En el medio de la tensa situación política mexicana y en una campaña electoral que ya deja 88 muertos, el semanario británico “The Economist” escribió esta semana que el  presidente mexicano Manuel López Obrador está dividiendo a los mexicanos en dos grupos: ‘el pueblo’, con lo que se refiere a quienes lo apoyan, y ‘la élite’. Y a menudo el mandatario se refiere a la élite acusándola de delincuentes y traidores y a la que además culpa de todos los problemas de México”.

Esta critica fue rechazada con énfasis este viernes por el mandatario mexicano.

El medio británico también cuestiona la autenticidad de la defensa de la democracia que el presidente asegura representar, pues cuando se plantean objeciones a sus proyectos estrella, convoca a consultas populares.

“Elige un pequeño electorado que sabe que se pondrá de su lado. Cuando lo hace, declara que la gente ha hablado. Incluso ha pedido un referéndum nacional sobre si enjuiciar a cinco de los seis expresidentes de México por corrupción”, comenta el semanario londinense.

The Economist, que aborda semana a semana en lengua inglesa la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía mundial, destaca también esta semana la incertidumbre que se vive en el país norteamericano dentro del sector empresarial por las políticas del mandatario, así como la intención ya expresa de López Obrador de reformar o incluso eliminar los organismos autónomos del país, incluyendo el Instituto Nacional Electoral, que no ha dejado de ser blanco de sus críticas.

“Los próximos tres años (refiriéndose a lo que queda de su sexenio) determinarán la profundidad y duración del daño que (el presidente) hace a México y a su democracia. Él como presidente, tiene vetado buscar la reelección de ciertos cargos del Estado, pero «ilegalmente lo ha hecho» al extender el mandato de un juez, agrega The Economist refiriéndose al caso  de Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea​​, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea​​,

El Partido de López Obrador Morena tardó menos de una semana en aprobar una de las medidas más polémicas del sexenio. Haciendo valer su mayoría en ambas cámaras, el partido en el Gobierno hizo aprobar en el Senado el dictamen presidencial de extensión del mandato de Zaldívar por  262 votos a favor, 182 en contra y siete abstenciones.

Desde el comienzo, el caso Zaldívar ha provocado numerosas críticas porque la Constitución prohíbe expresamente la extensión de este  mandato, porque pone en entredicho la independencia del Poder Judicial, uno de los objetivos favoritos de Andrés Manuel López, según algunos analistas. La cruzada de Obrador, agregan, es en contra de las instituciones las que considera «parte de una especie de antiguo régimen», y porque eleva la estrategia polarizadora del Gobierno en plena campaña electoral.

La ampliación del mandato de Zaldívar, un magistrado progresista alineado con la agenda de Morena, supone una escalada inédita en la guerra soterrada contra el Poder Judicial. Desde la llegada al poder de López Obrador en 2018, se instaló el temor, casi la obsesión, de evitar lo sucedido en Brasil con el presidente Lula da Silva, considerado por la cúpula de Morena como un “golpe de Estado judicial” que le impidio ser reelegido Presidente. El entorno más próximo al presidente inició desde entonces una campaña para llevar a cabo una limpieza a fondo que permita, con el paso del tiempo, contar con un poder judicial más favorable, que eventualmente no pueda poner freno a sus reformas. Un proceso lleno de intromisiones que ha bordeado desde el inicio los límites legales y que ha incluido ajustes de cuentas personales y políticas.

La Constitución establece que el plazo máximo para el presidente de la Corte es de cuatro años, sin posibilidad de reelección para el mandato inmediatamente posterior. El plazo de Zaldívar vence el año que viene, pero la nueva medida lo dejará al frente del tribunal hasta 2024, el mismo año en que termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Juristas y organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o Amnistía Internacional han alertado del atropello jurídico y de los riesgos para la independencia judicial.

Según los críticos y analistas, la  polémica en torno a Zaldívar se enmarca en un frente más amplio: el control del Consejo de la Judicatura y la aprobación de una serie de reformas prioritarias para el Gobierno y que implicarían incluso una reforma de la propia Constitución. Desde la ley de la industria eléctrica hoy suspendida, ley de hidrocarburos o la reforma constitucional del Poder Judicial, liderada por el propio presidente del Tribunal Supremo con el apoyo de la mayoría morenista en el parlamento y que ha encontrado resistencias dentro de la propia judicatura.

Zaldívar, el primer presidente del tribunal desde 1994 que no pertenece a la carrera judicial, sino al mundo de la abogacía, fue elegido por el resto de magistrados días después de que Andrés Manuel López Obrador iniciara su mandato en 2018 prometiendo el fin de los excesos y la corrupción en la política.

Las trayectorias paralelas del magistrado del alto tribunal y el presidente se han cruzado en más de una ocasión. En octubre de 2019, ante la suspensión decretada por un juez de las obras del aeropuerto de Santa Lucía, el Consejo de la Judicatura, que concentra todos los amparos ante un solo juzgado, desbloqueó una de las mayores obras de infraestructura del sexenio. En octubre de 2020, la Corte dio también vía libre a la polémica consulta popular lanzada por el Gobierno para que los ciudadanos decideran si se debe juzgar a cinco expresidentes.

Unas decisiones que han sido interpretadas por la oposición como una prueba de sintonía política. Durante la polémica, también han sido subrayados los vínculos de Zaldívar con pesos pesados del Gobierno. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Interior), fue una aliada en los años que coincidieron como ministros en la Corte. En la terna de candidatos a la presidencia del tribunal, Zaldívar fue además el candidato favorito del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. La mano derecha del presidente en asuntos jurídicos ha sido de los pocos en el Gobierno que han salido a defender la legalidad de la medida confirmada este jueves por el Congreso, recordando que hay dos precedentes en los que el Parlamento extendió el mandato de jueces y magistrados.