada, lavado de activos, obstrucción a la Justicia, fraude en procedimientos administrativos y falso testimonio”, anunció el fiscal peruano, añadiendo que también reclaman el impedimento de salida del país «y otras restricciones» para la política y empresaria peruana por crímenes relacionados con presunto lavado de dinero de la constructora brasileña Odebrecht, demandó el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez (foto izquierda).
El documento de la investigación con más de 15.000 páginas fue presentado este jueves ante el juez Víctor Zúñiga Urday (foto derecha), encargado de realizar el control de la acusación y decidir si se inicia un juicio oral contra Keiko Fujimori, proceso que podría durar meses. El fiscal Pérez indicó que espera que «sea lo más pronto posible», pero que es competencia del Poder Judicial.
Las pesquisas se iniciaron a finales de 2018 y es ahora cuando los fiscales piden la acusación de la candidata a la Presidencia de Perú, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (actualmente en la cárcel), acusada también de ocultar donaciones ilícitas durante la campaña electoral de su partido, Fuerza Popular, en 2011.
El fiscal encargado del caso pide la disolución del partido Fuerza Popular, financiado supuestamente con dinero irregular. Según las indagaciones, la hija del expresidente lleva tiempo siendo investigada por haber recibido, supuestamente, 1,2 millones de dólares de Odebrecht en su primera candidatura a la presidencia en 2011.
Además, el partido conservador también habría recibido aportes millonarios del mayor grupo financiero Credicorp, por valor de más de 3 millones de dólares, sin que los líderes del partido declararan estos ingresos ante las autoridades competentes.
Su abogada, Giulliana Loza, rechazó los cargos y acusó a los fiscales de “politizar un proceso judicial”, en sintonía con las declaraciones de Fujimori tras darse a conocer la polémica acusación.
Keiko Fujimori, que está al final de su tercera campaña para llegar a la Presidencia respondió a la acusación a través de un video en Twitter en el que asegura que el fiscal Pérez «quiere ser un actor político de estas elecciones» y que no se va a quedar callada: «no le voy aceptar silenciarme en pleno proceso electoral».
La candidata presidencial, de 45 años, salió de la cárcel en noviembre de 2019, después de 13 meses en prisión preventiva por el mismo caso por el que el Ministerio Público peruano le pide ahora 30 años de cárcel. Durante su detención, varios empresarios y antiguos colaboradores confesaron las maniobras ilícitas del partido para ocultar los pagos, algo que pone contra las cuerdas y dificulta aún más la defensa de Fujimori.
La corrupción no es un patrimonio exclusivo de los Políticos Chilenos, vemos como una candidata a la Presidencia del Perú, enfrenta cargos que la pueden llevar a acompañar a su padre que se encuentra en prisión. Felizmente en el Perú pasa los mismo que en nuestro país, tanto los peruanos como los chilenos estamos totalmente decepcionados de los Partidos Políticos, cuya corrupción sin fronteras tienen un denominador común: nunca mas un político será elegido en Chile y en Perú, en ambos países empieza una nueva era la ERA DE LOS INDEPENDIENTES y el que sea sorprendido robando, pierde la pega y la libertad, se va preso única forma de parar la corrupción, se termina con los delincuentes de cuello y corbata.