La opositora nicaragüense Cristiana María Chamorro, contra quien se dictó una orden de detención por un caso de presunto lavado de dinero, fue inhabilitada este miércoles para participar en las elecciones presidenciales de noviembre, en las que el mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección después de 14 años en el poder.

Un tribunal de Managua pidió este miércoles el «allanamiento y detención en contra de Cristiana Chamorro, acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense». La orden incluye que la opositora sea presentada en una audiencia ante un tribunal.

Horas después, el Poder Judicial emitió un comunicado en el que asegura que el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias de la Circunscripción de Managua resolvió inhabilitarla de su candidatura en las elecciones, también por solicitud de la Fiscalía.

«Se inhabilita la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios para ejercer cargos institucionales y públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un Proceso Penal Investigativo», señala  el comunicado.

La asistente de la precandidata presidencial, Arelia Barba, informó a la agencia AFP que los agentes de la policía de Nicaragua entraron este miércoles por la tarde con violencia a la vivienda de Chamorro, ubicada en el sureste de la capital, minutos antes de que iniciara una conferencia de prensa virtual para referirse a los cargos en su contra.

Ortega, el amigo de Nicolas Maduro de Venezuela, a quien le sigue sus pasos dictatoriales.

El periodista local Wilfredo Miranda reporta que la prensa fue alejada de las inmediaciones de la vivienda por efectivos antimotines.

La Fiscalía empezó a investigar a Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), el 20 de mayo pasado, luego de que el Ministerio de Gobernación la señaló sorpresivamente por supuestas irregularidades en el manejo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro(FVBCH), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y a la capacitación de periodistas en ese país.

Chamorro es una familia de periodistas muy cotizada y de mucho prestigio en el periodismo de América Latina, especialmente en América Central.

La “inhabilitada” candidata presidencial no milita en ningún partido, tiene 21% de apoyo ciudadano entre los opositores, y el segundo mayor después de Ortega (30%), según un sondeo de la firma Cid Gallup divulgado la semana pasada en medios nicaragüenses.

Después de 10 días de indagaciones, el Ministerio Público interpuso la acusación este martes contra Chamorro, de 67 años.

Según la revista local El Confidencial, la Fiscalía también pidió la retención migratoria para la periodista de Noticiero Univision de México María Lilly Delgado y dos extrabajadores de la Fundación. Además les prohíbe ser parte de «determinadas reuniones y lugares» así como comunicarse con personas que estén relacionadas con la investigación «para evitar que evadan el proceso».

Chamorro ha rechazado esas acusaciones: «Yo soy inocente hasta que me demuestren lo contrario. Aquí no me han podido demostrar ningún cargo, por tanto podemos acceder a cargos de elección», dijo a periodistas. Los cargos son una farsa y solo tienen el objetivo de impedir que ella sea candidata a la Presidencia.

En Nicaragua, la ley impide postular a cargos públicos a aquellas personas que tengan un proceso penal abierto.

Declaración de la OEA

Horas después, a través de un comunicado, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó el proceso de inhabilitación de la candidatura.

“Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles, y este nuevo atentado a la democracia verificado ayer imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como ésta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral”, expresa el comunicado.

Actual Presidente Daniel Ortega

Señaló que este proceso de violaciones sistemáticas y reiteradas al Estado de Derecho y de las libertades fundamentales deslegitiman el proceso electoral aún antes de la ocurrencia.

“La Secretaría General de la OEA llama una vez más a la inmediata liberación de los presos políticos, a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores, a la restitución de las libertades civiles y políticas, y a reconducir al país hacia la democracia a través de elecciones libres, plurales, justas, transparentes y con observación internacional en noviembre de este año”, dice el documento.

El actual presidente Daniel Ortega ya en 1979 era líder de la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, luego del triunfo de la revolución sandinista que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.