La Justicia de San Isidro prohibió la salida del país de los siete profesionales de la salud que la próxima semana deben ser indagados por la muerte del jugador histórico en el fútbol argentino Diego Armando Maradona y enfrentar una imputación por “homicidio simple con dolo eventual”, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, e involucra a los siete acusados que son el neurocirujano Leopoldo Luque (39), la psiquiatra Agustina Cosachov (35), el psicólogo Carlos Ángel «Charly» Díaz (29), el enfermero Ricardo Omar Almirón (38), la enfermera Dahiana Gisela Madrid (36), el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40) y la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52).
De esta forma, el juez avaló el pedido que la semana pasada, al citar a indagatoria a los acusados, formularon los tres fiscales de San Isidro que llevan adelante la investigación, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra.
Una de las claves de la nueva imputación fueron las conclusiones a las que arribó la junta médica de peritos que durante dos meses analizó las circunstancias de la muerte de Maradona. Allí, 17 de los 22 peritos concluyeron que Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir a los 60 años el último 25 de noviembre.
Además, consideraron que «el Diez» «no estaba en pleno uso de sus facultades mentales», que el operativo montado en la casa de del barrio San Andrés de Tigre no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido «más chances de sobrevida» si hubiera estado en una clínica.
La junta médica calificó al equipo médico como «deficiente», «temerario» e «indiferente» ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron «a la suerte»
